Otro detenido más por la mega estafa y robo de propiedades
Un agrimensor, acusado de formar parte de la organización que se dedicaba a falsificar instrumentos públicos para respaldar la apropiación y la compra y venta de propiedades de manera irregular, fue detenido en las últimas horas en Corrientes. La actuación se concretó tras un allanamiento realizado por la Prefectura Naval Argentina durante el cual, se secuestró también una importante cantidad de documentación.
El procedimiento se realizó este martes en departamentos de en un edificio de calle San Lorenzo al 1500 de Corrientes. De acuerdo a fuentes judiciales, en el lugar se hallaron algunos planos de mensuras realizados por el profesional que tendrían directa relación con algunas de las apropiaciones ilegales, maniobra de la que participaban además personal de Catastro y del Registro de la Propiedad de Corrientes.
Las maniobras quedaron al descubierto tras la denuncia realizada desde el área de Asesoría Legal de la Dirección de Catastro que advirtió las irregularidades en los expedientes y denunció el caso. Esto llevó a que el 12 de febrero de este año, Prefectura Naval Argentina detuvo a cinco integrantes del grupo que tenían como modus operandi la falsificación de instrumentos públicos.
En ocho allanamientos realizados ese día de manera simultánea a viviendas, una escribanía y dos estudios jurídicos, se detuvo a tres mujeres y dos hombres. Entre ellos a la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, el abogado Iván Bordón y la escriban Gladys Báez, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Se pudo secuestrar también durante los allanamientos casi un millón y medio de pesos en moneda nacional, 60.000 dólares, más de 3.000 euros, 1600 reales y 3.194.000 guaraníes, y títulos de propiedad, escrituras, planos y mensuras. En uno de los domicilios allanados, en Santa Ana, se encontró una gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 Documentos Nacionales de Identidad.
La causa esta a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, y además de los profesionales tiene involucrados tiene implicados a funcionarios de la oficina de Catastro de Corrientes y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, donde dos días después de las detenciones hubo un incendio en el área de sistemas que provocó la pérdida de documentación.
La organización buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la Propiedad, la cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada previa falsificación de la mensura realizada por los agrimensores.
También, si determinaban que los dueños de las propiedades estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, para así poder escriturar el inmueble.
La banda, tenía además un negocio irregular con el loteo San Blas, ubicado sobre la Ruta Provincial 43, a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12. Ese sería el centro del escándalo.
En la causa permanece prófuga la falsa escribana y dirigente política Teresa Vázquez, de quien no se sabe su paradero desde que la jueza González Cabañas le rechazó la eximición de prisión presentada. En su casa particular en Santas Ana fue donde hallaron la mayor cantidad de documentación adulterada, y los 250 documentos nacionales de identidad.
