El juez Soto Dávila repasa su estrategia para enfrentar los cargos ante el Consejo de la Magistratura
El magistrado fue procesado el 21 de diciembre de 2018. Lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a narcos para beneficiarlos con resoluciones judiciales. Fue citado para el 26.
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura formalizó el 18 de diciembre de 2018 la citación, por el artículo 20º del reglamento, al juez federal Carlos Soto Dávila, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita para el encubrimiento de narcotraficantes, lo que abriría la posibilidad de un juicio político.
El juez correntino está citado para el 26 de febrero, a las 10, para hacer su descargo ante la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside el senador Miguel Ángel Pichetto. Si bien en el último plenario, el primero que se realizó con la nueva conformación, ya se había dispuesto la citación del magistrado correntino, para que sea efectiva debe surgir de una votación en la Comisión de Disciplina, para lo que se necesita la mayoría simple de votos, algo que se logró.
El magistrado, con competencia electoral en Corrientes, está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en su provincia, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. El juez suma 14 expedientes con denuncias en su contra que serán tomadas en cuenta para esta citación.
Soto Dávila fue procesado el 21 de diciembre de 2018 como jefe de una asociación ilícita que les cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con sus libertades u otras resoluciones judiciales.
También fueron procesados dos secretarios de su Juzgado, cinco abogados y un exintendente. Todos quedaron acusados de participar de la cadena de pagos que llegaba hasta el magistrado, que ocupa el cargo hace 22 años.
Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Sergio Torres y con prisión preventiva. “El grupo criminal, al menos desde el 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte”, sostuvo el juez en su resolución de más de 400 páginas.
Junto con Soto Dávila, fueron procesados los secretarios Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Serial, y el exintendente en los 90 de la localidad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone.
Todos están presos desde principio de mes en cárceles federales, excepto uno de los abogados que declaró como arrepentido y luego fue liberado (su identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad). Serial y Faraone ya estaban detenidos en una causa por narcotráfico.
Quien tampoco está detenido es Soto Dávila, ya que, como juez, tiene fueros de detención.
El Consejo de la Magistratura de la Nación –el órgano encargado de analizar el desempeño de los jueces– lo citó para fines de febrero a que brinde explicaciones. Luego de eso podrá suspenderlo en el cargo para que sea sometido a juicio político y así perder los fueros. Allí podría ser detenido. El juez Torres le comunicó al Consejo el procesamiento.
Los cargos
La prueba central de los procesamientos fueron escuchas telefónicas, la declaración de siete arrepentidos y de tres testigos de identidad reservada y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila en las causas de narcotráfico.
De allí surgen fallos contradictorios con la prueba de las causas y con valoraciones distintas de otros expedientes ante los mismos hechos.
Además, la contemporaneidad de los beneficios con los pagos de las coimas que declararon los arrepentidos.
“Saqué un dorado y quiero convidarte”, le dijo Faraone a Soto Dávila, según la declaración de un arrepentido, que aseguró que “esa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un ‘arreglo’, de un negocio con una causa”.
En ese caso se buscaba la libertad de Lourdes Alegre, esposa de Federico Morenita Marín, un jefe narco de la zona de Itatí. Luego, Faraone y Soto Dávila se reunieron en la casa del juez.
En una escucha telefónica, un narco apodado Chavito le dice a otra persona que tiene una causa abierta en Corrientes y que si el juez es Soto Dávila, “no pasa nada”: “Yo tengo un abogado ahí que se está moviendo y que mis papeles pasan para Soto Dávila, si pasan para Soto Dávila, que es el juez piola este de Corrientes, ese si le tiran una punta y se arregla, viste. Si es Soto Dávila, no pasa nada, viste, le tirás unos pesos, se arregla”.
Según la causa judicial, las coimas comenzaban en los 15.000 o 30.000 pesos hasta cifras más elevadas como 300.000 y a veces en dólares. El abogado arrepentido contó seis hechos de pago de coimas a Molina, uno de los secretarios del Juzgado de Soto Dávila.
