Licitación PPP: hubo ofertas con un 33% por debajo de lo presupuestado
Se invertirán USD 8.000 millones para transformar 3.300 km de autopistas y rutas nacionales. Las obras generarán 50.000 empleos directos.
En la primera licitación con el sistema de Participación Público-Privada se recibieron ofertas un 33% por debajo de lo presupuestado. Los sobres se abrieron con 32 ofertas económicas para la transformación de más 3.300 km de rutas nacionales, que implica una inversión total de aproximadamente USD 8.000 millones.
De ese total de dinero, USD 6.000 se invertirán en los primeros cuatro años para transformar la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras que lanzó el Gobierno nacional. Esa iniciativa generará más de 50.000 empleos directos e indirectos y se prevé que reduzca los accidentes en casi un 70%.
Señal de confianza
La apertura de sobre con las ofertas económicas para construir 3.300 kilómetros de rutas significó una fuerte señal de confianza para el Gobierno.
Todos los consorcios que se habían presentado con propuestas técnicas las mantuvieron a pesar de la fuerte crisis cambiaria que se vivió en las últimas semanas.
Según fuentes oficiales, a partir de octubre comenzarían los primeros avances de obra, cuya inversión llegaría a USD 6.000 millones sólo en los primeros cuatro años.
“El conjunto de las mejores ofertas recibidas estuvo un 33% por debajo del presupuesto estimado para las principales obras. Para determinar los ganadores de la licitación, se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representen un menor costo para el Estado. Cada oferente podrá ganar hasta dos corredores”, expresó el Ministerio de Finanzas, que encabeza Luis Caputo, en un comunicado.
Un contrato a largo plazo con el Estado
El Gobierno comenzó a licitar obras viales bajo la modalidad de Participación Público-Privada. Se trata de un contrato a largo plazo entre el Estado y el sector privado.
La ley de Participación Público-Privada fue sancionada en noviembre de 2016, se reglamentó en febrero de 2017 y en junio se creó la Unidad que trabajó desde entonces con los ministerios de Energía y Minería, de Transporte, Interior y Obras Públicas para llevar adelante los primeros proyectos con el sistema.
Los contratos celebrados bajo esta modalidad son aquellos entre órganos y entes del sector público y sujetos privados para realizar obras o suministrar bienes. Su particularidad radica en que “hay una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo éste último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto”, según indica la Subsecretaría del área, perteneciente al Ministerio de Finanzas. La característica central del sistema es la “flexibilidad” para adaptar la estructura del contrato a las exigencias particulares de cada proyecto y su financiamiento. Los contratos bajo esta modalidad se podrán utilizar para el desarrollo de infraestructura, viviendas, actividades y servicios, inversión productiva e investigación aplicada o innovación tecnológica. Quedan excluidos aquellos proyectos “cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional”.
