Una arrocera ilegal es la responsable del desvió de las aguas del río Miriñay que esta seco
Una explotación arrocera del departamento de Curuzú Cuatiá fue señalada por la Justicia como la responsable del desvío de las maguas del rio Miriñay, lo que ocasionó que prácticamente se secara aguas abajo con un daño enorme para otros emprendimientos similares y uno inconmensurable para la biodiversidad del lugar.
La Gendarmería Nacional, efectivos del Escuadrón 7 de Paso de los Libes, por pedido de la Fiscalía Rural y Ambiental que comanda Gerardo Cabral, allanaron la Estancia Santa Victorina, propiedad de una familia de apellido Perazzo, constatando la existencia de una Arrocera, que sería ilegal y que está explotada por la firma de San Salvador Entre Ríos, Marcos Schmukler S.A..
En esta explotación construyeron un terraplén sobre el rio Miriñay que impide el normal escurrimiento de las aguas, ocasionando a los campos aguas abajo innumerables inconvenientes, además de destruir el ecosistema del rio al dejarlo seco.
La barrera ilegal sobre el río está a unos 10 kilómetros de Perugorría, muy cercana a la zona donde se encuentran las plantaciones de Adecoagro, firma a la que se denunció por instalar 7 bombas extractoras sobre el río Corriente, cuyo curso también aparece por estos días casi seco.
Cabral, el fiscal Rural y Ambiental, adelantó que en las próximas horas se formalizarán las imputaciones contra el dueño del campo, el dueño de la arrocera y el técnico encargado de la obra y que "se están buscando los medios para conseguir las maquinarias para la destrucción del terraplén y que el agua vuelva a su caudal".
"Se constató la presencia de una barrera de contención artificial sobre el rio Miriñay en una zona de bastante difícil acceso. Se envió el oficio a Gendarmería para pedirle más detalles y ellos realizaron un allanamiento" dijo el fiscal en declaraciones a Radio Dos en las durante las cuales se reveló además que se secuestró una estación de bombeo y una retroexcavadora.
Cabral confirmó que "se constató la propiedad del campo y de la explotación arrocera”. “Es ilegal incurriendo en dos delitos, de usurpación de agua y daño gravado" destacó antes de asergurar que "estamos próximos a iniciar las imputaciones sobre el dueño del campo, dueño de la arrocera y el ingeniero de la obra".
"Vamos a judicializar este tipo de emprendimientos. Podría haber responsabilidad penal e incumplimiento de deberes de funcionario público" advirtió el fiscal.
De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, la firma Marcos Schmukler S.A., responsable de la explotación, duplicó sus superficies sembradas sin autorización alguna y sin pedido de uso de agua correspondiente ante las autoridades del ICAA.
Aguas abajo del terraplén ilegal, el ganado de los establecimientos rurales no tienen agua, y el daño más grave aún es el que sufre la flora y la fauna de la zona que se muestran destruidas.
La fiscalía avanza acusando a los responsables de los delitos de usurpación de aguas, previsto y penado por el artículo 182 del Código Penal además de haberse dado intervención al ICAA, para que realice los controles y garantice las cuencas hídricas de la provincia de Corrientes.
