Valdés sumó su firma al reclamo a la Nación para que prorrogue un Fondo Fiduciario
El Gobernador Gustavo Valdés se sumó al planteamiento realizado por gobernadores del Norte Grande Argentino al presidente Alberto Fernández, para que antes de su partida de la Casa Rosada firme la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial hasta el 27 de febrero de 2050. Esto podría a Corrientes permitir el acceso a $1999 millones en concepto de asistencia financiera para el desarrollo y la consolidación fiscal de las jurisdicciones.
El Ffdp es uno de los 29 fondos fiduciarios que están bajo la órbita del Ministerio de Economía y adeuda a Corrientes $1999 millones, monto que forma parte de un total de $185.879 millones que debe abonar a las direcciones desde el 31 de marzo del 2023.
El primer reclamo a Casa Rosada llegó por parte del grupo de los gobernadores del Norte Grande, compuesto por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Morales (Jujuy); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); y Juan Manzur (Tucumán). Mas tarde se sumaron los gobernadores de JxC que asumirán el 10 de diciembre próximo: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Cladio Poggi (San Luis); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
El Gobierno nacional, por este fondo, adeuda a Chubut $33.310 millones, a Chaco $26.186 millones y a Tucumán $23.351 millones. Después en la lista aparecen Salta, $14.456 millones; Neuquén $ 8.497 millones; Formosa, $8000 millones; Jujuy, $7.819 millones; Catamarca, $7.805 millones; Buenos Aires, $ 7.415 millones; Río Negro, $5.899 millones; Córdoba, $7.545 millones; Misiones, $4.506 millones; Santa Cruz; $4.420 millones; San Juan, $ 1.773 millones; Tierra del Fuego, $1.456 millones; La Rioja, $534 millones y San Luis, $270 millones.
Este fondo fue creado por decreto el 27 de febrero de 1995 y tiene por objeto, entre otros, asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los estados provinciales, la implementación de programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera.
