16/11/2019

Migraciones aclara que los colombianos implicados en la red de usura serán deportados tras el juicio


El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelmann, dijo que el organismo debe esperar a una determinación judicial para proceder a la expulsión de los colombianos implicados en la red criminal de usura, extorsión y presunto lavado de activos del narcotráfico que operaba en Corrientes y que fue desmantelada la semana pasada.
Stegelmann confirmó que son 60 los detenidos de nacionalidad colombiana, acusados de integrar una organización dedicada a los denominados préstamos “gota a gota”, con base en Curuzú Cuatiá y con ramificaciones en esta capital, Bella Vista, Goya y Mercedes, y otras ciudades de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.
El 40% de ellos estaba radicado en Entre Ríos o “al menos habían iniciado su trámite” de residencia en esa provincia, aclaró Stegelmann en declaraciones a Radio Dos, y especificó de 30 de los detenidos por orden del juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, estaban radicados en Corrientes. De esos 30, 28 tenían “una temporaria por dos años, uno había iniciado el trámite y el restante estaba como turista”, aclaró el funcionario provincial.
“Ya hemos iniciado la parte administrativa para que esas dos personas sean deportadas, de acuerdo con lo que termine la Justicia, y la cancelación de la residencia de los demás, y posterior expulsión. Si deben cumplir una condena, esperar a que se cumpla la mitad de ella para proceder a la expulsión”, explicó Stegelmann.

Operación "El Patrón" by La República de Corrientes on Scribd


Es decir que los extranjeros implicados en la investigación de la red, desmantelada a través de la Operación “El Patrón” (en alusión al alias de William Correa Giraldo, colombiano, sindicado como la cabeza de la organización) no pueden ser deportados sin que haya condena.
“La ley migratoria habilita a que si son 6 años de condena, al tercer año el condenado puede optar por irse del país, con una prohibición de reingreso por 5 años o permanente”, dijo Stegelmann, que aclaró que “no se puede deportar si no hay condena”.
Los préstamos “gota a gota” son una modalidad de usura que pone en riesgo no solo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también su integridad física en caso de incumplimiento.
Estos préstamos se reciben a sola firma y en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna, y exige su cancelación en cuotas que pueden ser mensuales, semanales o diarias.
En caso de falta de pago, la organización utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes y amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.
La banda criminal poseía como fachada locales de venta de muebles en cuotas y tenía una estructura piramidal compuesta por un cabecilla, que era el inversionista poseedor del capital, y un segundo escalón integrado por los encargados de las regiones, localidades o comercios, a cargo la recaudación del dinero y el control de los cobradores.
Por debajo, estaban los liquidadores o secretarias, quienes se encargaban de negociar los préstamos, y, por último, los cobradores, quienes hacían el trabajo de buscar los pagos y estaban en constante roce con los clientes.
El Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo de Vega, ordenó el allanamiento simultáneo de 50 domicilios y galpones de distintas ciudades entrerrianas, correntinas y en Bahía Blanca.
En ellos se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 fueron afectadas a la causa. De ese total (95), 70 de son hombres y 25 mujeres, de distintas nacionalidades: 81 colombianos, 8 venezolanos y 6 argentinos.
Respecto del dinero secuestrado, hay 1.717.126 pesos argentinos, 8.671 dólares, 541.667 bolívares, 19.000 pesos chilenos, 1.091.871 pesos colombianos, 36.000 guaraníes, 50 pesos mexicanos, 200 monedas sirias, 10 soles peruanos y 2 reales.
Incautaron dos armas, 12 automóviles, 65 motocicletas, 111 celulares, 60 gramos de cocaína y otros elementos de interés para la causa, como cuadernos con anotaciones de los préstamos.
Como informó La República, la causa está caratulada como “William Correa Giraldo, Frankli Vargas Pedroza, Francisco Antonio Agudelo Mora, Humberto de Jesús Cardona Jaramillo y otros p/sup. usura agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravado en modalidad de delito continuado, Curuzú Cuatiá”.
En Corrientes, la banda tenía ramificaciones en Bella Vista, Capital, Goya y Mercedes, según el organigrama difundido por la PFA. En Entre Ríos, en Concordia, Federal, La Paz, Santa Elena, San José de Feliciano y San Salvador.