Causa derrumbe: un arquitecto complicó más a los empresarios imputados
Un arquitecto del Consejo Profesional de Ingenieros de Corrientes complicó más a los empresarios del edificio que se derrumbó y provocó la muerte de ocho obreros de la construcción, al declarar como testigo en el juicio oral contra los tres imputados. El abogado querellante, Juan Manuel Cubilla Podestá, sostuvo que “la forma irregular en la que se manejaban los empresarios dejó en evidencia que solo les importaba abaratar costos, no así la vida de los obreros ni sus deberes”.
En marzo de 2012, cuando ocurrió el derrumbe trágico por calle San Martín al 600, el arquitecto Gerardo Aromí era el encargado del núcleo técnico de construcciones del Consejo Profesional y declaró como testigo en el juicio contra los empresarios imputados.
Aromí relató cómo hicieron los empresarios los trámites para la obra ante el Consejo Profesional. Explicó al Tribunal cómo debían haber sido los roles de los que formaban parte de la obra en la dirección, la construcción y el cálculo.
Entre los datos sobresalientes de su declaración testimonial, Aromí admitió que, ante el Consejo Profesional, “los empresarios habían declarado varias plantas menos de las que construyeron”. Recordó también que “habían declarado que el edificio era para oficinas y no para departamentos”. Finalmente, el arquitecto agregó que el día del hecho fue hasta el derrumbe y se dio cuenta que había más pisos de los que habían declarado. Todo esto se habría realizado con la finalidad de pagar menos aportes al Consejo Profesional.
Aromí dejó en claro que el Consejo Profesional, desde que él trabaja en esa institución civil, “nunca sancionó a ingenieros ni arquitectos”. Reconoció que el Consejo “no tenía área de fiscalización para el control” y descargó toda la responsabilidad en la Municipalidad de Corrientes.
Luego de esta declaración, el abogado Cubilla Podestá, que patrocina a familiares de obreros, afirmó: “Queda una vez más demostrada la forma irregular en la que se manejaban los empresarios de la obra con tal de abaratar costos, sin importarles la vida de los obreros”.
Para Cubilla Podestá, está claro que “lo único que les importaba era el costo y no la seguridad, ni las leyes, ni sus deberes profesionales” que tenían como responsables al poner en marcha la construcción de un edificio de esta envergadura.
A su vez, el abogado querellante expresó su preocupación porque “el testimonio de Aromí dejó en evidencia que el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Corrientes solo tiene una finalidad recaudatoria y no garantiza a la sociedad un control adecuado de los profesionales” en las obras.
