20/04/2024

​Operación “El Patrón”: cómo actuaba la banda dedicada a la usura desmantelada por la Policía Federal



La operación se llamó “El Patrón”. La Policía Federal desmanteló una banda criminal que otorgaba préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota”, mediante más de 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Bahía Blanca. Según la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la organización delictiva operaba con “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico”.
Como informó La República, en la Operación “El Patrón” fueron detenidas 69 personas. Según fuentes de la investigación, la red, integrada por colombianos, venezolanos y argentinos, ingresaba el dinero desde Brasil y tenían vinculaciones con el narcotráfico.
“Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país”, afirmó Bullrich, el viernes en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Federal, cuyo Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) estuvo a cargo de la investigación.
El nombre de la operación responde al alias de William Correa Giraldo, colombiano, sindicado como la cabeza de la organización. 
El monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calcula en 10 millones de pesos, que fueron encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900 por ciento, lo que quintuplica los intereses de entidades financieras o tarjetas de crédito.
El jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, aseguró que la organización “hace cinco o siete años que se instaló en varias regiones del país” y que tenía en “Bahía Blanca su centro de operaciones”.
Detalló además que las víctimas era gente “muy pobre”, que sufría “lesiones y atentados” si no pagaba los préstamos y que el dinero recaudado era enviado “utilizando couriers internacionales en bajas cantidades nominales hacia Colombia”.
Los préstamos “gota a gota” son una modalidad de usura que pone en riesgo no solo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también su integridad física en caso de incumplimiento.
Estos préstamos se reciben a sola firma y en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna, y exige su cancelación en cuotas que pueden ser mensuales, semanales o diarias.


En caso de falta de pago, la organización utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes y amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.
La banda criminal poseía como fachada locales de venta de muebles en cuotas y tenía una estructura piramidal compuesta por un cabecilla, que era el inversionista poseedor del capital, y un segundo escalón integrado por los encargados de las regiones, localidades o comercios, a cargo la recaudación del dinero y el control de los cobradores.
Por debajo, estaban los liquidadores o secretarias, quienes se encargaban de negociar los préstamos, y, por último, los cobradores, quienes hacían el trabajo de buscar los pagos y estaban en constante roce con los clientes.
El Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, ordenó el allanamiento simultáneo de 50 domicilios y galpones de distintas ciudades entrerrianas, correntinas y en Bahía Blanca.
En ellos se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 fueron afectadas a la causa. De ese total (95), 70 de son hombres y 25 mujeres, de distintas nacionalidades: 81 colombianos, 8 venezolanos y 6 argentinos.
Respecto del dinero secuestrado, hay 1.717.126 pesos argentinos, 8.671 dólares, 541.667 bolívares, 19.000 pesos chilenos, 1.091.871 pesos colombianos, 36.000 guaraníes, 50 pesos mexicanos, 200 monedas sirias, 10 soles peruanos y 2 reales.
Incautaron dos armas, 12 automóviles, 65 motocicletas, 111 celulares, 60 gramos de cocaína y otros elementos de interés para la causa, como cuadernos con anotaciones de los préstamos.
Como informó La República, la causa está caratulada “William Correa Giraldo, Frankli Vargas Pedroza, Francisco Antonio Agudelo Mora, Humberto de Jesús Cardona Jaramillo y otros p/sup. usura agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravado en modalidad de delito continuado, Curuzú Cuatiá”.
En Corrientes, la banda tenía ramificaciones en Bella Vista, Capital, Goya y Mercedes, según el organigrama difundido por la PFA. En Entre Ríos, en Concordia, Federal, La Paz, Santa Elena, San José de Feliciano y San Salvador. 
En la conferencia de prensa participaron, además de Bullrich y Roncaglia, el juez Vega; los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Föhrig, y el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta.

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