19/04/2024

Modificaron la Ley de Lealtad Comercial: multas de hasta $ 200 millones y clausura por 30 días

El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto 274/2019. 



A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno nacional aprobó cambios en la Ley de Lealtad Comercial, con el objetivo de “asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados”, con sanciones que van de multas de hasta $ 200 millones a la clausura por 30 días de los establecimientos.
Las sanciones a las empresas por incumplimientos prevé además la suspensión del registro de proveedores del Estado, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales. 
Así lo establece el Decreto 274/2019, publicado este lunes en el Boletín Oficial, según el cual el Gobierno “tiene entre sus objetivos principales mejorar las condiciones de competitividad de la economía” y “simplificar y dinamizar el comercio”.
La norma aclara que sus contenidos se aplicarán “en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse”.
“La aplicación  no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal”, y “no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo este ser actual o potencial”, añade.
El decreto subraya que “la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una norma general que unifique las conductas desleales”.
Por lo tanto, consideró que “deviene necesario controlar conductas en el mercado y definir una regulación integral y sistematizada de la competencia desleal”.
La modificación de la Ley de Lealtad Comercial endurece los controles a los supermercados, protege a las pymes y regula la competencia en el comercio, para lo cual prevé la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.