Dictan la falta de mérito para el exjuez Soto Dávila
El juez federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dictó la falta de mérito para el exjuez federal Carlos Soto Dávila en una causa por presunta orden de realizar intercepciones telefónicas de manera irregular. A la vez, el magistrado procesó al exsecretario Penal Nº 2 Pablo Molina y dispuso un embargo de 2 millones de pesos.
Molina está procesado y con libertad bajo caución por otra causa en la que se investiga su presunta intervención para favorecer a narcotraficantes con pedidos de detención o que estaban presos, de “arreglar” sus expedientes a cambio de una suma de dinero determinada.
La causa se inició a partir del hallazgo de 28 CD en el escritorio del despacho de Molina y al verificarse se constataron que 14 de esos discos correspondían a escuchas de conversaciones telefónicas de la exmujer de Molina y de un exnovio de esa señora.
Al avanzar de la investigación, se determinó que esa diligencia ordenada a la Gendarmería se hizo de manera irregular. También se supo, según fuentes judiciales, que Molina habría pedido a la Gendarmería que las desgrabaciones de esas escuchas se realizarían en el Juzgado. El pedido de procesamiento por las escuchas ilegales para Soto Dávila y Pablo Molina, fue formalizado a principio de septiembre por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini y por el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Mariana Barbitta, a cargo de la defensa de Soto Dávila, dijo en declaraciones a Radio Dos que “la restricción de la libertad al exjuez federal fue excesiva. Lo obligaron y lo presionaron a renunciar a su cargo. Debía controlar 8 secretarías en simultáneo y fue traicionado porque había depositado toda la confianza en Pablo Molina, quien lo defraudó. Teníamos confianza que en esta causa de las escuchas lograríamos un fallo a favor, porque Soto Dávila fue engañado en su buena fe”.
La falta de mérito lo dispone un juez cuando no puede declarar el sobreseimiento, pero tampoco tiene muchas pruebas incriminatorias.
La abogada recordó que “el propio Molina se comunicó con la Gendarmería para que intercepten las líneas telefónicas de su exmujer y de un exnovio” de ella.
El caso
La causa, que surgió en marzo pasado, comprende el hallazgo de discos con grabaciones de escuchas telefónicas solicitadas por Molina al exmagistrado federal pero en el marco de una causa por supuesto narcotráfico, en el que sin fundamentos incluyó a su esposa y el exnovio de ella.
De un total de 28 discos, 14 corresponden a escuchas hechas al exnovio de la pareja de Molina.
Las intervenciones fueron solicitadas a partir del 11 de septiembre de 2014, fueron realizadas por la Gendarmería Nacional y con el pedido explícito de Molina de no ser analizadas, ya que se transcribirían en el juzgado federal, adonde llegaron esas piezas en marzo de 2016.
Permanecieron hasta principios de 2019 en un cajón del escritorio que utilizaba Molina en la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Corrientes, donde fue suspendido por su procesamiento en una causa de supuesto cohecho a partir de presuntas coimas cobradas a narcotraficantes del Operativo Sapucay para aliviar su situación judicial. El descubrimiento de los CD con diálogos entre Molina, su esposa y ella con su expareja, se produjo entre los elementos reunidos en un expediente diligenciado por Soto Dávila, el Nº 2075/13, a partir de la cual se investigaba a una banda narcocriminal que operaba en Buenos Aires y Mendoza. En su solicitud al juez Vallejos, los fiscales determinaron que “en la época en que se llevaban a cabo las intervenciones aquí analizadas, existía una causa abierta contra Molina, iniciada a partir de una denuncia formulada por la propia mujer como consecuencia de esta situación de maltrato”.
En su declaración como testigo, el hombre que fue víctima del seguimiento ilegal declaró: “Me daba cuenta de que entraban a mi departamento. Una vez encontré una tijera verde que nunca en mi vida compré. No tengo ninguna duda de que había personas que ingresaban a mi domicilio y sospeché que me escuchaban el teléfono y que me seguían”. Así consta en el requerimiento de los fiscales, en el que pidieron que los exfuncionarios sean procesados por abuso de autoridad y falsificación de instrumentos públicos, en los términos de los artículos 248º; 293º y 298º del Código Penal.
Soto Dávila renunció en febrero pasado como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes en medio de un proceso de desafuero tramitado en el Consejo de la Magistratura, luego de haber sido procesado junto a Molina por presunto cohecho por las supuestas coimas a narcotraficantes del denominado Operativo Sapucay.
