Causa Exen: le otorgaron la prisión domiciliaria a María Graciela Canal
La causa judicial que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la cadena de gimnasios Exen sumó un nuevo capítulo este viernes, con la resolución que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a María Graciela Canal, una de las principales investigadas del expediente. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, luego de hacer lugar al pedido presentado por la defensa de la imputada.
La defensa de Canal, encabezada por el abogado Ricardo Osuna, había solicitado la morigeración de la detención debido a los problemas de movilidad que presenta la mujer. Según los argumentos planteados, Canal tendría dificultades para desplazarse y utilizaría muletas o silla de ruedas. Por el momento, los detalles específicos de los problemas de salud invocados por la defensa no fueron informados públicamente, y el expediente todavía no cuenta con una resolución completa respecto de la totalidad de la documentación médica presentada.
Tras el fallo, la Justicia Federal hizo lugar al planteo y dispuso que Canal cumpla la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, y la mujer ya se encuentra en camino hacia la provincia del Chaco, donde deberá cumplir las condiciones que establezca la resolución judicial.
Canal había permanecido varios días fuera del país. El fiscal federal Patricio Sabadini había solicitado de manera urgente la orden de captura nacional e internacional en su contra y la de su hijo, Sergio Nicolás Clinis Canal, luego de que 23 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes constataran que ambos ya no se encontraban en el territorio nacional. Ambos tenían alertas rojas de Interpol y eran buscados por la causa de lavado de activos agravado que tramita en la Justicia Federal de Resistencia.
Finalmente, madre e hijo decidieron entregarse. Fueron detenidos en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, cuando se presentaron voluntariamente ante la Dirección Nacional de Migraciones. Al consultar sus datos en el Sistema de Captura Migratoria, los agentes detectaron las alertas de Interpol, y tras la compulsa de antecedentes mediante el sistema I-24/7 se confirmó que ambos figuraban como "Buscados" con finalidad de "Detención". Tras el procedimiento, fueron trasladados a dependencias de Gendarmería Nacional en Clorinda antes de ser derivados a Chaco.
De qué se trata la causa Exen
La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero relacionado con la expansión de la cadena de gimnasios, y analiza movimientos económicos, sociedades, vehículos, inmuebles e inversiones vinculados a los imputados. La investigación se originó a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó la veloz expansión comercial del grupo económico —que incluye también concesionarias de vehículos— con fondos provenientes de una organización narcocriminal.
El expediente, que tramita bajo la calificación de lavado de activos conforme al artículo 303 del Código Penal, tuvo su punto de inflexión con una serie de allanamientos masivos. El operativo derivó en 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, donde efectivos de Gendarmería Nacional procedieron al desmantelamiento total de las sucursales de la firma. En ese operativo participaron unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía del Chaco.
En total, la Justicia libró órdenes de detención para cinco personas clave de la estructura: Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Durante las audiencias de imputación formal, realizadas por videoconferencia, la fiscalía formalizó los cargos: Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron imputados por lavado de activos agravado, mientras que a Yamil Gabriel Gane se le atribuyó la figura de lavado simple. Las órdenes de captura internacional emitidas por Interpol siguen vigentes contra Sergio Nicolás Clinis Canal, señalado como CEO de la firma, quien continúa detenido junto a su madre en la capital chaqueña.
Repercusiones económicas
El cierre de los gimnasios como consecuencia de los allanamientos generó reclamos por parte del personal de la firma. Un grupo de empleados solicitó la reapertura de las sucursales y propuso la designación de un interventor administrador para continuar con la operatoria comercial mientras avanza la causa penal.
La investigación judicial continúa en pleno desarrollo, con la fiscalía de Sabadini avanzando en el análisis de los entramados societarios de la firma para determinar la magnitud del dinero presuntamente lavado a través del negocio de los gimnasios.
