Destruyeron el terraplén construido por una arrocera sobre el Miriñay
El cauce del río Miriñay fue restablecido luego de que una explotación arrocera en el departamento de Curuzú Cuatiá desviara sus aguas con un terraplén ilegal secando el curso y produciendo un daño enorme para otros emprendimientos similares y uno inconmensurable para la biodiversidad del lugar.
El pasado viernes, el terraplén levantado de manera ilegal y sin autorización alguna por la empresa Marcos Schmukler S.A., en la Estancia Santa Victoria, fue demolido y el agua del Miriñay, aunque en muy escasa cantidad por la profunda seca, volvió a fluir normalmente. Las lluvias de los últimos días ayudaron aunque de manera ínfima. La firma arrocera deberá ahora enfrentar, además de la causa judicial, las sanciones económicas que le debe aplicar el Instituto Correntino del Agua y Medio Ambiente, ICAA.
La Gendarmería Nacional, por pedido de la Fiscalía Rural y Ambiental que comanda Gerardo Cabral, habían allanado la Estancia Santa Victorina, propiedad de una familia de apellido Perazzo, constatando la existencia de una Arrocera, que sería ilegal y que está explotada por la firma de San Salvador Entre Ríos, Marcos Schmukler S.A..
En esta explotación construyeron un terraplén sobre el rio Miriñay que impide el normal escurrimiento de las aguas, ocasionando a los campos aguas abajo innumerables inconvenientes, además de destruir el ecosistema del rio al dejarlo seco.
La barrera ilegal sobre el río estaba a unos 10 kilómetros de Perugorría. Cabral, el fiscal Rural y Ambiental, adelantó que en las próximas horas se formalizarán las imputaciones contra el dueño del campo, el dueño de la arrocera y el técnico encargado de la obra y que "se están buscando los medios para conseguir las maquinarias para la destrucción del terraplén y que el agua vuelva a su caudal".
"Se constató la presencia de una barrera de contención artificial sobre el rio Miriñay en una zona de bastante difícil acceso. Se envió el oficio a Gendarmería para pedirle más detalles y ellos realizaron un allanamiento" dijo el fiscal en declaraciones al noticiero T5 Central en las durante las cuales se reveló además que se secuestró una estación de bombeo y una retroexcavadora.
Cabral confirmó que "se constató la propiedad del campo y de la explotación arrocera”. “Es ilegal incurriendo en dos delitos, de usurpación de agua y daño gravado" destacó antes de asegurar que "estamos próximos a iniciar las imputaciones sobre el dueño del campo, dueño de la arrocera y el ingeniero de la obra".
"Vamos a judicializar este tipo de emprendimientos. Podría haber responsabilidad penal e incumplimiento de deberes de funcionario público" advirtió el fiscal.
La firma Marcos Schmukler S.A., es la responsable de la explotación, duplicó sus superficies sembradas sin autorización alguna y sin pedido de uso de agua correspondiente ante las autoridades del ICAA. Autoridades del ICAA confirmaron que la bomba de agua que trabajaba en el lugar si estaba autorizada, no así el terraplén.
La fiscalía avanzó acusando a los responsables de los delitos de usurpación de aguas, previsto y penado por el artículo 182 del Código Penal además de haberse dado intervención al ICAA, para que realice los controles y garantice las cuencas hídricas de la provincia de Corrientes.
