El dinero de la corrupción, a obras públicas
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri sobre la extinción de dominio permitirá al Estado hacerse de los bienes que hayan sido fruto de la corrupción y del delito organizado. Este es un mecanismo para declarar al Estado como titular de los bienes originados en determinados delitos graves o destinados a cometer esos delitos.
Su finalidad es avanzar rápidamente sobre los activos de los criminales, tanto los resultantes de los delitos como los empleados para llevarlos a cabo. Una vez identificados y mediante un procedimiento realizado en sede civil –a diferencia de las causas por los delitos cometidos que tramitan ante los jueces penales– se extingue el dominio de esos bienes, que pasan al Estado.
Macri anunció que los activos producidos por la extinción de dominio deben ser utilizados en mejorar las condiciones de vida de los argentinos que no tienen agua potable ni cloacas. También para ser volcados a obras de infraestructura que prevengan las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos o las incesantes lluvias, como ocurrió en el Litoral en las últimas semanas.
