10/12/2018

Perugorría: procesaron a Lesieux y a Corona en otra causa de corrupción

La exintendenta y actual secretaria de la mesa ejecutiva del PJ correntino está acusada ahora de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad.


Angelina Lesieux y Jorge Corona, la expareja de funcionarios kirchneristas que gobernó Perugorría, fueron procesados por presunto fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad. Ambos permanecen detenidos desde febrero y esta causa se suma a la que motivó su pedido de captura. También fueron procesados los funcionarios que facilitaron el cometido.
Según la documentación analizada por la Justicia, se calcula que de los $ 534.800 recaudados en el período investigado, las autoridades solo habrían depositado $ 289.646.  Es decir que existe un faltante en el Municipio de Perugorría de $ 245.154, que no fueron girados a la cuenta oficial durante la gestión de la actual  secretaria de la mesa ejecutiva del Partido Justicialista de Corrientes. Por dicho motivo procesaron a quienes ejercían el poder público y se investiga la intencionalidad del supuesto delito.
Para enmarcar esta causa es preciso recordar que en septiembre de 2016, los entonces concejales Dolores Ayala, Gonzalo Gómez y Elisa Fernández, actual presidenta del Concejo Deliberante, denunciaron a las autoridades municipales por irregularidades en la administración de los fondos percibidos en concepto de impuesto. 
Además de Lesieux y Corona, quedaron procesados en carácter de partícipes secundarios Ester Ayala y Marilina Galfrascoli, quienes como concejales en aquella época aprobaron las rendiciones. La misma suerte corrió el entonces auditor Ernesto Moray Mussio. Excepto Ayala y Galfrascoli, los demás están procesados y detenidos en el marco de otra causa judicial iniciada por la Oficina de Anticorrupción de la Nación.
La República dialogó con la edil Fernández, quien brindó detalles de la  metodología de los funcionarios kirchneristas y que  motivó la denuncia en sede judicial junto a sus pares. “Con mucha satisfacción tomamos conocimiento que avanza la causa que se inició a partir de una denuncia que hicimos con otros concejales”, expresó.
Fernández señaló que se trata de una denuncia que, en comparación a los fondos que manejaron Corona, Lesieux y sus funcionarios, es de menor envergadura pero consideró que lo importante es que la Justicia haya tomado cartas en un caso que en primera instancia se condice con “malversación de fondos”.
Según la actual titular del Concejo de Perugorría, la maniobra denunciada se habría iniciado en diciembre de 2013 y consistió en no depositar los pagos de servicios e impuestos municipales en la cuenta bancaria oficial.
Sobre ese procedimiento se refirió la fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona, quien agregó que “de acuerdo a la norma que rige, una vez que cobraban tenían 24 horas para hacer el depósito correspondiente, procedimiento que no lo habrían respetado en reiteradas oportunidades en el período que va desde diciembre del 2013 hasta el 1 de julio del 2014”.
A partir de la denuncia de los ediles, la Justicia finalmente avanzó en la causa.
“Se hicieron las investigaciones y un peritaje contable que estuvo a cargo de profesionales tanto del STJ como de la Fiscalía General”, dijo Talamona sobre el dinero no girado a la cuenta de la Municipalidad.
Consultada sobre el número de vecinos damnificados con la operación del gobierno kirchnerista, la concejal Fernández reconoció que se desconoce porque hasta el momento no se hicieron los cálculos que permitan conocer ese dato. 
“Este caso lo trabajamos en paralelo a las otras causas en las que se investigan a esos exfuncionarios porque se afectaban directamente a quienes pagaron sus impuestos”, agregó Fernández.
“Nos robamos a mano llena todo lo que tuvieron a su alcance pero ahora vemos los resultados del trabajo de la justicia”, dijo a este medio la presidenta del Concejo de Perugorría. 
Para la edil, es fundamental que la suma de dinero de esta causa sea contextualizada en la época en que se cometió el presunto delito porque la actual devaluación puede minimizar el hecho.