17/06/2024

​Las estancias de la causa narcoavionetas, en Santo Tomé, serán, ahora utilizadas para un proyecto educativo y productivo




Dos estancias de la zona de Santo Tomé, ubicadas entre la Ruta Nacional 14 y los esteros del Iberá,  donde hace diez años se descubrió que, dos días por semana, avionetas cargadas de cocaína descendían procedentes de Bolivia, fueron entregadas de forma definitiva por la Justicia Federal al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Son casi 9000 hectáreas de terrenos productivos que, ahora, serán destinados a la explotación comercial y a su utilización con fines educativos, productivos y socioambientales.
 
Ambos fueron decomisados después de haber sido durante algún tiempo un centro de operaciones logísticas de una célula local del Comando Vermelho, una de las dos grandes organizaciones criminales de Brasil, que buscaba en ese momento una nueva plataforma para enviar droga a Europa.
 
La investigación de aquel entonces concluyó con el secuestro de 392 kilos de cocaína y de la avioneta Cessna que había traído la droga desde Bolivia, además de otras aeronaves que fueron halladas en él lugar, y con duras condenas para los responsables del montaje del “aeropuerto de la droga”.
 
El Tribunal Oral Federal de Corrientes gestionó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la “transferencia definitiva” del dominio de las fincas Santa María del Aguapey, de 7000 hectáreas, y Santa Úrsula, de 1889. Así lo habían solicitado el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer, director del INTA–Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, y el médico veterinario José Rafart Anton, director del Centro Regional Corrientes del INTA, en su carácter de depositarios y administradores judiciales designados luego del decomiso de los inmuebles en la “causa de los narcoaviones”.
 
Los representantes del organismo resaltaron que habían logrado “poner en orden” los establecimientos y que la intención era destinarlos “a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales”.
 
El Ministerio Público, representado en este caso por el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer; el director de la Procunar, Diego Iglesias; el auxiliar Martín Uriona, y la directora general de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, habían dictaminado a favor de la cesión definitiva de los inmuebles, al destacar el “desarrollo adecuado de la administración que lleva adelante” el INTA como depositario judicial de los dos establecimientos confiscados a los narcos.
 
También apoyaron el proyecto el Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste, según informó la Procuración General en su portal de comunicación institucional fiscales.gob.ar. Atrás quedaron algunos intentos fallidos de quedarse con esos campos, por ejemplo, de un ex legislador nacional del PJ correntino, que pugno por la propiedad.
 
Los camaristas federales Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni señalaron que “los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el organismo dedicado a la experimentación y estudio de variedades forestales, de cultivos y ganaderos” y que, en ese sentido, “recuperaron el establecimiento rural que les fue cedido, vacío y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado”.
 
Destacaron que resultó “valiosa” la labor ejecutada por el organismo durante los seis años en los que lo tuvieron a su cargo, “con un cuidado responsable”, monitoreado por la Cooperadora del INTA Mercedes y con el aporte de distintas organizaciones provenientes de sectores sociales, agrícolas y ganaderos, a las que se sumó en algunas oportunidades la comunidad universitaria, lo que ha dado como resultado un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.
 
El Tribunal impuso dos condiciones que el INTA deberá cumplir, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Drogas 23.737: destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería, con un lugar mínimamente edificado, a los efectos de ser usado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y lucha contra el narcotráfico en la región; y acondicionar un predio de unas diez hectáreas y ponerlo a disposición del Estado provincial o nacional para el funcionamiento de una institución dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de consumo adictivo de estupefacientes.
 
En noviembre de 2013, el jefe del Escuadrón N°57 “Santo Tomé” de la Gendarmería informó al Juzgado Federal de Paso de los Libres que, por medio de testimonios y posteriores tareas de inteligencia habían tomado conocimiento de que cada miércoles y jueves, en la estancia Santa Úrsula aterrizaba una avioneta y permanecía allí al menos 45 minutos, rodeada y custodiada por hombres armados hasta los dientes.
 
El 14 de noviembre de 2013 se produjeron los allanamientos. El operativo se llamó Ciervo Blanco, porque los gendarmes, para garantizar el efecto sorpresa de su presencia en la zona de bañados, simularon ser cazadores.
 
En Santa Úrsula detuvieron a uno de los integrantes de la banda, identificado como Carlos Elías Pacheco. En el establecimiento se encontraron piezas de aeronaves; eso motivó una requisa más profunda y en una zona de monte aparecieron, ocultas entre las vegetación, dos avionetas Cessna. Al mismo tiempo se realizó otro procedimiento, en la estancia Santa María del Aguapey, situada al lado de la otra, sobre el eje de la ruta provincial 42, paralela al parque nacional Iberá.
 
Ahí sí se vio lo más interesante: una larga zona parquizada que servía como pista de aterrizaje, algo rudimentaria, pero óptima para el tipo de vuelos que recibía. Esto quedó demostrado con el hallazgo de una avioneta Cessna U206G, varios vehículos, una cisterna con 3000 litros de combustible para aeronaves y un acoplado en el que habían sido estibados 12 bultos, cada uno de los cuales contenía 25 paquetes con una sustancia compactada: el narcotest reveló que era cocaína de máxima pureza y el pesaje, que se trataba de 329,872 kilos de droga.
 
En Santa María del Aguapey fueron arrestadas siete personas: Carlos Alberto Pereira, José Villán, William Hurtado Suárez, Edison Fernando Álvez Dzwieleski, Gabriel Pirro Moris, José Alberto Velazco y Noelia Rocío Brítez. Los gendarmes de Santo Tomé secuestraron teléfonos celulares, armas y documentación. En total, se incautaron en los procedimientos una Toyota Hilux, una moto Zanella Z-B110 y una Brava Elektra 150, un cuatriciclo Guerrero Mapuche, cuatro avionetas Cessna modelos U206G, 377 Skymaster, 180 y 182, dos acoplados (uno, tipo cisterna y otro, tipo tráiler) 15.140 dólares y 96.014 pesos (unos 24.000 dólares en esa época).
 
Los detenidos eran una fuerte célula operativa local. De la documentación surgía que había tres prófugos: María Hilda Calabrese, dueña de Santa María del Aguapey; su pareja, Florentino Dante Niemiz, encargado de esa finca y de Santa Úrsula, y Horacio Rubén Acosta, el hombre que, según revelaban los papeles, gestionaba la compra de las avionetas que tripulaban Hurtado Suárez y Pirro Moris.
 
Calabrese fue detenida meses después, en febrero de 2014. El 7 de abril de ese año, Niemiz se entregó en el juzgado federal de Paso de los Libres. Y 18 días después, Acosta fue arrestado cuando intentaba cruzar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Misiones y Paraguay, entre Posadas y Encarnación.
 
Pero quedaba un prófugo más, que era quien había firmado el contrato de arrendamiento: Silvio André de Lima Borges. No era otro que Marino Divaldo Pinto de Brum, un experto lavador de dinero nacido en Uruguaiana, al otro lado del río Uruguay, frente a Paso de los Libres, y reconocido en Brasil como la mano derecha de Fernandinho Beira Mar, el temible líder del Comando Vermelho.
 
Ya en ese momento la DEA norteamericana consideraba a Pinto de Brum “uno de los grandes traficantes internacionales que operan en ese país, asociado con bandas mexicanas, norteamericanas, argentinas y bolivianas”. El Ministerio Público de Río Grande Do Sul le atribuía el manejo de una red logística de tráfico de cocaína proveniente de Bolivia. Los cargamentos arribaban en avionetas a Uruguaiana y luego a Palmares Do Sul, a 90 kilómetros de Puerto Alegre, antes de ser remitidos en barco –presumiblemente, desde el puerto de Santos, San Pablo– hacia Europa.
 
Pinto de Brum se convirtió en un fantasma durante un tiempo. Se movía por la zona costera de Río Grande do Sul y se movía en una camioneta blindada con custodios fuertemente armados. Eso no impidió que fuera detenido en agosto de 2017 en Tramandaí, importante balneario de aquel estado, donde participaba de la planificación del robo a un banco. Tampoco le sirvió, esa vez, intentar sobornar a los policías con 1.000.000 de reales para que lo dejaran escapar.
 
Cuatro meses antes, sus cómplices argentinos habían sido condenados. Penas de entre 8 y 20 años de prisión por asociación ilícita y transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes. La mayor sentencia recayó en Calabrese, Niemiz y Pacheco. Solo Noelia Brítez resultó absuelta entre los que llegaron a juicio oral en Corrientes ante los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Cerolenide.
 
En ese fallo se decretó, además, el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles secuestrados a la organización criminal, incluidos las estancias Santa María del Aguapey y Santa Úrsula. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó, posteriormente, los decomisos oportunamente ordenados sobre los dos establecimientos rurales.
 
Conocida la detención del capo del Comando Vermelho, la Justicia argentina pidió la extradición de Pinto de Brum para juzgarlo por el caso de los narcoaviones de Santo Tomé. Pero las autoridades brasileñas se opusieron, aunque ofrecieron la posibilidad de que fuera juzgado en Río Grande do Sul por los delitos cometidos en la Argentina.