Son miles los extranjeros que cobran beneficios sociales en Argentina
La detención de dos agentes aduaneros argentinos en Encarnación cuando arribaron a la cabecera paraguaya del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz” con cerca de 600.000 pesos en efectivo correspondiente a jubilaciones y planes sociales que entregan entidades argentinas a ciudadanos paraguayos de manera irregular no es más que una nueva confirmación de lo que desde hace años se viene denunciando desde distintos sectores: el cobro indebido de beneficios sociales en la Argentina de parte de ciudadanos de países vecinos, especialmente Paraguay Bolivia, algo que en muchos casos es una “avivada” de estos beneficiarios truchos y en otras, la mayoría, el pago de este lado de la frontera por los votos en épocas electorales.
El último escándalo que tuvo como escenario el resguardo aduanero del lado paraguayo al extremo del puente que une Posadas con Encarnación involucra a dos funcionarios aduaneros que se encargaban de realizar las extracciones a través de cajeros automáticos ante la imposibilidad de los beneficiarios de trasponer la frontera y llevarles el dinero a los “beneficiarios” a cambio de comisiones que iban de los 3000 a los 6000 pesos.
La modalidad constituye delito en la Argentina, pero no en Paraguay donde se considera que no cometieron ilícito alguno por lo menos los dos aduaneros detenidos. Los ciudadanos paraguayos que no residen en el país sacan documentos argentinos ayudados por punteros políticos para conseguir esos planes sociales. Como no pueden entrar por el coronavirus, los ahora detenidos les estaban llevando el dinero.
El procedimiento que desnudo con mayor crudeza esta ilegalidad que se repite desde hace décadas, lo realizó la Armada de Paraguay en la zona primaria aduanera cuando los militares requisaron el baúl de la motocicleta de los empleados del estado argentino. Allí se toparon con alrededor de 30 tarjetas de débitos con diferentes sumas de dinero que estaban adosadas a una anotación donde se especificaba el monto retirado y la comisión cobrada por el trámite. Por cada trámite percibían entre 2.000 y 6.000 pesos dependiendo del monto del beneficio.
El puente que vincula a Posadas con Encarnación está cerrado desde hace dos meses para el tránsito de personas. La medida se tomó para evitar la transmisión del coronavirus en la región y sólo se permite el paso de camiones. Como el control se realiza en forma integrada en un playón del Centro de Frontera del paraguay, los aduaneros y agentes de transporte cruzan todos los días para realizar su labor.
El cruce del dinero se realizó el pasado miércoles al anochecer. La Armada venía investigando el tráfico de divisas desde Argentina porque en determinadas fechas los beneficiarios de jubilaciones y planes sociales se concentraban en las cercanías del Centro de Frontera para esperar la llegada del dinero.
En la zona el procedimiento no sorprendió, es conocido que cientos de personas que residen en Encarnación y zonas aledañas tramitan su documento nacional de identidad argentino tras declarar un falso domicilio en Argentina y luego realizan los trámites ante ANSES para el cobro de diferentes beneficios sociales.
Esos extranjeros que nunca residieron en el país pero igualmente acceden a un DNI se convierten así en un voto cautivo del oficialismo, y es habitual que punteros políticos se encarguen de cruzarlos los días de elecciones y les entregan en mano el voto que deben depositar luego en las urnas.
La situación que ahora salió a la luz con el procedimiento de la Armada de Paraguay es idéntica a la que se registra en Formosa, donde miles de paraguayos cruzan una vez al mes para cobrar beneficios sociales que no les corresponden. Ese tránsito lo registró hace algunos días el canal de noticias TN, que reflejó incluso algunas detenciones y deportaciones que se produjeron desde la Argentina.
Los funcionarios de la Aduana argentina detenidos el miércoles, Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, ambos de nacionalidad argentina, llevaban 600.000 pesos en una mochila pertenecientes al pago de 30 planes sociales cobrados en cajeros automáticos de Misiones, pero sabido es que sólo en Encarnación son cientos los beneficiarios y muchos más aún en Formosa, sin dejar de tener en cuenta que exactamente lo mismo sucede en Salta y Jujuy con ciudadanos bolivianos.
Eso da una idea de lo que puede llegar a ser el desfalco que mes a mes sufren los organismos sociales argentinos pagando beneficios a personas que nunca residieron en la Argentina, muchos de los cuales incluso reciben beneficios similares en el Paraguay. Todo a cambio de votos en días de elecciones.
En Formosa esta semana se presentó una denuncia por 130 paraguayos que cobran pensiones y el abogado Gabriel Hernández solicitó la suspensión preventiva del pago de la IFE a las personas que cobran igual beneficio en Paraguay. Una de esas personas es el tío materno del presidente del Paraguay.
Martín Hernández, ex diputado nacional por Formosa, fue uno de los que dio la cara a la hora de denunciar esta irregularidad: “Nos duele saber que muchos formoseños no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y tampoco los créditos de Nación, y que ese dinero se lo terminan llevando al extranjero personas que no viven en nuestra provincia. No nos interesa la polémica, ni las peleas, queremos proteger a los formoseños y a su vez, frenar la continuidad del fraude previsional y fiscal”.
En el juzgado Federal de esa provincia se acumulan varias causas ya del mismo tenor: “denunciamos a más de 5 mil extranjeros, hay miles de imputados, hay procesados y más de mil constataciones de Gendarmería ordenadas por el Juez donde se detectaron domicilios inexistentes o falsos” aseguró Hernández quien reveló que “por estas actuaciones logramos dar de baja a 3600 extranjeros que cobraban de manera ilegal de los padrones del ANSES cuando contábamos con un organismo comprometido. Lamentablemente no se pudo continuar con el trabajo coordinado“.
En Jujuy en tanto, el gobernador Gerardo Morales anunció que fueron detenidos 17 ciudadanos bolivianos que ingresaron ilegalmente al país, por la zona fronteriza de La Quiaca, para cobrar planes sociales ingresando de forma irregular y violando el “aislamiento” para beneficiarse de planes sociales que se ofrecen en ese país. Morales denunció que los detenidos utilizaban una “residencia trucha” para cobrar ayuda social y calculó que en esa situación se encuentran cerca de 2.500 bolivianos.
Pese a los casos que fueron exhibidos de manera brutal, y las constantes denuncias en la Justicia, llama la atención el silencio de los organismos nacionales que no han anunciado medida alguna hasta ahora para terminar con esta sangria de recursos publicos que termina por perjudicar a los sectores de menores recursos de la Argentina.
