Causa derrumbe: La querella denunció una violación de los derechos de las víctimas
El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá afirmó que la Justicia de Corrientes violó este viernes los derechos de las víctimas y familiares en la causa por la muerte de 8 obreros en el trágico derrumbe de una obra al aceptar lo que calificó como “un insólito pedido” del fiscal Carlos Lértora que favoreció a los empresarios imputados en el derrumbe de la obra de San Martín al 600 el 22 de marzo del 2012 y que terminó costando la vida de ocho obreros de la construcción.
Las afirmaciones fueron tras finalizar la cuarta audiencia de suspensión de juicio a prueba en la que los damnificados del derrumbe ocurrido en una obra en construcción el 22 de marzo del 2012 se expresaron a favor o no de un acuerdo con los imputados, uno de los cuales propuso un monto de 42 mil pesos por cada víctima fatal como indemnización, lo que fue aceptado por el fiscal en contra de la postura de la querella.
Este viernes, tres de los damnificados que aún no se habían expresado ante el tribunal lo hicieron. Se trata de Jorge Enrique Zarabozo, Nelly Ojeda y desde bella Vista, José Augusto Molina. En forma posterior el Fiscal doctor Carlos José Lértora emitió su dictamen, en el que se inclinó a favor de la probation para el arquitecto Marcelo Mayer, el ingeniero Walter Bruquetas, y el capataz Carlos Valenzuela.
Los doctores Raúl Juan Carlos Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo escucharon también el informe de la Asesora de Menores N°4, doctora Estela Fanny Romano, en representación de menores involucrados en la causa.
Luego, los integrantes del Tribunal Oral Penal N°1 pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves 18 a las 8.30, oportunidad en que darán a conocer la resolución respecto de la concesión o no del beneficio de la suspensión del juicio a prueba solicitado por los defensores de los imputados por “Supuesto Estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”.
Cubilla Podestá, quien patrocina a familiares de los obreros fallecidos en el derrumbe del edificio en construcción, la tragedia más grave de ese tipo en Corrientes, ocurrida en 2012. Ahora, el jueves a las 8, el Tribunal Oral Penal 1 deberá decidir si permite que, con tareas comunitarias e irrisorias propuestas indemnizatorias, los empresarios eviten ser sometidos al juicio oral.
En la audiencia de este viernes, Cubilla Podestá hizo reserva para que la causa vaya hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el Tribunal decida beneficiar definitivamente a los imputados.
El Tribunal, por pedido del fiscal Lértora, decidió impedir que los abogados querellantes pudieran expresarse en la audiencia de este viernes. “Nos negó la palabra, por considerar innecesaria, lo cual es muy grave porque vulnera los derechos de las víctimas”, expresó Cubilla Podestá.
El Tribunal está presidido por el juez Raúl Juan Carlos Guerín, quien sí votó a favor de que la querella participe. En cambio, las juezas Cynthia Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo resolvieron a favor de los empresarios.
“Dos de los tres jueces del Tribunal y el fiscal se olvidaron de los derechos de las víctimas. Con dos votos, el Tribunal impidió a las querellas el uso de la palabra evitando que pudieramos defender la postura y el pedido de justicia en el proceso penal”, agregó el abogado.
“Lo insólito es que dicho pedido de expulsión de la querella provino del fiscal de la causa, que lejos de acompañar el reclamo de justicia terminó pidiéndole al Tribunal, junto a los defensores de los imputados, que no haya juicio en la causa derrumbe”, afirmó el querellante.
Luego de fuertes cruces y desplantes del fiscal Lértora contra las querellas, el mismo funcionario sostuvo que se trata de “un lastimoso accidente” y que el ofrecimiento económico realizado de 500 mil pesos era suficiente pudiendo las víctimas hacer juicio en otros tribunales si así lo pretendían.
Insólitamente, uno de los empresarios propuso hace pocos días pagar un total de 500 mil pesos como indemnización: 42 mil pesos por cada víctima fatal, cifra que todavía no pudo ser rechazada formalmente por los familiares porque el Tribunal no permitió que la querella participe de la audiencia este viernes. “Nos sorprende de sobremanera que el fiscal haya desatendido el pedido de justicia de las víctimas y que buscara una salida rápida a esta causa después de 9 años de espera de los familiares por justicia”, afirmó Cubilla Podestá.
“Nuestra parte querellante hizo reserva de ir hasta la Corte Suprema porque en esta causa se violaron, a nuestro entender técnico, los más básicos derechos de quienes sufrieron la pérdida de sus familiares en este trágico incidente”, sostuvo Cubilla Podestá.
“No existe un derecho un derecho constitucional a la suspensión de juicio en un Estado republicano y democrático como el argentino, el único derecho que asiste a los imputados constitucionalmente es a un juicio justo con todas las garantías de ley”, explicó el abogado.
“Resaltamos la postura de la Asesoría de Menores, que en coincidencia con los planteos de la querella, pidió que haya juicio contra los responsables y que se garanticen los derechos constitucionales de las víctimas”, agregó el abogado.
El hecho
En el requerimiento de elevación a juicio se tuvo por probado que entre las 12.30 y 12.50 del 22 de marzo del 2012, 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua. Y al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.
El Fiscal consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos.
Los fallecidos fueron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacaríaz, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina. Quienes recibieron lesiones graves fueron Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela, y lesiones de carácter leves José Augusto Molina.
