Corrientes entre los archivos que los hackers robaron a Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina cayó víctima de los hackers que no sólo accedieron a su sistema sino que además material sensible, algunos considerados confidenciales, que difundieron ante la negativa del gobierno argentino de pagar un “rescate” de 4 millones de dólares. Entre ese material robado de Migraciones figura Corrientes, cuyos funcionarios locales se vieron envueltos en procedimientos irregulares para el ingreso ilegal de ciudadanos chinos a la provincia.
El material, disponible en una plataforma rusa llamada DropMeFile para cualquier mortal que sepa como ingresar y descargarlo, contiene una carpeta que revela detalles del escándalo que involucra a funcionarios correntinos que pese a haber sido separados de sus cargos en su oportunidad, fueron llevados a prestar funciones a la Municipalidad de Corrientes cuando esta era gobernada por Fabián Ríos. Ese escándalo tiene su correlato judicial, ya que la causa es investigada en la esfera federal.
Parte de lo robado por los hackers se refiere a una investigación interna de Migraciones respecto a los procedimientos irregulares que se seguían en las oficinas de Corrientes y Resistencia para concederle la residencia permanente a 78 inmigrantes chinos que, casi como parte de una metodología ingresaban desde el Paraguay muchas veces de manera ilegal.
De acuerdo a la información ahora difundida por los ciberdelincuentes, la Dirección Nacional de Migraciones inició un expediente el 16 de julio de 2014. El objetivo era investigar una denuncia que llegó a la conducción de la repartición por nota y que hablaba de un probable cohecho en la delegación Corrientes que estaba entonces a cargo de Carlos María Ódena.
En los documentos expuestos en Dropmefile, se revela que además de Ódena estaban bajo sospecha otros 5 empleados administrativos de esa dependencia. Odena fue apartado del cargo el 8 de noviembre de 2014 mediante una intervención decretada por el Gobierno de Cristina Kirchner que desplazó a los funcionarios que trabajaban en las oficinas de Corrientes y Resistencia.
Si bien en aquellos tiempos todo se manejó con un marcado hermetismo, en esos tiempos fue vox populi la llegada a Corrientes de personal desde Buenos Aires para realizar una auditoría interna y una presentación penal en el juzgado federal de Paso de los Libres, donde ya había otra denuncia presentada por un empleado de Migraciones, Milton Guillermo Tolosa, contra Carlos Ódena.
Por aquellos días, el entonces diputado nacional Gustavo Valdés presentó un pedido de informes al ministro de interior Florencio Randazzo, ya que el panorama que se presentaba apuntaba al delito de “tráfico de personas”. Ese pedido de informe nunca fue respondido pese a las insistencias.
Odena, no obstante haber sido separado del cargo en instancias administrativas por las irregularidades detectadas y a tener denuncias en la Justicia Federal, fue “salvado” por sus compañeros partidarios. El entonces intendente Fabián Ríos lo designó en el área de transporte de la Municipalidad de Corrientes donde cumplió funciones hasta fines del 2017.
COMO TRABAJABAN
Las actuaciones se originaron como corolario de una información sumaria previa iniciada por una denuncia anónima que indicaba que varios agentes de la Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones, habrían permitido el ingreso irregular al país de personas de nacionalidad china provenientes de la República del Paraguay y facilitado la obtención de trámites de regularización migratoria o residencia en la República Argentina, también de manera irregular a cambio de dinero, incluyendo en muchos casos documentación apócrifa o directamente sin documentación de respaldo.
En la documentación archivada en Migraciones, se revela que existían trámites irregulares con el ingreso de ciudadanos chinos desde ciudades fronterizas con el Paraguay que eran trasladados hacia pueblos de la provincia de Chaco como ser La Leonesa, Las Palmas y Puerto Bermejo.
Desde esos puntos recién se los trasladaba a Resistencia donde eran alojados en supermercados chinos administrados por personas que ya tenían una residencia concedida o cuanto menos un permiso precario a la espera del trámite definitivo.
La trampa para lograr que se les conceda la ciudadanía argentina a estos ciudadanos chinos era hacerlos presentarse ante la delegación Corrientes de Migraciones acompañado de alguien de su misma nacionalidad que le oficie de traductor y presentando un certificado de casamiento con una mujer argentina.
Claro, esas mujeres que se casaban con los ciudadanos chinos no lo hacían gratis. La tarifa era de 7 mil pesos y mercadería de los supermercados chinos y la garantía de que una vez aprobada la residencia se solicitaría inmediatamente el divorcio.
Cobraban las mujeres, en su mayoría jóvenes, que aceptaban casarse, cobraban los gestores y cobraba además alguien en Migraciones. Pagaban los ciudadanos chinos o la mafia china que los traía hasta este punto de la Argentina para explotarlos laboralmente o para utilizarlos para sus fines.
Parte de ese entramado de trámites irregulares, nombre eufemístico que se le daba en la investigación a las maniobras que escondían el delito de trata de personas, fue un procedimiento de la Gendarmería Nacional muy cerca de uno de los portales de acceso de estos inmigrantes irregulares: Paso de los Libres.
La GN, en la Ruta Nacional 14, muy cerca del puesto fronterizo de Paso de los Libres y a donde se llega desde Uruguayana, Brasil, realizó un procedimiento en el que descubrió a 11 ciudadanos chinos que estaban siendo ingresados al país sin la documentación necesaria. En aquella oportunidad fueron deportados.
En Migraciones, fueron puestos bajo la lupa una veintena de expedientes de la delegación Corrientes. Cada uno de esos expedientes correspondía a un pedido de nacionalización de un ciudadano chino. Siete de esos expedientes se presentaron en el transcurso de 3 meses y tenían un denominador común: los siete ciudadanos chinos habían contraído matrimonio hacia muy poco tiempo y con mujeres argentinas y muy jóvenes.
Otros cinco expedientes se comprobó que los ciudadanos chinos no tenían ingreso legal al país, es decir que habían ingresado por un paso no habilitado o sin registrarse en las oficinas de migraciones de algún control terrestre. En estos veinte expedientes, los chinos habían ingresado desde el Paraguay.
En las conclusiones generales del informe de la investigación interna, se asegura que “se observan irregularidades tanto en la documentación obrante en los expedientes analizados como en el proceso de toma y carga de los mismos. Como se ha dicho, todos los expedientes se encuentran pendiente de resolución, pero el mero hecho de haber sido iniciados implica un beneficio para el extranjero, al obtener el Certificado de Residencia Precaria, el cual puede ser prorrogado hasta el momento de la resolución en trámite”.
Los investigadores administrativos no dudaron: “podría existir un mecanismo de alargamiento de los plazos de resolución por parte de la Delegación, toda vez que no se registran procesos que son de rutina cuando a estos expedientes, a saber: toma de declaración a los nacionales argentinos que contrajeron matrimonio y envío de notas a los registros para verificar la autenticidad de las actas presentadas (solo dos han sido enviadas).
El informe final habla de “cierta displicencia” al obviarse detalles al momento de tomarse los trámites de pedido de nacionalización. En ese sentido cita como ejemplo el de un ciudadano chino al que se le da por ultimo ingreso al país el 20 de diciembre del 2007, sin embargo el sistema de migraciones revela ingresos en el 2008, y otro de habérsele iniciado el trámite a otro inmigrante sobre el que ya pesaba una expulsión del país y prohibición de reingreso.
Todo esto, y mucho más, que se revela ahora tras el hackeo a las redes de la dirección de Migraciones, es lo que está en un expediente de la Justicia Federal cuyo avance es una incógnita. En su momento en Corrientes solo trascendieron que se habrían detectado algunas irregularidades, pero nunca se supo mayores detalles, hasta que llegaron los hackers rusos y abrieron la caja de pandora de este caso y muchos más.
El hecho está siendo investigado en la justicia federal de corrientes por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público.
Pero además, en el sumario administrativo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en su rol de parte acusadora solicitó en su momento que se aumentara la sanción del responsable de la Delegación de suspensión a cesantía, y también la ampliación del sumario a la supervisora del sector.
