La Nación gasta $ 95.000 millones al año en planes sociales mal otorgados o pagados a muertos
Un trabajo que debió haberse hecho hace años y que debería ser actualizado casi periódicamente, pero -vaya a saber porque interna política- que recién se ordenó hace poco tiempo atrás, reveló las cifras monstruosas relacionadas con el dinero dilapidado por el Gobierno nacional al entregársele a organizaciones sociales. Estas, a su vez, hacen ingresar esas cifras siderales a un agujero negro que la Justicia debería determinar con certezas donde comienza y donde termina.
La AFIP, por pedido del ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, realizó un entrecruzamiento de sus bases de datos con las de beneficiarios de planes sociales y destapó la caja de Pandora. “Cobran” el beneficio del plan Potenciar Trabajo, $ 27.275 mensuales, unos 2.800 fallecidos.
Si bien la cifra es escandalosa porque significa que alguien se lleva al bolsillo dinero del estado mes a mes de manera ilegal, resulta insignificante al lado de otras revelaciones: del 1.383.279 titulares del “potenciar trabajo”, se detectó además que: 253.184 (el 18,30%) han realizado manifestaciones patrimoniales en las declaraciones juradas de Bienes Personales revelando tener una propiedad y en algunos casos hasta más de dos; y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses, algo que no cualquier mortal trabajador que vive de un sueldo puede hacerlo en la Argentina.
El cálculo es ineludible: los muertos se llevan al bolsillo $ 76.370.000 pesos por mes. Quienes tienen propiedades, algo que en teoría los inhabilita para recibir el beneficio, juntan entre todos la friolera de $ 6.905 millones de pesos. Finalmente, los afortunados que reciben un plan social y compran dólares para ahorro logran sacar mensualmente $ 965.514.450, o sea compran unos 3,7 millones de dólares al mes a valor de dólar solidario.
La suma final impacta. De manera irregular el potenciar trabajo reparte mensualmente de manera irregular e ilegal nada más y nada menos que: 7.947 millones de pesos al mes. Al año nada mas y nada menos que 95.364 millones de pesos.
Llamó la atención que tras conocerse el escándalo, con curioso poco espacio en los medios porteños con alcance nacional, hubo silencio de los principales referentes de los movimientos sociales o piqueteros que ni siquiera se animaron a decir que los datos son inexactos. Tampoco hablaron del tema funcionarios del Gobierno Nacional o del oficialismo político.
La actual ministra del área, a la que los movimientos sociales califican de “insensible” mientras sus funcionarios le renuncian disconformes asegurando que lo único que hace es “sacarse fotos”, aseguró que va a “depurar el padrón” y en una conferencia de prensa que ofreció presionada por la revelacion, dijo que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios y agregó: “Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades” y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
Si los entrecruzamientos se dieran con el objetivo de revisar lo actuado, desde el próximo pago deberían cobrar menos de 1.100.000 personas y el estado debería ahorrase 7.947 millones de pesos. Es que la normativa del programa es muy clara, solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular”.
Desde la oposición se guarda el mismo silencio que desde el oficialismo sobre el escándalo. Pero la Justicia ya tomó intervención. El fiscal federal Guillermo Marijuan le solicitó a Tolosa Paz que le envíe la documentación del entrecruzamiento de bases, para comenzar a desandar el camino que busca determinar a donde fueron a parar esos fondos, porque fueron pagados si no corresponden, determinar cuánto es el daño que sufrió el Estado Nacional, y determinar quiénes son los responsables.
El escándalo, revelado en exclusiva por el medio digital Infobae, alineado con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, se desató cuando los documentos fueron entregados al ministerio de Desarrollo Social, 11 días después de la asunción de Tolosa Paz, quien no habló ni denunció la situación hasta que presionada por las publicaciones periodísticas ofreció una conferencia de prensa.
El programa Potenciar Trabajo, es manejado por el líder piquetero del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno Nacional, Emilio Pérsico. En el proyecto de presupuesto 2023 se prevé para este programa un aumento del 160%. Casi el doble del que, por ejemplo, recibirá el de Políticas Alimentarias, conocido como la Tarjeta Alimentar, que tendrá una suba del 78%.
Pérsico juega a ser Dios y el Diablo, porque así como es quien “controla” y “administra” estos planes sociales, es uno de los que maneja miles de beneficiarios que cobran la mitad de un sueldo Mínimo Vital y Móvil y que deben cumplir con 4 horas de trabajo diarias como contraprestación, aunque la mayoría no lo hace.
El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, fue creado por la administración de Alberto Fernández cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. No es la primera vez que queda en medio de un escándalo.
Parte del 2021 y casi todo este año, ha sido foco de conflicto con las organizaciones sociales de izquierda, porque los piqueteros rebeldes vienen reclamando, un aumento en los cupos del programa, algo que Desarrollo Social les negó de manera sistemática, aunque los fondos siguieron creciendo, al extremo que Pérsico durante el 2023 tendrá en sus manos una caja de $ 590.982 millones, que por los resultados del entrecruzamiento es manejada con mucha discrecionalidad y sin control.
A mediados de año, allá por el mes de junio, el entonces ministro Zabaleta, dispuso que 180.000 beneficiarios que cobraban sus haberes a través de organizaciones sociales pasaran a hacerlo a través de los municipios. Lo hizo después de que saliera a la luz algo que era vox populi: que los beneficiarios de esos planes debían entregar un 2% a los dirigentes, en este caso los del Polo Obrero, que al quedar expuestos se defendieron diciendo que era fondos para el funcionamiento de la organización: Unos $ 32.730.000 pesos mensuales, ya que los “aportantes” eran unas 60.000 personas. El que se negaba perdía el “plan”.
Dicho en otras palabras, o visto desde otra óptica, el Gobierno Nacional mes a mes aportaba esos poco más de 32,5 millones de pesos para la logística de las organizaciones que cortan diariamente el tránsito en cientos de puntos de la Argentina, aunque especialmente son quienes viven en el AMBA los que más lo sufren.
Dos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández prohibió nuevos ingresos al Potenciar Trabajo, y también que las bajas de beneficiarios sean reemplazados. Pero como contrapartida les dio acceso a las organizaciones sociales al 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.
En las últimas horas, voceros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aseguraron que la totalidad de los beneficiarios serán obligados a realizar una “autogestión de validación de identidad” y responder una encuesta. El plazo vencería el 5 de enero, y quienes no participen de las dos acciones serán dados de baja de manera automática. Los miles de millones perdidos ya no se recuperarán.
