El juez Soto Dávila quedó involucrado en la causa narco de Itatí: dos secretarios de su Juzgado fueron detenidos
El magistrado fue citado a indagatoria para mañana en Comodoro Py por su par Sergio Torres, que pidió su detención. Seguirá en libertad por sus fueros. En cambio, Pablo Molina y Federico Grau, sus colaboradores, quedaron presos junto con cuatro abogados. Todos fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires.
Foto: Télam
La Justicia porteña ordenó ayer la detención e indagatoria del juez federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y arrestó a dos de sus secretarios y cuatro abogados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.
Fuentes judiciales informaron que las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila (72) para mañana, aunque el magistrado continuará libre por el momento porque tiene fueros.
Los arrestos concretados ayer en las provincias de Corrientes y Chaco fueron los de los secretarios del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.
Para que quede detenido el juez Soto Dávila, es preciso que el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento de jury de enjuiciamiento de rigor para quitarle los fueros, explicaron los voceros.
Esta investigación está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido desde hace meses el intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral. El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían a Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables a los narcos, entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
Al ser juez, Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero.
El juez Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado y los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Mientras que la Procunar evalúa unas 180.000 llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.
El origen del caso se remite a 2013, con los primeros detenidos y el secuestro de droga en un operativo en la villa 21 de Barracas. En una segunda etapa, en marzo de 2017, detuvieron a Terán, Aquino, el comisario de Itatí Diego Ocampo Alvarenga, el segundo jefe de la delegación PFA en Corrientes Rubén Ferreyra, gendarmes, prefectos y narcos.
El manejo de la droga en Itatí estaba cargo de tres cabecillas Luis Gordo Saucedo (todavía prófugo), Federico Morenita Marín recientemente detenido, y Carlos Alberto Bareiro.
En total, la megacausa tiene un total de 132 involucrados, 89 en juicio, 33 todavía bajo investigación y 10 con pedido de captura. Además se secuestraron 14 toneladas de marihuana y cinco de cocaína.
“Respondo únicamente por mí”
“Estaré el jueves declarando ante el doctor Torres en Comodoro Py. Estoy tranquilo y respondo únicamente por mí”, sostuvo Soto Dávila en diálogo con el periodista Gabriel Di Nicola, del diario La Nación.
Di Nicola indicó, en una entrevista con Radio Dos, que “durante la mañana, cuando en Corrientes se producían los allanamientos, el juez Torres envió un oficio al Consejo de la Magistratura donde hacía constar pruebas, el pedido de indagatoria y de detención de Soto Dávila”.
El periodista comentó que “ahora veremos cómo arranca el jury de enjuiciamiento y sabremos si se hacer lugar o no a este pedido de juicio político para que el actual magistrado de Corrientes deje de serlo y pueda ser juzgado”.
Di Nicola destacó que Soto Dávila le había dicho que “responde por él solo”, dejando entrever que se desvincularía de los pudieran haber hecho sus secretarios.
Trasladados a Buenos Aires
En la siesta de ayer se registró un amplio operativo en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
Con un gran movimiento de logística, los efectivos realizaron el traslado de los seis detenidos por la causa Sapucay. Deberán comparecer ante el juez Sergio Torres, en Buenos Aires.
El fiscal federal Carlos Schaefer indicó que los detenidos en los allanamientos realizados ayer “serán indagados desde el miércoles en el juzgado del doctor Sergio Torres”.
En diálogo con Radio Dos, reconoció que “más allá de que sabíamos de esta causa y veníamos haciendo nuestro aporte de pruebas, no teníamos conocimiento de que se iban a producir los allanamientos, aunque luego sí de la presentación que hizo el juez Torres ante el Consejo de la Magistratura para iniciar un nuevo juicio político a Soto Dávila”.
“Hay bastante evidencia”
Recordó que “nosotros fuimos incorporando pruebas, muchas pruebas, y eso fue bien recepcionado por el fiscal [Carlos] Stornelli, que fue quien hizo la acusación”.
Señaló que “el fiscal Stornelli entendió que había muchas pruebas y por eso hizo la acusación, y no viene de ahora sino de hace mucho tiempo. Hay bastante evidencia”.
“Hay entre 8 y10 causas donde Soto Dávila se debió apartar por algún tipo de vinculación con los acusados y todo eso informamos”, dijo el fiscal, que también reconoció que “nos costó mucho poder hacer que todas las pruebas llegaran al escritorio del juez Torres porque en el medio se presentaron apelaciones en la Cámara de Casación ,y tardaron más de un año y medio para que llegue al despacho de juez Torres y no se entiende si se declaró incompetente”.
“Hemos sentido dificultades para poder desempeñar nuestro trabajo específico. Pero ahora se logró avanzar”, enfatizó.
