Curuzú Cuatiá: el Municipio recibió bienes embargados a un exfuncionario kirchnerista
La Justicia otorgó a la Comuna el uso provisorio de 15 departamentos y un auto, embargados por su presunto origen en actos de corrupción.
Los tiempos en que los recursos del Estado eran aprovechados por los funcionarios del Frente para la Victoria (FPV) quedaron atrás. Los argentinos eligieron otro modelo de país y ese camino también lo emprendió Corrientes, que, a través de la Justicia, ayer dio una muestra de lucha contra los delitos de corrupción que tuvieron su momento de máxima expresión durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Se conoció, a través del sitio www.iusnoticias.com.ar, que el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, entregó a la Municipalidad de esa localidad una serie de bienes que fueron embargados por tener un presunto origen en actos de corrupción estatal.
Se trata de 15 departamentos y un auto vinculados a delitos que habrían sido llevados a cabo por el exsecretario de Obras y Servicios Públicos municipal Ramón Eduardo Ocampo, en complicidad con su pareja, Anabella Aranguiz.
La entrega provisoria se dio en el marco de la causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y consistió en otorgar a la Comuna los inmuebles y el vehículo que habrían sido adquirido por Ocampo falseando la titularidad de las propiedades al registrarlos a nombre de su pareja.
El juez entiende que fueron recursos que pudieron adquirirse con dinero presuntamente proveniente de actos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio de manera apreciable, dado que la suma de los inmuebles y del automóvil rondan los 15 millones de pesos.
La entrega se dio luego de que el juez dictó el procesamiento y la prisión preventiva de la pareja.
Según surge de la acusación de la fiscal a cargo, Alejandra Talamona, los altos rangos que desempeñó Ocampo le habrían facilitado la compra de los bienes que intentó ocultar como patrimonio de su pareja. Fue una maniobra para disimular el crecimiento de su patrimonio, lo que finalmente no encontró justificación.
El proceso judicial
Vega, en contacto con radio Sudamericana, explicó que “es una resolución intermedia en la investigación de un delito en la instrucción de nuestro sistema procesal” y que los imputados a través de sus abogados “pueden solicitar el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes”.
â“Después hay que esperar la confirmación de la Cámara o no; en su caso puede también revocar total o parcialmente la resolución”, añadió.
Ocampo y su pareja, actualmente están detenidos y con prisión preventiva efectiva. Están procesados además por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como autor y cómplice, respectivamente.
El exfuncionario K habría aprovechado su cargo para aprobar obras de ampliación en el edificio de su propiedad y simuló el traspaso de la titularidad del mismo a su pareja. Asimismo está procesado en otras dos causas por hurto de energía eléctrica y portación ilegal de arma de fuego, ambas en etapa de juicio oral.
PERUGORRÍA
El juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, resolvió la situación procesal de cinco exfuncionarios que fueron parte del Gobierno municipal de Perugorría durante las gestiones de Jorge Corona y Angelina Lesieux. Por las pruebas obtenidas hasta el momento, el magistrado considera que está “probado que los fondos recibidos de Nación no eran destinados para los fines para los cuales estaban previstos”, es decir que los exfuncionarios “cometieron los delitos de asociación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administración pública”.
El procesamiento y ratificación de la prisión preventiva rige rige para Corona y Lesieux, como así también para quienes cumplieron diferentes roles en sus administraciones: la tesorera Patricia Vera, la secretaria de Gobierno Sabrina Lammens y el auditor Ernesto Moray Mussio.
En este contexto, el juez consideró que los exjefes comunales, aprovechando el rol que desempeñaban, “organizaron una asociación destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas”.
De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, Corona y Lesieux, como eran los titulares del Ejecutivo Municipal, “designaron en puestos claves a Vera, Lammens y Moray Mussio, de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas”.
El juez Vega además de procesar a los exfuncionarios, ratificó tanto la prisión como los embargos preventivos e inhibición general de bienes que ya habían sido dictados sobre el patrimonio de quienes dejaron de ser imputados.
Para el juez, el procedimiento que realizaban los funcionarios vinculados al kirchnerismo consistía en “lograr la concesión de planes o programas subsidiados para la realización de determinados proyectos; recibir los fondos girados en las cuentas bancarias que la Municipalidad de Perugorría tenía en el Banco Nación, y mediante diferentes mecanismos adaptados sustraían el dinero sin aplicarlos a los fines para los que habían sido acordados”.
