Cómo fue el secuestro por el que buscan a un miembro del Comité Contra la Tortura
Una trama donde se entrelazan la muerte, un secuestro extorsivo y engaños, es la que tiene como protagonista central a un integrante del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes de Corrientes, hoy prófugo de la Justicia.
El hecho constituye un golpe singular para las organizaciones de derechos humanos de la provincia y un motivo de preocupación para los tres poderes del Estado que tienen sus representantes en un Comité que ni siquiera tiene un presupuesto propio y donde todos trabajan ad honorem.
El protagonista es Daniel César Almirón, de 37 años de edad, quien cumplió 12 años de condena en cárceles chaqueñas, por un asalto a mano armada a una distribuidora de lácteos de esa provincia. Un hombre que se escapó de la cárcel y fue recapturado en Corrientes, en el barrio 1000 Viviendas, por la Policía correntina.
Almirón se presentaba durante el 2020 como presidente de la Fundación Amaneceres de Esperanza, una ONG que se dedica o dedicaba a “trabajos sociales, deporte, salud y cultura”. Hasta hace poco tiempo -inclusive- tenía un programa en una emisora de FM de Corrientes y aparecía junto a figuras del arco político provincial visitando o participando en algunas acciones de las obras de la organización social.
En la red social Facebook, mantiene hasta hoy dos perfiles: Fundación Amaneceres de Esperanza y Amaneceres de Esperanza.
También aparecía habitualmente en tareas junto al Patronato de Liberados del Chaco, como coordinador de dos cooperativas formadas por exreclusos de la vecina provincia, donde además lo relacionan trabajando junto a organizaciones de derechos humanos.
En octubre del 2020, fue designado por resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores de Corrientes, como miembro del comité contra la tortura junto a representantes de la Comisión por la Memoria, la Verdad, y la Justicia de Paso de los Libres; la Organización Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya; la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá; la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Almirón asumía ese rol en carácter de presidente y representante de la Fundación Amaneceres de Esperanza.
Esa designación le daba vía libre para el ingreso a penales, lugares de detención y hasta hogares para menores de la provincia de Corrientes. Esa designación era una llave de oro para sus planes.
El inicio de la historia
Sandra Beatriz Martínez es una mujer de 58 años, quien junto a su hija Ludmila Zerrizuela Martínez de 24 años, están presas en la Unidad Penal 3 - conocida como El Pelletier-, condenadas ambas a prisión perpetua por ser parte del crimen de Justa Valenzuela, de 86 años, quien en diciembre del 2017 apareció muerta en el cementerio de la localidad correntina de 9 de Julio, a 175 kilómetros de la capital provincial, con un crucifijo clavado en la garganta.
Madre e hija fueron acusadas del homicidio triplemente calificado, con ensañamiento, alevosía y criminis causa, es decir asesinar para encubrir otro delito.
Por ese crimen, además de Martínez y su hija, fueron detenidos dos hombres oriundos de Goya, de apellido Núñez, padre e hijo. Entre los cuatro, de acuerdo a la Justicia, llevaron con engaños a Justa al interior y la asesinaron buscando quedarse con sus propiedades, entre ellas una casa en el barrio Colombia Granaderos de Corrientes y un campo.
Martínez tiene además un hijo varón que hoy tiene 17 años. En 2017 cuando fue detenida junto a su hija, el chico quedó al cuidado de un encargado de un campo propiedad de la mujer en el interior provincial. Hasta que la Justicia ordenó en mayo del 2020, aproximadamente, su internación en el instituto Miguel Magone, ubicado por la calle Santa Fe al 1300 de Corrientes.
A Martínez la ganó la desesperación y buscó ayuda. La sugerencia que le hicieron fue a Daniel Cesar Almirón, quien habitualmente visitaba el lugar donde estaba alojada junto a su hija, en calidad de integrante del Comité contra la Tortura.
Así comenzó la relación de Sandra Martínez con Daniel Almirón, que haciendo gala de sus contactos e influencias -no sólo legales-, la convenció de que le solucionaría esto problemas que la abrumaban. En las primeras visitas, el hombre se interiorizó de lo que le pasaba a la mujer, logrando incluso sacarle información hasta de sus propiedades. Comenzó a visitar al chico en el instituto Magone hasta ganarse su confianza e intentó, hacerle cambiar de abogados a la mujer. Todo bajo una larga lista de engaños.
Un día logró sacar del instituto Magone al hijo de Sandra y lo convenció de escaparse del lugar. Cuando el chico estuvo en la calle, lo secuestró y lo dejó al cuidado de una mujer -de oficio peluquera-, que vive en el barrio 17 de Agosto y que además hace las veces de secretaria de la Fundación Amaneceres de Esperanza.
Ahí comenzó el camino de extorsión de Almirón hacia Sandra Martínez, quien llegó a firmar la cesión de parte de sus propiedades bajo la amenaza de que no volvería a ver a su hijo. Finalmente, la mujer, que espera resolución a la apelación a su sentencia a perpetua, optó por contarle a una abogada lo que estaba padeciendo. La denuncia dejó al descubierto a Almirón.
La Policía rescató al hijo de la mujer del lugar donde lo tenían alojado al cuidado de la secretaria de la fundación. Desde ese día, Daniel Cesar Almirón desapareció.
Así, Sandra que fue condenada por formar parte de un crimen con el objetivo de quedarse con las propiedades de Justa Valenzuela, terminó siendo víctima del secuestro de su hijo para que cediera sus propiedades.
