10/12/2018

El juez Soto Dávila, bajo sospecha: el fiscal Schaefer fue uno de los primeros en denunciar


Operativo de la Gendarmería en Mendoza al 1000, de esta capital, el 4 de diciembre.


El fiscal federal Carlos Schaefer fue uno de los primeros en denunciar irregularidades en las tareas del juez federal Carlos Soto Dávila.
“Considero que las recientes detenciones, incluyendo el pedido  para el juez Soto Dávila, es el resultado de una larga investigación que demandó muchas horas de trabajo para reunir las pruebas”, dijo el fiscal Schaefer en declaraciones a la prensa.
Remarcó que “no es un hecho común y corriente. Hay funcionarios judiciales que aparecen involucrados y que deberán demostrar su inocencia”.
Aclaró que “tanto el fiscal  Ferrini como yo no intervenimos en esta causa. Pero fuimos aportando información al fiscal [Carlos] Stornelli. Aparecen comprometidos por facilitar, a través de la Justicia, algún beneficio para integrantes de una banda narco, algunos de ellos están presos”.
Indicó que “a Soto Dávila, como administrador máximo de su juzgado, le corresponde explicar quién es el responsable de todas las irregularidades que fuimos advirtiendo, como excarcelaciones rápidamente concedidas  o situaciones que se iban dando  y que se podrán corroborar, como al menos 10 hechos de casos de sobornos”.
Agregó que “tenemos escuchas telefónicas de los narcotraficantes desde 2014, donde daban cuenta de los beneficios que iban obteniendo en el ámbito judicial y  tuvo que venir un juez de Buenos Aires para que se investigue a esta organización narco criminal y terminar con la impunidad”.  

La grave revelación a través de escuchas telefónicas           

Según la transcripción de los audios de las escuchas telefónicas y que se encuentran en el expediente, una de esas conversaciones comentan que pagaron una suma millonaria al juez Soto Dávila de Corrientes a cambio de conceder la libertad de un acusado narco, identificado como Cachito Bareiro, de Itatí, detenido hace unos años por tráfico de marihuana proveniente de Paraguay.
El expediente del procesamiento firmado por el juez Torres dice textualmente: “Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, el juez Soto Dávila, por su libertad”.
Agrega: “Eso fue para que no se haga efectiva la captura que pesaba sobre Bareiro. Se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. Hacía de intermediario del juez para estas cuestiones”.
“En esa supuesta cena, la entrega del dinero; la habría realizado un hermano del detenido Bareiro”.
El expediente precisa que “el pago de la supuesta coima se habría concretado a través del funcionario Pablo Molina, secretario del juzgado de Soto Dávila”.
El 13 de octubre de 2016, los fiscales federales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer piden investigar al juez federal Soto Dávila por presunto cohecho, estafa procesal, falsedad ideológica y encubrimiento. 
En la acusación, los fiscales sostuvieron que el magistrado y otros acusados –algunos de ellos funcionarios del Juzgado a su cargo– habrían fraguado documentación en el incidente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investigación por lavado de dinero y narcotráfico.
La causa aún sigue su curso por lo que no está resuelto y hay abogados implicados.