12/10/2024

Comienza esta semana en Goya el juicio a Concejal por abuso sexual y coacción



El próximo jueves 12 de septiembre comenzará en la ciudad de Goya el juicio oral contra Guillermo Américo Córdoba, imputado por delitos de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado, coacción, abuso sexual simple y privación ilegal de la libertad.

Los hechos, que según las denuncias ocurrieron entre el año 2022 y el 2023, habrían sido cometidos en perjuicio de tres mujeres, en el marco de su rol dentro del Movimiento Evita.

El Tribunal, que se conformará de manera colegiada, evaluará las pruebas presentadas por la defensa y la querella, junto a las 24 testigos que declararán en el juicio, para determinar la responsabilidad penal de Córdoba.

La presidencia del proceso oral estará a cargo del doctor Jorge Antonio Carbone, quien estará acompañado por los doctores Julio Duarte y Ricardo Carbajal. La defensa particular estará en manos del doctor Manuel Federico Sandoval Bennetti; la querella, en las de Conrado Rudy Pérez, y la acusación por los fiscales, doctores Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo.

Cordoba fue detenido y alojado en la Comisaría Segunda, y posteriormente liberado luego de pasar un fin de semana preso por orden el Tribunal de Revisión de la ciudad de Mercedes. El edil de Unión por la Patria, pertenece al Movimiento Evita, lugar al que llegó luego de encabezar la grilla de ediles del Frente de Todos en las elecciones de junio del 2023.

Anteriormente, Córdoba se desempañó como delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Goya. 

Su designación como cabeza de lista de concejales despertó mucha polémica al interior de las fuerzas que compusieron el FdT, hoy UxP, en especial del Movimiento Evita. Córdoba obtuvo el respaldo de la conducción provincial de su agrupación, integrada por Fabricio Bin y Verónica Molina, y así llegó al Concejo Deliberante.

El arresto se produjo luego de una audiencia de coerción en la que estuvieron presentes el fiscal de la causa Juan Carlos Castillo, el juez garantías Darío Ortíz, y la querella a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

En su resolución, el juez sostiene que las víctimas en su última declaración presentaron "un alto grado de vulnerabilidad, inseguridad y temor por no estar tranquilas debido a un posible hostigamiento que puede o no haber hacia ellas por el imputado, por una tercera persona o través de un medio".