Caso Soto Dávila: denunciaron a los fiscales federales Schaefer y Ferrini
La abogada Valeria Corbacho, a cargo de la defensa de Pablo Molina, secretario Penal Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, de Carlos Soto Dávila, presentó una denuncia contra los fiscales federales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
La diligencia se realizó el lunes 16 en el Juzgado Federal Nº 4 de Ariel Lijo, en la ciudad de Buenos Aires, bajo expediente CFP 21808/2018.
Corbacho sostuvo que los tres fueron denunciados por “realizar escuchas ilegales”.
En una entrevista realizada por Canal 9, de Resistencia, la abogada sostuvo que “en toda esta maraña de irregularidades tenemos como prueba de cargo la grabación ilegal [de conversaciones] de abogados defensores, que se realizaron en la sede de la Fiscalía Federal de Corrientes”. Recordó que “por una situación similar, al juez Baltasar Garzón, de España, le costó el puesto”.
Pablo Molina y el secretario Penal Nº 1 del Juzgado Federal de Corrientes, Federico Grau, se encuentran presos en Buenos Aires desde el 4 de diciembre último por orden del juez federal Sergio Torres.
Valeria Corbacho dijo que “la investigación la produce la Procunar en colaboración con los fiscales Schaefer y Ferrini. Ellos son los que recabaron todas las pruebas y se lo llevaron como en un paquete a la fiscalía de Stornelli y el Juzgado Federal Nº 12, de Torres”.
Agregó que “entre el material probatorio, hay expedientes tramitados en forma legal, que están llevados absolutamente igual que otros que se tramitan en ese Juzgado”.
Enfatizó que “esos expedientes contaron con la anuencia de los propios fiscales federales, que ahora aparecen aquí como denunciantes, Schaefer y Ferrini. Ellos mismos consintieron estas resoluciones que están cuestionando o no apelaron, con lo cual el consentimiento es tácito. Y si apelaron, cuentan con la resolución fundada de la Cámara Federal de Apelaciones”.
Corbacho denunció con certeza que, “para imputar y detener a Pablo Molina, se basaron en la selección arbitraria de fragmentos de escuchas, en el que no participan ni el juez ni los secretarios. No van a escuchar nunca la voz del secretario ni del juez. Pretendieron acomodar de manera tal que les cierre el rompecabezas”. Remarcó de manera tajante que “la palabra coima no aparece, no surge de las escuchas. Se hizo una composición de pruebas direccionadas exclusivamente para imputar a los funcionarios del Juzgado Federal de Corrientes”. Manifestó que “aquella noche en que Molina fue trasladado a Buenos Aires, estuvimos hasta avanzada la madrugada. Él me explicó cada uno de los expedientes cuestionados”.
Corbacho acotó: “¿Qué intereses los movieron y por qué se produce esta situación? Creo que debe ser desentrañado en una investigación”.
La escucha telefónica que incrimina al juez
El juez Carlos Soto Dávila fue involucrado a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para tener protección, sumado a escuchas telefónicas de su entorno.
En una de las escuchas telefónicas, uno de los detenidos asegura que el magistrado es “un juez piola de Corrientes”. “A ese le tirás una punta, unos pesos y se arregla”, dice el hombre, a diferencia de otros jueces que pedirían su arresto, afirma el acusado en el diálogo telefónico.
El magistrado se presentó el jueves 6 de diciembre en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de Sergio Torres, en Comodoro Py 2002, pero no declaró. Pidió postergar su audiencia la que quedó para el lunes 10, cuando presentó un escrito de 48 carillas en que atacó a los fiscales federales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer. También conjeturó con que es víctima de una maniobra y que algún político quiere poner su alfil en su lugar.
Ese lunes, al salir de los Tribunales Federales de Retiro, se fue por una salida lateral y evitó hacer declaraciones a la prensa.
Por esta causa ya fueron detenidos sus dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, y cuatro abogados, en un procedimiento simultáneo que realizó la Gendarmería el martes 4 de diciembre. Esta investigación está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido, desde el 14 de marzo de 2017, el exintendente de Itatí Natividad Terán y su vice, Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral.
La investigación contempló escuchas telefónicas, seguimientos y constataciones, entre otros recursos, y permitió establecer que los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas cruzando el río Paraná y, una vez en Corrientes, la almacenaban en la zona de la localidad de Itatí para posteriormente comenzar con la distribución a gran escala a Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Contradicciones
En una nota publicada en la prensa, Juan, Carlos y Diego Soto Dávila, hijos del juez federal, comentaron que su padre “refutó cada una de las acusaciones”, el lunes 10 de diciembre.
Destacaron que “72 horas después se agregaron casi 100 folios más para rebatir suficientemente todos los cargos que se le imputan. Todo ello, con el objetivo de demostrar técnica y jurídicamente su inocencia”.
“Podemos afirmar que la causa está plagada de contradicciones e incoherencias, y todos los elementos obrantes en la acusación carecen de sustento serio”, remarcaron.
