Analizan el avance de la implementación del nuevo Código Procesal
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chaín y Eduardo Panseri; el fiscal general, César Pedro Sotelo; el fiscal de Instrucción Nº 6, Gustavo Robineau; el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el representante de la Cámara de Diputados Marcelo Chaín y el representante de la Cámara de Senadores Diógenes González mantuvieron ayer un encuentro de trabajo, en el que intercambiaron ideas sobre los beneficios del nuevo Código Procesal Penal y los recursos humanos que en la actualidad poseen el Poder Judicial, el Ministerio Público y la institución policial.
Los participantes compartieron una serie de estadísticas de la Cuarta Circunscripción, donde la nueva norma tendrá su prueba de fuego en la implementación.
Se propuso que la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal se constituya en la ciudad de Paso de los Libres el 1 de agosto y luego en forma posterior, a los 30 días, de modo de analizar con los operadores la marcha del nuevo código.
Pasaron al menos 15 años de intentos truncos de modificar el cuerpo normativo. pero desde finales de 2019, la Provincia actualizó una herramienta de la Justicia que incorpora, entre otras novedades, la celeridad de los juicios y la división de roles entre jueces y fiscales.
Este nuevo código tiene 482 artículos –el de 1971 contaba con 599– y define claramente el rol que cada acto tiene en el proceso acusatorio: el fiscal investiga y el juez juzga (art. 2º). Además, introduce el principio de oralidad, es decir, que de ahora en adelante en los procesos judiciales primará la oralidad, sin excluirse la escritura (art. 318º), al tiempo que funda el proceso de flagrancia, que acelera los tiempos de la Justicia, con lo que en un mes debe juzgarse la situación del imputado.
