Fraude Corporativo: Un cambio de tendencia que pone en riesgo a las empresas en Latinoamérica y el Caribe
Características del fraude corporativo en América Latina y el Caribe
El fraude corporativo afecta a todas las organizaciones. En América Latina y el Caribe, a partir de un estudio realizado por BDO, identificamos que el 81% de los encuestados ignora el impacto del fraude corporativo en las organizaciones en las que trabajan. Las pérdidas generadas por los casos de fraude, además de impactar directamente sobre las empresas involucradas; también se trasladan a inversores, proveedores, al sistema financiero, y a las comunidades en general.
Solo el 36% de los encuestados cree que sus organizaciones están adecuadamente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude. Así mismo, las compañías que detectaron casos de fraude durante el último año, en promedio, sufrieron 46 casos durante el último año. Los casos de Fraudes de Ciberseguridad, pasaron a liderar las tipologías típicas de Fraude Corporativo, representando un 58% de los casos, y los esquemas de “Corrupción” y de “Fraude en Compras”, liderados principalmente por la Gerencia Media, duplicaron a los casos de Malversación de activos.
Durante la pandemia se identificó una explosión de casos catalogados dentro de tipologías de Fraude de Ciberseguridad, siendo un cambio de tendencia que debemos seguir con mucha atención.
Adicionalmente, el 25% de los casos de fraude involucraron pérdidas mayores a 500 mil dólares, y el 3% implicaron pérdidas mayores a los 100 millones de dólares. El fraude corporativo generó 163 mil dólares de pérdidas en promedio por cada incidente detectado durante el último año para cada empresa. El 74% de los esquemas identificados tuvieron una duración máxima de hasta 2 años, y el 77% de los mismos fueron cometido por más de una persona.
En cuanto a la distribución geográfica: Argentina, México y Brasil concentraron el 74% de los casos de fraudes detectados en la región.
Solo 28% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de reportes internos, ya que los sistemas de canales de denuncia aún no se encuentran difundidos masivamente en la región. Por otro lado, los controles basados en tecnología, únicamente detectaron el 9% de los casos, mostrando un fuerte contraste con la tendencia global para esta categoría, que implica un 44%. Las empresas en nuestra región manifiestan tener entornos de control interno inmaduros de forma extendida.
Al momento de hablar de los fraudes más significativos, observamos una creciente tendencia por la judicialización de los mismos, ya que un 37% de los casos fueron llevados a juicio; y los "cambios en los procesos de negocios" y los "despidos de personal" fueron las medidas más extendidas entre las organizaciones, en un 93% y un 51%, respectivamente.
Así mismo, se observa que no existe una tendencia que nos permita vincular la antigüedad o jerarquía de un empleado con una mayor o menor probabilidad de cometer un fraude, representando un cambio de tendencia que continúa fortaleciéndose durante la última década.
Identificamos que los programas anti-fraude y anti-corrupción deben actualizarse para enfrentar a los nuevos desafíos que están surgiendo, a partir del fuerte enfoque relacionado con la lucha en contra de la corrupción, cada vez más importante en la región. La presencia de un sistema robusto de controles puede ser un poderoso elemento disuasorio, así como un mecanismo de prevención y detección, de esquemas que involucren casos de fraude y corrupción.
Respecto de los canales de denuncia solo el 11% de las empresas implementaron dichos canales, siguiendo las mejores prácticas, utilizando los servicios de compañías especializadas. En esta misma línea son pocas las empresas que perciben que han logrado gestionar el cambio cultural necesario para que sus colaboradores reporten, sin excepción, hechos significativos contrarios al desarrollo ético de los negocios. Solo un 26% de los encuestados, asegura que en su organización los colaboradores siempre reportarían hechos graves, a través de los canales de denuncia establecidos.
En comparación con la encuesta realizada por BDO en 2018/2019, observamos un incremento del 8% en la cantidad de organizaciones que mencionan estar alcanzadas por alguna norma anti-corrupción. Por otro lado, del 54% de las organizaciones que dicen no estar alcanzadas por ningún estándar anti-corrupción, el 67% corresponde a empresas cuyas casas matrices están constituidas en países que ya han sancionado una norma anti-corrupción.
Respecto de las perspectivas sobre el impacto del fraude corporativo, el 52% de las empresas creen que el fraude corporativo fue igual o mayor comparado con el año anterior. Al mismo tiempo, el 69% de las empresas latinoamericanas creen que el fraude corporativo será igual o mayor comparado con los últimos 12 meses, pero ante este escenario descripto, es llamativo como solo el 33% manifiesta que incrementará sus inversiones para adaptarse a la coyuntura pronosticada.
Recomendaciones clave
A partir de lo puntualizado, está claro que las organizaciones deben actuar rápidamente.
Según las respuestas consolidadas por BDO, a partir de los distintos puntos de vista recibidos desde Latinoamérica y el Caribe, consideramos que las siguientes acciones están alineadas con los desafíos que enfrentan las organizaciones, asociados con el fraude corporativo y a la corrupción. La tendencia internacional nos muestra que el desarrollo de negocios basados en principios éticos requiere una gestión integral, con la implementación de programas de Compliance que incluyan los siguientes aspectos:
Un claro apoyo desde la alta dirección (Tone from the Top): será fundamental para que la lucha contra el fraude y la corrupción ocupe un lugar relevante dentro de la estrategia de las organizaciones.
Identificación de riesgos: La disuasión y la prevención del fraude comienzan por la comprensión de los riesgos presentes en todos los procesos de negocios. La identificación de riesgos como punto de partida es central para desarrollar esquemas de control interno eficientes y totalmente adaptados a cada organización.
Monitoreo y evaluación continua, con foco en controles basados en tecnología: Nuestros encuestados informaron que los controles basados ââen tecnología representaron el 9% de los fraudes detectados en la región, cuando a nivel mundial se reportó una media del 44%. Es fundamental que las organizaciones aumenten sus inversiones en tecnología para robustecer los ambientes de control interno, en escenarios en los que la transformación digital continuará expandiéndose.
Identificación de brechas de Ciberseguridad: comprendemos que durante el periodo de pandemia se generó una necesidad por digitalizar procesos y transformar digitalmente negocios como nunca antes, y la prioridad fue hacer esto con mucha rapidez, ya que de ello dependía la supervivencia de las organizaciones. Esta coyuntura generó un escenario propicio para un aumento exponencial de los esquemas fraude de ciberseguridad. A partir de estos aprendizajes, es clave incorporar una mirada desde la ciberseguridad como parte de la estrategia de negocios de toda organización.
Capacitación a los empleados y a terceras partes que provean servicios estratégicos: Las organizaciones deben realizar capacitaciones periódicas tanto a los empleados, como parte de sus programas antifraude y anticorrupción, e incluir al personal clave, vinculado a servicios estratégicos provistos por terceros.
Screening de Terceras Partes: Más de 95% de las investigaciones que implicaron sanciones en el marco de la FCPA demostraron la participación de terceras partes en el desarrollo de esquemas de pagos de sobornos a funcionaron públicos. Adicionalmente las empresas indicaron en un estudio realizado por BDO, que en el 18% de los casos de fraude se identificaron a terceras partes liderando la perpetración del caso de fraude más significativo ocurrido durante el último año: incluyendo proveedores, clientes y personal tercerizado.
Investigaciones internas: Las investigaciones desarrolladas en Latinoamérica y el Caribe se llevaron adelante aplicando protocolos de investigación previamente establecidos, en un 70% de los casos; lo cual es muy alentador pensando en que cada vez más organizaciones están comprendiendo la necesidad de realizar investigaciones profesionales para llevar a juicio casos de fraude, así como también para reportar hechos de corrupción en múltiples jurisdicciones.
Implementación de canales de denuncia: En nuestra región solo el 28% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de una denuncia interna, cuando a nivel internacional cerca del 45% de los casos se detectan por esta vía, siendo la principal herramienta de detección de casos de fraude. Es deseable que las organizaciones rápidamente implementen canales que aseguren la confidencialidad y el anonimato, acompañados por políticas anti-represalias.
Fortalecimiento de la función de Compliance: Durante la última década, vimos como cada vez más compañías incorporaron roles de Compliance y desarrollaron sus programas de Integridad, a la luz de las recientes normas anti-corrupción promovidas por la OCDE, así como por el fuerte enforcement de la FCPA. En la coyuntura actual, observamos que las compañías deben profundizar esta tendencia, incorporando la mirada de Compliance de forma más profunda a la estrategia de negocios, y llevando los programas de Compliance inicialmente desarrollados, a un siguiente nivel de madurez, mediante la implementación de las recientes normas ISO 37001 (Sistemas de gestión anti-soborno), y la ISO 37301 (Sistemas de gestión de cumplimiento).
