Absolvieron a dos mujeres que pasaron 3 años y medio presas por el crimen de Justa Valenzuela
Dos mujeres, madre e hija, a las que un integrante del comité contra la tortura engañó y estafó, fueron absueltas del crimen del que las acusaban, el de una anciana que fue hallada muerta en diciembre del 2017 en el cementerio de 9 de Julio, por el Tribunal Oral Penal de Goya. Permanecieron 3 años y medio presas, tiempo durante el cual un integrante del Comité Contra la Tortura de Corrientes les secuestró un hijo y las extorsionó, hasta conseguir arrebatarle todas sus propiedades.
Sandra Martínez de 52 años y Ludmila Zerrizuela Martínez de 24, fueron detenidas a fines del 2017 junto a dos hombres de apellido Núñez, también padre e hijo, acusadas de ser responsables de la muerte de Justa Valenzuela de 86 años, cuyo cuerpo fue hallado en un cementerio de la localidad de 9 de Julio, con un crucifijo en la boca. Vivía en una vivienda del barrio Colombia Granadero.
Luego de 3 años detenidas, el Tribunal Oral Penal de Goya las terminó absolviendo el último jueves. Su abogada defensora, Andrea Quincose Vilalta, aseguró que “Las pruebas siempre demostraron su inocencia. La geolocalización de sus celulares y las cámaras del peaje de Riachuelo indicaron que se encontraban en sus casas a las 8.30 de la noche a 180 kilómetros de dónde se cometió el crimen”.
La abogada insiste en que “la Fiscalía insistió en la responsabilidad ambas mujeres en el crimen a pesar de que las pruebas técnicas de la pericia forense indicaban lo contrario”.
Ambas mujeres -mientras estuvieron detenidas- fueron dejadas en la ruina al ser despojadas de sus propiedades, vehículos, casa y terrenos, mediante una extorsión que tuvo como protagonista a Daniel César Almirón, de 37 años de edad, un exconvicto que pese a sus antecedentes fue designado miembros del Comité Contra la Tortura de Corrientes. El hombre accedió al cargo a propuesta de una fundación de oscuras raíces que el mismo había creado.
El caso fue sacado a la luz en exclusiva por La República Digital y tras la publicación de varias notas -y la captura del hombre después de varias semanas profugo-, fue separado del comité y se le prohibió el acceso a unidades penitenciarias en calidad de representante de un organismo de derechos humanos.
Hoy, Almirón se encuentra libre pero imputado en una causa donde está acusado de privación ilegítima de la libertad, extorsión y estafas. Aprovechando el conocimiento que tenía de las poblaciones carcelarias y su libre acceso a los centros de detención se acercó a Sandra Martínez prometiendo que lograría liberarla. Pero, lo que hizo, fue secuestrar al hijo de la mujer, entonces menor de edad, que estaba alojado en un hogar de la Provincia.
Con el chico en su poder, extorsionó a la mujer obligándola a transferirle vehículos, una casa y hasta 11 hectáreas que la mujer poseía con la promesa de una liberación que nunca llegaría hasta el pasado jueves cuando la Cámara de Goya las absolvió.
Martínez terminó denunciando el secuestro y extorsión de la que era víctima y Almirón, volvió a convertirse en prófugo de la Justicia hasta su detención. De 37 años de edad, el exconvicto había sido designado por resolución 123 de la Cámara de Diputados y 34 del Senado de Corrientes, ambas del 2020, a propuesta de la Fundación Amaneceres de Esperanza como miembro titular del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.
Había cumplido una sentencia de 12 años de prisión por el sangriento asalto a mano armada a una distribuidora de lácteos que protagonizó en Resistencia como parte de una banda que encabezaba un exsub comisario de la Policía del Chaco. Estando ya condenado, fue protagonista de una fuga a la que la Policía de Corrientes le puso fin cuando lo detuvo en el 2006 en una de las calles del barrio de las 1.000 Viviendas. Almirón fue condenado a prisión como participe de aquel asalto y estaba sospechado de ser, además, responsable de otros delitos. Tenía entonces 23 años.
Este jueves, sus últimas víctimas quedaron en libertad. Y él espera en el libertad, pero sujeto a la causa, la resolución de la nueva causa que podría culminar con una pena de varios años de sentencia.
