Red de usura y extorsión en Curuzú: se libraron 90 órdenes de detención y son 60 los apresados
Están acusados de asociación ilícita y lavado de activos. La mayoría son colombianos. Un abogado defensor dice que se trata de una “persecución”.
De las 90 órdenes de detención que se dispusieron, 60 ya fueron efectivizadas en el marco de una investigación por supuesta usura. Anteayer, se realizaron de manera simultánea 50 allanamientos en la provincia de Corrientes y también en otras ciudades del país.
La causa fue originada en Curuzú Cuatiá y está a cargo del juez de Instrucción, Martín Vega, y la fiscal María Alejandra Talamona. Las diligencias judiciales fueron cumplidas por agentes de la Policía Federal.
La maniobra está encuadrada como “asociación ilícita y lavado de activos”.
El abogado Gustavo Briend, que representa a 15 colombianos, sostuvo que “se trata de una persecución” y remarcó que “todos tienen su documentación en regla para permanecer en Argentina”. Indicó que “la mayoría se dedica a la fabricación de muebles” y si bien “algunos prestan dinero, lo hacen de mutuo acuerdo con el solicitante”.
No se informó oficialmente dónde alojarán a todos los detenidos. En las próximas horas cumplirán con una rutina judicial. Serán identificados formalmente y le harán conocer los cargos.
Además, le preguntarán si quieren declarar en el sumario policial, testimonio que luego deberán ratificar en sede judicial o realizarlo directamente en esta instancia.
En Bahía Blanca
La reunión de información llevó a los investigadores hasta Bahía Blanca, donde se realizaron al menos 5 allanamientos. Requisaron viviendas situadas en Brickman al 1600, Catamarca al 1300 y Venezuela al 1000 y en otros dos que no trascendieron los domicilios. Uno de los detenidos formaría parte de la cúpula de la organización, dijeron fuentes allegadas a la investigación.
Bahía Blanca tiene un antecedente cercano en este tipo de delitos junto a Mar del Plata, donde en los últimos meses de 2018 se realizaron procedimientos similares. En Bahía Blanca, allanaron una finca situada en Terrada al 2300, donde arrestaron a un hombre.
Los voceros señalaron que en ese sitio incautaron siete teléfonos, tres notebooks, una máquina de contar billetes, una computadora, 545.326 pesos colombianos y documentación.
Bullrich dará detalles
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tiene previsto hoy, en conferencia de prensa, brindar algunos detalles de los operativos que desmantelaron una organización dedicada a la usura, en la sede del Ministerio de Seguridad. La funcionaría estaría acompañada del jefe de la Policía Federal.
El riesgo de obtener un dinero con “gota a gota”
Los denominados préstamos “por goteo” o “gota a gota” constituyen una modalidad de usura que pone en riesgo no solo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también la integridad física y hasta la propia vida en caso de incumplimiento.
Tras la detección de un importante número de hechos en diversas jurisdicciones del país, en su mayor parte vinculados a una organización delictiva integrada por extranjeros, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) brinda información tendiente a la identificación temprana de este tipo de delitos y los canales para efectuar la correspondiente denuncia.
Entrega exprés: el potencial cliente recibe el dinero sin necesidad de presentar avales o garantías, prácticamente a sola firma. Sin mayores precauciones ni trámites, el capital otorgado –que puede oscilar entre $ 2.000 y $ 60.000– se entrega rápidamente, lo que actúa como un incentivo para la persona que tiene necesidad de acceder a esa suma de dinero.
Fuera de toda regulación: quienes otorgan este tipo de préstamos actúan al margen de la legalidad, fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina –único organismo encargado de autorizar la intermediación financiera– o cualquier regulación estatal. De este modo, no existen límites a la imposición de condiciones, todo ello en perjuicio del acreedor.
Fachada: la totalidad de los casos registrados en el ámbito local tiene como denominador común el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por parte de vendedores ambulantes de muebles –en algunos casos la práctica incluye la entrega de estos en cuotas–, actividad que actúa como fachada para el ingreso de la víctima.
Tasas abusivas: la cancelación del préstamo se realiza a través de cuotas periódicas –pueden ser diarias, semanales o mensuales– por una tasa excesiva que, en algunos casos, quintuplica a la oficial. El cobro lo realiza en forma personal el prestamista o un emisario de este.
Publicidad: los préstamos por “goteo” son ofrecidos por personas o firmas sin más estructura que una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Utilizan como canal de publicidad las redes sociales y, en muchos casos, personas que integran la red se hacen pasar como clientes “satisfechos” con el servicio financiero recibido.
Violencia: la persona que accede a este tipo de préstamos queda “atrapada” en medio de un circuito usurero y, ante el incumplimiento, la organización despliega una metodología de cobro no exenta de violencia, que incluye hostigamientos, amenazas y hasta el uso de violencia física.
Extorsión: ante la imposibilidad de cancelar el préstamo, la organización activa un mecanismo de coacción, es decir, el deudor debe “conseguir” el ingreso de un nuevo cliente para poner fin a la cadena de hostigamiento de la que es víctima.
Denuncia: la Procelac es un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación especializado en criminalidad económica organizada propia del ámbito federal, conforme la Ley 27148 y la resolución PGN 914/12.
La Procelac sugiere a aquellas personas que consideren que han sido víctimas de este tipo de delitos o tengan conocimientos de su realización a terceros que, si así lo desean, pueden formular su denuncia en la sede de la fiscalía federal de la respectiva jurisdicción provincial o bien ante la policía o fuerzas federales.
Gustavo Briend: “Un delito que es difícil acreditar”
El estudio jurídico del abogado Gustavo Briend, en la ciudad de Corrientes, asumió la defensa de 15 acusados. Todos son colombianos.
“La comunidad colombiana está preocupada por esta situación. Los 60 detenidos son oriundos de ese país, por lo que llama la atención y consideran que es una persecución por ser colombianos. La mayoría tiene documentación migratoria en regla”, dijo el profesional.
En declaraciones a Radio Dos, contó que “hay gente que llegó al país y está de paso. Vino para visitar parientes o amigos y quedaron envueltos en esta causa judicial. Hasta tienen pedido de captura internacional con requerimiento a la Interpol”.
El abogado manifestó que “hablan de usura con carácter habitual y de lavado de activos. Son figuras sumamente complejas y difícil de acreditar”.
Señaló también que “algunos de los detenidos quieren contar que lo que hacen es legal, como la fabricación de muebles y el dinero que se presta es un acuerdo consensuado con intereses de la plaza financiera. No hay delito”.
Briend, después de acceder al expediente, analizará, entre otras alternativas, solicitar la eximición de prisión así como también el pedido de indagatoria.
