Destruir Todo, Ensuciar a todos
Por el Médico Veterinario Leandro Monti (*)
*Con la frase “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector” rebuznó un rosario de mentiras, el ignoto periodista devenido en vocero de la oficina del presidente.
*El Fondo Fiduciario para la Recuperación del Área Ovina (FRAO) o más conocida como “Ley Ovina” fue creada por ley 25.422/2001, durante los primeros 10 años de gestión, el Estado Nacional aportó 20 millones de dólares/pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados y con la modificación del manual operativo de dicha ley en el 2014 donde se logró mediante el aporte de un conjunto de técnicos y profesionales que por prepotencia de trabajo logramos la incorporación de los Agricultores Familiares a las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP).
*La administración de estos fondos se ejecutaba a través de Comisión Asesora Técnica (CAT), conformada por el INTA, SENASA, SAGPYA,AGRICULTURA FAMILIAR, un representante de los productores de las provincias adheridas y un representante del poder ejecutivo de cada provincia adherida, que evalúan el destino de estos fondos y eligen un coordinador nacional y aquí un recuerdo al compañero, colega y amigo Dr Marcelo Cristian Aceval que con gran pasión y profesionalismo coordino esta ley; esto a nivel nacional, las provincias adheridas conformaban una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) compuestas por el representante del ejecutivo provincial (1), productor representante del sector ovino (1), INTA (1), SENASA(1) y Agricultura Familiar (1 técnico y 1 productor), la cual llama a concurso de créditos y los evalúa a nivel provincial.
*Nuestra UEP, ubicada en Curuzu Cuatia y mediante esta los productores de correntinos ejecutaron en 2022 créditos (aportes reintegrables; AR) y aportes no reintegrables (ANR) por una cifra un poco superior a $52.600.000 y en 2023 un monto superior a $57.200.000 que los productores ovinos beneficiados por esto créditos blandos destinaron mejoras de infraestructura, incorporación de genética, retención y compra de vientres, comercialización y promoción de los subproductos del ovino, accediendo a esta ley las asociaciones de productores tan diversos como las Sociedades Rurales (SR Curuzu, Corrientes, Mercedes), Agricultores Familiares, Ferias Francas, cooperativas, universidades entre otros; precisando que los ANR representan menos del 10% de los fondos adjudicados.
*Esta justificación para seguir aplicando a todos los sectores de la sociedad el rigor de la motosierra son falaces y revelan el desconocimiento y desprecio hacia el interior profundo que el centralismo porteño ocupa del ejecutivo nacional profesa; como respuesta, las asociaciones de productores como SR históricos beneficiarios de estos fondos que llegan a 20 provincias y son un salvavidas para las emergencias como las grandes nevadas en la Patagonia, la falta de rentabilidad y bajo precio de la lana, incentivo del consumo de la carne ovina, etc. ensayan un tibio y anodino reproche por anteojeras ideológicas a quien les recorta fondos que desde su creación les fueron muy beneficiosos.
(*) Leandro Montti es médico veterfinario y
Concejal Partido Justicialista Goya