Alberto Fernández le punto a la Justicia, el gobierno anterior y los medios y anunció aumento de tarifas
El presidente Alberto Fernández afirmó este que el Gobierno seguirá "trabajando incansablemente" para conseguir vacunas contra el coronavirus y destacó que la administración a su cargo encaró "el mayor operativo de vacunación de la historia argentina", al realizar ante la Asamblea Legislativa un repaso del año de la pandemia.
Con motivo de su discurso de apertura del 139° período de sesiones ordinarias del Congreso, Fernández reseñó que el Gobierno "dialogó y dialoga con diferentes empresas y países que fabrican vacunas", además de que facilita la "realización de ensayos clínicos de gran envergadura" para esos fines.
El Presidente resaltó asimismo que Argentina y México "producen juntos la vacuna de Oxford/AstraZeneca para todo el continente latinoamericano", a lo que se suma la participación del país en "COVAX, el fondo para la provisión organizada y solidaria de vacunas promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".
También resaltó que junto a México el Gobierno argentino impulsó a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), que será el "marco para la distribución de vacunas a precio accesible".
Fernández repasó que "desde fines de diciembre" el país recibe, a un ritmo menor al acordado "contractualmente", dosis de la vacuna Sputnik V provenientes de Rusia.
"En febrero recibimos vacunas de AstraZeneca y en los últimos días un millón de dosis de la vacuna Sinopharm, de China", dijo y añadió: "Sabemos que hay dificultades en la producción. Pero conocemos muy bien las dificultades que atraviesa el mundo por la escasez y por el egoísmo".
Si bien planteó que "hoy el 10 por ciento de los países acapara el 90 por ciento de las vacunas existentes", el mandatario aseguró que el Gobierno "seguirá trabajando incansablemente para conseguir vacunas".
"Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina, y vamos a avanzar semana a semana", subrayó.
Sobre ese punto, dijo que ese plan tiene "reglas muy claras" que se deben "cumplir", por lo que "si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato".
"Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían", dijo en referencia a las denuncias por irregularidades que derivaron en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud.
Al respecto, Fernández consideró que "ningún Gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo Gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad".
"Un mundo con vacunas para pocos será un mundo más injusto y más violento", evaluó Fernández, y consignó que dialogó a ese respecto con otros países para "aunar voluntades para comprender que ningún país se salvará solo".
Sobre el rol de la oposición durante la gestión de la pandemia, recordó que cuando se dispusieron las medidas de aislamiento para "recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados", muchos dirigentes "firmaban solicitadas acusándonos de haber impuesto una 'infectadura'", a lo que se sumó que otros referentes de ese sector "circularon por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya".
También apuntó que "otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población", en referencia a la denuncia motorizada por la exdiputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Al recordar los inicios de la pandemia, Fernández afirmó que el Gobierno tuvo una "voluntad inquebrantable", tras lo cual expuso: "La lucha contra las consecuencias del coronavirus ha sido en todo el planeta más extensa de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos. Ni ante la inclemencia del contagio ni ante la crítica injusta".
"Incorporamos más de 4.000 unidades de terapia intensiva, lo que implicó un aumento del 47 por ciento en la capacidad instalada. Construimos 12 hospitales modulares en tiempo récord", enumeró el jefe de Estado.
Por último, aseveró que "de esta pandemia debe nacer un mundo mejor. Mi querido Papa Francisco siempre nos ha convocado a hacerlo. Es ahora o nunca. La Argentina tiene un horizonte. Trabajamos en la reconstrucción que podrá sentirse plenamente cuando hayamos controlado la pandemia".
Fernández anunció también una serie de proyectos de reformas de la Justicia que incluyen cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la aplicación del juicio por jurados. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas del año.
Para enmarcar sus críticas, el jefe de Estado habló de “hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan”. Y enumeró algunas sin nombrar a sus protagonistas: el procesamiento por espionaje y extorsión del fiscal federal Carlos Stornelli (“A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ´poder residual´ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, dijo el Presidente); la visita a la Casa Rosada del juez de Casación Federal Gustavo Hornos para reunirse con el entonces presidente Mauricio Macri pocos días antes que procesara a Cristina Kirchner; la aceptación de la Corte Suprema del per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por sus traslados, a los que calificó de “dos jueces ignotos”.
“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo.
Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.
Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.
El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.
Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.[El Consejo de la Magistratura de la Nación (Matías Baglietto)]
El Consejo de la Magistratura de la Nación (Matías Baglietto)Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.
También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.
Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.
