De Vido y Lázaro Báez serán investigados en Chubut por un polémico fiscal
Es por sobreprecios en la construcción de viviendas. El fiscal, Fernando Rivarola fue designado jefe de fiscales de Rawson. Tiene una oscura historia que le dio triste fama y le granjeó la desconfianza de organismos defensores de Derechos Humanos
El juez federal de Capital Federal, Claudio Bonadio, se declaró incompetente en una causa por la construcción de viviendas con presunto sobreprecios que investiga al exministro de Planificación, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez. El procurador general, Jorge Miquelarena, confirmó que la causa recayó en la Fiscalía de Rawson a cargo de Fernando Rivarola.
Según indicó Miquelarena en declaraciones a FM El Chubut, la causa en la que se declaró incompetente Bonadio recayó en la Fiscalía de Rawson y están analizando si le corresponde o no la investigación del hecho. La denuncia data del año 2006 y fue realizada por el abogado Ricardo Moner Sans.
“Uno de los últimos días hábiles del año que pasó llegó la Oficina Judicial una declaración de incompetencia, y desde la Oficina Judicial se remitió a la Fiscalía de Rawson, que era en definitiva hacia donde iba dirigida la declaración de incompetencia”, confirmó el Procurador.
Recordó que el fiscal inicial de la causa planteó la incompetencia de Bonadio “señalando que los fondos en cuestión aparentemente tenían que ver con algunos programas de viviendas que salían de Nación, y que luego eran enviados a las provincias”. Y agregó que “el fiscal (Gerardo) Pollicita dijo que los fondos habrían ingresado a la Provincia, y que en definitiva la administradora de esos fondos era la Provincia, y que por lo tanto, palabras más, palabras menos, sería incompetente y declinan la competencia en favor de la Justicia provincial”.
LAZARO Y DE VIDO
El propio Procurador sostuvo que en la causa “se habría investigado a una serie de empresas como Austral Construcciones, Gancedo S.A., Palma, Gotti y Kank & Costilla, que se dice están estrechamente vinculadas con Lázaro Báez. Y la persona que en principio aparece señalada como imputada en su momento, es el ex ministro Julio de Vido”.
Con llegada de la causa a Chubut “hay que hacer un análisis minucioso de la documentación que han enviado para ver en realidad qué es lo que surge de esos cuerpos. Creo yo que tiene, lo digo en potencial porque no me consta, que tendría lo que enviaron de Buenos Aires”, dijo Miquelarena.
De ese análisis surgirá la definición sobre competencia de la Justicia de Chubut en la causa. “Hay que ver si en todo caso hay actos interruptivos de la prescripción, en fin, es toda una serie de cuestiones técnicas que hay que analizar para ver dos cosas, si somos competentes; y si lo somos, si se encuentra vigente la acción penal. Si estas dos circunstancias se dan, o sea si entendemos que somos competentes y que además está vigente la acción penal, se investigará como corresponde”, concluyó el Procurador.
El fiscal con polémico pasado
El 15 de noviembre del año pasado, Fernando Rivarola fue designado jefe de fiscales de Rawson. De este modo hallaba un poco de alivio a una oscura historia que le dio triste fama y le granjeó la desconfianza de organismos defensores de Derechos Humanos. Su actual situación procesal es confusa, ya que debería estar siendo investigado por haber aceptado colaboración en Esquel de un espía que se infiltró entre militantes antimineros y defensores de causas de pueblos originarios.
En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había sobreseído a Fernando Luis Rivarola, junto a su par, la fiscal María Bottini, al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, en una causa de espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel.
Sin embargo, un año más tarde la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, desechó el fallo chubutense y dispuso que el cuarteto en cuestión debía seguir siendo investigado por sus vínculos con el espionaje interno.
Hasta entonces los cuatro habían quedado desvinculados, y sólo seguía involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina.
En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había escrito 64 páginas para explicar las razones por las que acusaba a fiscales y policías de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.
La causa se inició por una denuncia en el Juzgado Federal de Esquel el 31 de agosto de 2015, por los propios Rivarola y Bottini, además de su colega Fernanda Révori que luego fue apartada de la causa. Los fiscales estaban a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, en la zona de Leleque.
En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI.
El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas.
Los fiscales aceptaron el ofrecimiento, y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato, y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.
El juez consideró comprobado que el espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque (marzo de 2015), y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel.
El espía fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.
