Detuvieron a un conocido empresario correntino por las estafas con propiedades
Un conocido empresario correntino se sumó en las últimas horas a la lista de detenidos por orden de la Jueza Josefina González Cabañas en el marco de las investigaciones que lleva adelante por las irregularidades detectadas en la Dirección de Catastro y en el Registro de la propiedad de Corrientes y que incluyen la venta irregular y apropiación de propiedades, estafas y falsificación de documentos.
Las personas implicadas en el escándalo ya son más de 20, entre ellas el director de la Dirección de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Toffoletti y la directora del Registro de la Propiedad Inmueble la escribana María Eugenia Demetrio.
Ahora se le sumó el empresario correntino Gerardo Bergman, acusado de adulteración de documentación pública.
Las maniobras fraudulentas quedaron al descubierto tras una denuncia realizada por la apropiación de un campo que figuraba dentro de la sucesión de un ex gobernador correntino. Esa denuncia llevó a que el 12 de febrero de este año, Prefectura Naval Argentina detuvo a cinco integrantes del grupo que tenían como modus operandi la falsificación de instrumentos públicos.
En ocho allanamientos realizados ese día de manera simultánea a viviendas, una escribanía y dos estudios jurídicos, se detuvo a tres mujeres y dos hombres. Entre ellos a la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, el abogado Iván Bordón y la escriban Gladys Báez, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Se pudo secuestrar también durante los allanamientos casi un millón y medio de pesos en moneda nacional, 60.000 dólares, más de 3.000 euros, 1600 reales y 3.194.000 guaraníes, y títulos de propiedad, escrituras, planos y mensuras. En uno de los domicilios allanados, en Santa Ana, se encontró una gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 Documentos Nacionales de Identidad.
Posteriormente, en los primeros días de Julio, en otro procedimiento, se logró la captura de un agrimensor, acusado de formar parte de la organización que se dedicaba a falsificar instrumentos públicos para respaldar la apropiación y la compra y venta de propiedades de manera irregular. Esa detención se concretó tras un allanamiento realizado por la Prefectura Naval Argentina durante el cual, se secuestró también una importante cantidad de documentación.
El procedimiento se realizó en un departamento de calle San Lorenzo al 1500 de Corrientes. De acuerdo a fuentes judiciales, en el lugar se hallaron algunos planos de mensuras realizados por el profesional que tendrían directa relación con algunas de las apropiaciones ilegales, maniobra de la que participaban además personal de Catastro y del Registro de la Propiedad de Corrientes.
La causa está a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, y además de los profesionales tiene involucrados tiene implicados a funcionarios de la oficina de Catastro de Corrientes y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, donde dos días después de las detenciones hubo un incendio en el área de sistemas que provocó la pérdida de documentación.
La organización buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la Propiedad, la cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada previa falsificación de la mensura realizada por los agrimensores.
También, si determinaban que los dueños de las propiedades estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, para así poder escriturar el inmueble.
La banda, tenía además un negocio irregular con el loteo San Blas, ubicado sobre la Ruta Provincial 43, a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12. Ese sería el centro del escándalo.
En la causa permanece prófuga la falsa escribana y dirigente política Teresa Vázquez, de quien no se sabe su paradero desde que la jueza González Cabañas le rechazó la eximición de prisión presentada. En su casa particular en Santas Ana fue donde hallaron la mayor cantidad de documentación adulterada, y los 250 documentos nacionales de identidad.
La Investigación
El fiscal Gustavo Roubineau, aseguró que las pruebas en los expedientes judiciales sustentan no sólo las imputaciones de los involucrados, sino también las detenciones y la negativa de la jueza actuante de otorgar las excarcelaciones solicitadas.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sostuvo que el Estado será querellante en la causa y que mientras tanto se resuelva la situación, ambos organismos estarán bajo la órbita de Piasentini, pues por el momento no serán intervenidos.
"Estamos en conocimiento de la causa y debe ser investigada profundamente porque estamos hablando de una estafa al Estado de la Provincia", dijo el mandatario en declaraciones radiales. "Me interioricé con el fiscal general [César Sotelo], y le di la orden al fiscal de Estado [Horacio Ortega] para que se involucre y comencemos a querellar nosotros. Es una estafa al Estado. La Provincia se va a constituir como querellante", anunció.
En esta misma línea, aclaró que "acá no hay impunidad, acá tienen que ir presos y pagar los culpables. La Justicia tiene que actuar y tratar, en el marco de la ley, de que el fisco tenga el menor daño posible". E insistió: "Pero no nos escondemos, ni buscamos impunidad".
"Es la Justicia correntina la que está investigando y actuando contra los organismos públicos que están en una maniobra de defraudación, y los funcionarios que están involucrados, sea por asociación ilícita o por estafa, tienen que ir presos". "Tienen que pagar como cualquiera y tener su sentencia. No hay otra forma", puntualizó.
El fiscal recordó además que la causa se inicia al detectarse una irregularidad con la propiedad de un terreno que le perteneció en vida al exgobernador de Corrientes Julio Romero (PJ), terreno calibrado en varias hectáreas y que se encuentra en la localidad de Loreto, en el interior provincial. Este dato es relevante dado que las maniobras ilícitas que se investigan se habrían verificado en alrededor de 25 expedientes sobre propiedades en distintos lugares de la provincia.
"Existen muchas causas de falsedades documentales o de estafas cometidas con inmuebles o a través de escribanos públicos, incluso varias causas de la misma escribana Báez -que es la que aglutina todos los hechos de nuestra investigación-. Son casos que aparecen en principio como aislados pero que tienen un desarrollo y una una idea común, con la intervención de las mismas personas y el mismo mecanismo. Obviamente implica una investigación que es muy compleja, que es grave, pero para nosotros la hipótesis de la intervención o la participación de los funcionarios públicos tanto del Registro de la Propiedad como de Catastro, yo creo que está mínimamente acreditada en el expediente y estamos hablando de una investigación que recién está empezando", dijo el fiscal en un programa de televisión local, que se emitió en adelanto la noche del martes.
Tales declaraciones, entre otras de importancia para la investigación, ocurrieron luego de que la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, a cargo de las actuaciones, denegara los pedidos de excarcelación presentados por varios de los detenidos, entre los que se encontraba el pedido de la directora del Registro de la Propiedad, la escribana María Eugenia Demetrio, quien además de dirigir la oficina registral correntina, desde noviembre pasado presidía el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.
También continúa, quien prefirió no declarar en una primera instancia y ni siquiera presentó un pedido de excarcelación. Ambos están detenidos desde el 11 de agosto, junto con otras cinco personas, que se sumaron a otras tantas detenidas en febrero.
Todos están imputados con distintos grados de participación en la causa que obedece, según la Fiscalía, a una investigación que se viene desarrollando desde el año 2021 y tiene por objeto indagar sobre una serie de defraudaciones cometidas contra una importante cantidad de inmuebles ubicados en territorio provincial que han sido despojados a sus legítimos dueños mediante escrituras públicas y otros documentos falsos, accionar que se atribuye a una organización o banda criminal integrada, entre otros, por escribanos, abogados y funcionarios públicos, que incluye a un fiscal: al titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes, doctor Gustavo Schmidt Breitkreitz, a quien se lo involucra en una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión.
La principal implicada es la escribana Gladys Dionisia Báez, detenida desde principios de año y a quien se le imputa un "sinnúmero de defraudaciones y estafas, que analizadas en su conjunto, amenazan y ponen en riesgo la seguridad del sistema registral y catastral de esta provincia", señala el dictamen mediante el cual el fiscal Roubineau solicitó a la jueza González Cabañas los allanamientos y las detenciones.
La mención del nombre de la escribana Báez no constituye novedad para las carátulas penales. Desde el año 2009 es seguida por la Justicia Federal debido a otras operatorias, entre las que se encuentra la compra, venta y traspaso de dos inmuebles al exgobernador Ricardo Colombi en maniobras investigadas por datos falsos en las escrituras.
Los delitos que se le imputan a ella y las demás personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados, y fraude en perjuicio de la Administración Pública
