25/08/2019

Bonadío procesó a exintendentes correntinos por supuesto fraude con un plan de manejo de residuos

Son de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Paso de la Patria. El juez los acusa junto con otros 89 jefes comunales de ocasionar un perjuicio a las arcas del Estado por $ 600 millones, entre 2013 y 2015.


El juez federal Claudio Bonadío procesó a 92 intendentes y exintendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGIRSU).
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los exjefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.
Los procesamientos de este jueves fueron dirigidos a intendentes y exintendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
Entre los correntinos están los exjefes comunales de Monte Caseros Eduardo Galantini, de Paso de la Patria Armando Bordón y de Curuzú Cuatiá Ernesto Domínguez. En la misma causa sobreseyó a los exintendentes de la Capital Camau Espínola y de Bella Vista Nancy Sand.
Según el juez Bonadío, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 201 5 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadío en el fallo de 347 páginas.
Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona, el exintendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el exintendente de Quilmes Francisco Barba Gutiérrez.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos”, sostuvo el juez.
“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, remarcó.

Fuentes: Télam, Infobae