21/10/2019

Confían en que el nuevo Código Procesal Penal será aprobado este año

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Senadores y es estudiado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Admiten que es necesaria una actualización para garantizar la justicia.


El Código Procesal Penal vigente en la provincia data de 1971 y actualmente Corrientes es la provincia con el régimen procesal más desactualizado del país. Pero la situación no pasa desapercibida por los poderes públicos, porque la semana pasada ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto que logró media sanción del Senado y todo indica que antes del 2020 habrá uno nuevo, tras casi 50 años. Fuentes consultadas indicaron que se va a concretar la sanción a través del consenso entre el oficialismo y la oposición, y fundamentan que el actual contexto demanda un Código acorde a los tiempos que corren. 
El proyecto, que logró el aval de los senadores, está en manos de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Desde el bloque oficialista se muestran confiados de que, antes de diciembre, Corrientes tendrá un Código Procesal Penal actualizado y en línea con las pautas del programa Justicia 2020 que busca garantizar los derechos de las víctimas y lograr un sistema de justicia que investigue, enjuicie y condene a los responsables de un delito de manera ágil, y asimismo favorezca la reinserción social del condenado.
“Se va a aprobar el proyecto”, sentenció una fuente legislativa del oficialismo, y aseveró que “en el 2020 Corrientes estrenará su Código Procesal Penal”.

Garavano apoyó el proyecto

El 3 de septiembre estuvo en Corrientes el ministro de Justicia y Derechos Humano de la Nación, Germán Garavano, y en un encuentro que mantuvo con jueces, diputados, abogados, y especialistas en la materia judicial en el recinto legislativo dejó en claro su apoyo al proyecto de reforma del Código vetusto que entre sus características destaca la oralidad de las audiencias “porque permite que los abogados  y los jueces,  tanto en materia penal como  en materia  civil, estén en contacto y se miren a los ojos”. 
“Creo que las decisiones que se han tomado han ido en la dirección correcta”, dijo Garavano al tiempo que expresó: “Realmente felicito a los integrantes de la Cámara, a todos los diputados de la Comisión que se creó y  les trato de transmitir un mensaje de apoyo, de  que vale la pena el esfuerzo, de que son esas transformaciones  que, en mediano y largo plazo, logran cambiar  la realidad de la gente para mejor”.
En esa oportunidad, Garavano  analizó que “el desafío de este cambio de época, de este cambio de Códigos,  es darle a la sociedad una herramienta para solucionar sus  conflictos de la manera más rápida, más transparente, más amigable y más eficiente posible”. Por eso destacó la iniciativa de los especialistas de la provincia porque generaron “una solución propia en el marco de su sociedad”. Agregó que así se contempla la tradición que responde a una idiosincrasia bajo la finalidad de lograr un marco legal acorde a las características de Corrientes. 
Para el ministro nacional,de aprobarse el proyecto del nuevo Código Procesal Penal que está en Diputados, “nos podría ayudar a ser una sociedad mejor”. En ese sentido añadió que le facilitaría “un poco” la tarea al Poder Judicial en la difícil tarea de resolver conflictos”. Explicó que “cuando las dos partes van ‘a una guerra’, es muy difícil para los jueces”.

Intentos fallidos

La intención de reformar el Código Procesal Penal data de 2004, pero, en cada ocasión que se presentó un proyecto para concretarlo, la carpeta terminó cajoneada en la Legislatura y perdió estado parlamentario, por no contar con la sanción de las dos Cámaras. 
En 2014 se dio un nuevo intento de reforma e incluso ese año logró media sanción en la Cámara de Senadores. Al llegar a Diputados se giró a comisiones y allí quedó porque no se reactivó su tratamiento. Finalmente, en 2015, ese proyecto perdió estado parlamentario. 
A principios de 2017, otro proyecto proponía conformar una comisión mixta ad honorem que promueva una reforma integral del Código Procesal Penal, a diferencia de distintas iniciativas de años anteriores que promovían reformas parciales.
El proyecto de ley aprobado ayer toma como base uno anterior  que perdió estado parlamentario, pero que había logrado dictamen favorable, por lo cual desde el oficialismo trabajaron en reflotar la propuesta para elevarla nuevamente.