Soto Dávila negó espionaje ilegal y pidió la nulidad del llamado a indagatoria
El exjuez enfrenta una causa por presunta maniobra para favorecer a narcotraficantes en los pleitos judiciales a cambio de dinero. También aparecen involucrados sus exsecretarios Pablo Molina y Federico Grau.
El extitular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila (71) –acompañado de su abogada defensora, Mariana Barbitta– concurrió en la mañana de ayer al Juzgado Federal Nº 2, cuyo titular es Juan Carlos Vallejos.
El exmagistrado y sus dos exsecretarios penales Pablo Molina (48) y Federico Grau (56) son investigados en la causa 1.952/2019 por presuntas maniobras en fallos judiciales para favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero.
Soto Dávila dijo “sentirse defraudado por Molina” y consideró esa actitud como “una traición a la confianza”. Negó “realizar espionaje ilegal” y en ese sentido remarcó que “jamás se le había ocurrido”.
Soto Dávila concurrió en las primeras horas de la mañana al despacho del juez federal Juan Carlos Vallejos, quien lo había citado a indagatoria el 27 de junio para que se presentara el 10 de julio. Pero su abogada solicitó un cambio de fecha ante la imposibilidad de asistir a su defendido ese día. El trámite se concretó ayer.
“Me defraudó”
“¿Se ha sentido defraudado?”, le preguntó a Soto Dávila, quien estaba siendo indagado por autorizar escuchas telefónicas a la esposa de Pablo Molina (48) y a un ex novio de la mujer. Ocurrió en 2014, en un contexto de celos y violencia de género importante, consignó el diario Clarín.
“Me ha defraudado totalmente. Me siento totalmente desbordado, esto es una traición al juez”, contestó Soto Dávila, cargando las tintas contra quien fue su mano derecha.
“¿Usted efectuó maniobras de espionaje ilegal?”, continuó Barbitta.
“Bajo ningún punto de vista. Ni se me hubiese ocurrido”, respondió Soto Dávila, siguiendo el compás de su abogada defensora.
El planteo de Soto Dávila tuvo dos ejes básicos: el primero fue detallar la recarga de trabajo que sufría en su Juzgado, con 8 Secretarías y único con competencia electoral. En base a esto sostuvo que delegaba decisiones en sus secretarios porque controlar todo era imposible.
“Soto Dávila confiaba en que Molina iba a hacer las cosas bien. No intervino en el oficio en el cual se colocaron dos teléfonos vinculados a Pablo Molina”, explicó Barbitta, profundizando la grieta que se abrió entre el exjuez y su exsecretario.
“Molina violó todos los principios básicos de la confianza existente entre el magistrado y el funcionario. Se violó el principio de confianza y responsabilidad que debe existir entre magistrado y funcionario”, dijo Soto Dávila al presentar el escrito con su descargo.
“Hubo una intención oculta y maliciosa por parte de Molina para llevar a cabo su ardid, que no era otro que un conflicto familiar, como bien surge de las escuchas telefónicas”, agregó el exjuez, quien se negó a contestar preguntas de la Fiscalía.
Antes del mediodía, Soto Dávila salió del Juzgado. Dejó su descargo y también un pedido de nulidad de su llamado a indagatoria.
Algo similar hizo Pablo Molina, quien entró al despacho del juez después de su antiguo jefe.
Tanto Soto Dávila como Molina y Federico Grau están al borde del juicio oral, acusados de armar un sistema en el cual cobraban sobornos para otorgar excarcelaciones o cerrar causas. Los tres están actualmente en libertad.
Detenidos y procesados
El 4 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado Federal y Correccional en lo Criminal Nº 12, Sergio Torres, ordenó la detención de Soto Dávila, los dos secretarios penales de su juzgado, Pablo Molina y Federico Grau; cinco abogados y del exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone.
El 21 de diciembre de ese año, todos fueron procesados con prisión preventiva.
El viernes 15 de febrero de 2019, Soto Dávila presentó su renuncia, la que fue aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional el jueves 21, decisión publicada en el Boletín Oficial al día siguiente.
A partir de esta instancia, el juez Torres ordenó a fuerzas federales disponer la detención del exmagistrado.
Soto Dávila, afectado de una hipertensión, quedó internado en un sanatorio, donde le comunicaron la resolución del juez Torres. Díaz Cantón, abogado del equipo de su defensa, solicitó la prisión domiciliaria teniendo en cuenta su edad y su estado de salud, pedido que fue concedido. Al recibir el alta, quedó en su casa.
Excarcelados
El 29 de abril de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la prisión preventiva dispuesta por el juez Torres y Soto Dávila, bajo caución real, recuperó la libertad. Se hallaba con prisión domiciliaria.
A principios de junio, también fueron excarcelados, bajo caución, Pablo Molina y Federico Grau.
