Según el juez Torres, el narco Bareiro pagó $ 1 millón de coima al Juzgado Federal de Corrientes
Revelan los montos que pagaban los detenidos con droga para recuperar la libertad, en la trama que involucra a Soto Dávila, a dos secretarios suyos y a abogados.
Según las pruebas reunidas por el juez federal porteño Sergio Torres, uno de los narcos más pesados de Corrientes, Carlos Cachito Bareiro, pagó en 2014 un millón de pesos de coima para dejar de ser considerado “prófugo” en una causa grave: se lo señalaba como dueño de un cargamento de 542 kilos de marihuana que había sido secuestrado por la Gendarmería el 17 de septiembre de 2011.
¿Quién habría cobrado el dinero? El 11 de septiembre de 2014, el juez federal Nº 1 de Corrientes Carlos Soto Dávila (70) concedió la exención de prisión a Bareiro. Oficialmente lo hizo bajo “caución juratoria”, sin exigirle ni un peso de fianza y le mantuvo la libertad luego, al procesarlo. Sin embargo, la resolución no habría sido gratis.
La libertad de Bareiro es uno de los 10 casos reunidos por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en los que se acusa a Soto Dávila y a sus secretarios (Federico Grau y Pablo Molina), detenidos el martes 4 de diciembre, de ser cabezas de un armado sistemático de cobro de coimas a cambio de liberar a narcos de la talla de Cachito Bareiro, Federico Morenita Marín y Luis Saucedo, responsables, entre los tres, del tráfico de unas 15 toneladas de marihuana.
De acuerdo con la acusación, todo se había armado como un negocio redondo que comenzaba cuando desde el propio Juzgado Federal se detenía a los narcos con el solo fin de exigirles dinero. Por ello, Torres ordenó detener a su colega correntino, Soto Dávila, a sus dos secretarios, y a cinco abogados, en procedimientos que se realizaron en la capital correntina y en Resistencia, Chaco.
En cuanto a la exención de prisión de Cachito, los detalles van de lo escandaloso a lo risueño. Para empezar, Soto Dávila lo benefició con una medida que él mismo había fundamentado en contra tres años antes. Y lo hizo, pese a que Bareiro estaba prófugo, ordenando que una asistente social fuera a su casa para hacer un estudio socioambiental.
Como la esposa de Bareiro dijo que su marido era en realidad un guía de pesca y que no se había presentado al Juzgado porque estaba de viaje (tres años), Soto Dávila lo eximió de prisión bajo caución juratoria. Recién en 2016 –con la explosión del escándalo de tráfico de marihuana en Itatí– ordenó su detención cuando Cachito ya estaba preso por otra causa, que tramitaba en el otro juzgado federal de la provincia.
Pero los arreglos no se limitaban a Bareiro y su gente. Federico Morenita Marín también tenía un sistema aceitado de dádivas vía un staff de abogados cercanos al juzgado, cuatro de los cuales también fueron detenidos el martes (el quinto ya estaba preso).
El tarifario
En general, el tarifario para lograr alguna libertad era de entre 20.000 y 30.000 pesos. Pero eso solo en los casos de “colaboradores”, camioneros, segundas líneas. Cuando el imputado era más importante, la coima subía.
Eso le ocurrió a Marín en julio de 2016 cuando su esposa, Lourdes Alegre, quedó presa como integrante de su banda. A Marín se le habrían exigido 280.000 pesos, una suma tan abultada que le pidió a su amigo, el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone (actualmente preso en la causa del juez Torres), que intercediera ante Soto Dávila. Con más o menos negociaciones, el trato era constante.
“Los días que se iban a hacer los transportes (de droga) se elegían para que coincidieran con los turnos de Soto Dávila. Ellos tenían arreglos con las excarcelaciones y los presos salían de esa forma en 15 días; así también recuperaban los vehículos que se secuestraban. Siempre se esperaban los turnos de Soto Dávila y no los del [otro] juez [federal] Vallejos”, declaró en la causa de Torres un arrepentido de la organización de Morenita Marín.
“Contá y dale la plata y te quedás libre, boludo. Pero no pagues adelantado, antes de que termine el trabajo”. La conversación fue registrada el 19 de septiembre de 2015 y tuvo como interlocutores a Morenita Marín y Ricardo Caballo González.
Este último había quedado preso luego de que en un inmueble de su propiedad se secuestraran 600 kilos de marihuana. En un principio, el juez Soto Dávila le negó la excarcelación porque “de continuar el causante en libertad se facilitaría enormemente el contacto con sus cómplices, preparar coartadas para obstaculizar el accionar de la Justicia e inclusive borrar pruebas esenciales para el esclarecimiento total de los hechos”.
Pero después cambió de opinión. Y, según un arrepentido que declaró ante Torres, mucho tuvo que ver en la libertad que logró Gonzalez el pago de 30.000 pesos. El dinero habría sido entregado a uno de los dos secretarios del juez, quien habría cobrado eso como adelanto de un pago total de $ 100.000.
“Para que no quede preso Ricardo González le pagué al abogado Vallejos. Le di la plata a Ricardo y él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y ahí nos aseguramos que Ricardo no quede preso. El arreglo funcionó, porque firmaron la libertad”, sostuvo el arrepentido.
Además de los testigos, se suma el rastreo de los contactos telefónicos de los funcionarios investigados, un trabajo que demandó analizar el tráfico de los imputados con 10.000 líneas telefónicas.
También se analizaron 4.862 discos de escuchas telefónicas que contenían 180.000 comunicaciones muy calientes. Paradójicamente, gran parte de esas escuchas se habían tomado por disposición del Juzgado de Soto Dávila y habían dormido en cajas, juntando telarañas durante años.
Fuente: Clarín
