Se cumplieron 35 años de la declaración del Iberá como reserva natural
El 15 de abril de 1983 se aprobó la Ley 3771, con el objetivo de aunar la conservación y recuperación de las especies nativas con el desarrollo turístico.
Este domingo se cumplieron 35 años desde que el Gobierno provincial declaró como reserva natural a una amplia zona de los esteros del Iberá, hoy convertidos en parque nacional y en el principal atractivo turístico de Corrientes, sobre el que posan los ojos turistas del mundo entero.
La declaración de reserva fue producto de la combinación de reclamos insistentes de la Administración de Parques Nacionales y la imposibilidad de concertar con el gobierno federal la administración del patrimonio ecológico de la zona. Las autoridades provinciales tomaron entonces la decisión de aprobar, el 15 de abril de 1983, la Ley 3771, que tenía la intención de aunar la conservación y recuperación de las especies nativas y la eliminación de las exóticas con el desarrollo turístico de la región.
Se delimitaron las tareas de conservación y se reglamentó el apoyo financiero y la dotación de personal para estas tareas. Sin embargo, el gran esfuerzo realizado, sobre todo para combatir la caza furtiva y restaurar paulatinamente el estado de equilibrio del ecosistema, se vio seriamente afectado por la situación económica de la Argentina en las dos décadas transcurridas. Con todo, la recuperación ha sido notable y la conservación de numerosas especies se encuentra garantizada tras la puesta en marcha de programas de manejo sustentable de la zona y de reintroducción de especies.
Tierra de leyendas, la primera investigación científica de las riquezas naturales de la zona de la que hay registros se debió a Alcide d’Orbigny, un naturalista francés que visitó el área a fines de la década de 1820 como parte de la expedición a Sudamérica encargada por el Musée d’Histoire Naturelle de París.
Entre los siete tomos de su Voyage dans l’Amérique Méridionale se cuentan las primeras observaciones sistemáticas del ecosistema del Iberá. La turbulenta situación política regional y la escasez de medios demoraría el interés local en el mismo hasta la década de 1930, en que la recientemente creada Administración de Parques Nacionales presentó al Congreso el primer proyecto de creación del parque nacional Iberá, fruto de negociaciones con el Gobierno provincial.
Tanto éste como otros dos proyectos presentados en décadas posteriores fracasaron; las reticencias de la Provincia a comprometer una parte importante de su territorio a cambio de un apoyo institucional dudoso jugaron un papel importante en estos fracasos. El interés industrial en la zona –expresado en un plan de desarrollo de la década de 1970 que promovía la construcción de un canal en la zona de San Miguel para inundar los esteros con las aguas del Paraná y formar un lago interior, cuyas aguas se derivarían hacia la represa de Salto Grande, a través del río Miriñay, para incrementar el rendimiento de la planta generadora– cuyo rendimiento para la alicaída economía correntina primaba ante intereses ecológicos, era también un factor de peso. La demora en intervenir tuvo graves consecuencias sobre la fauna de la zona, gravemente diezmada por la caza furtiva y las incursiones defensivas de los ganaderos de la región sobre los felinos predadores. A comienzos de la década de 1980, las especies con valor comercial –sobre todo el yacaré negro, cuyo cuero se utilizaba en marroquinería, pero también el yaguareté, cazado por su piel y para proteger los rebaños, las distintas especies de ciervos y venados y varias aves– estaban en alto riesgo o habían desaparecido de la zona, y las alteraciones del ecosistema amenazaban a muchas otras.
Los reclamos de los organismos nacionales fueron aplacados el 15 de abril de 1983 con la sanción de la Ley provincial 3771. Sin embargo, el gran esfuerzo realizado, sobre todo para combatir la caza furtiva y restaurar paulatinamente el estado de equilibrio del ecosistema, se vio seriamente afectado por la situación económica de la Argentina en las dos décadas transcurridas. Con todo, la recuperación ha sido notable y la conservación de numerosas especies se encuentra garantizada.
Actualmente, de las 1.300.000 hectáreas que componen la cuenca y reserva natural Iberá, 550.000 constituyen el parque provincial Iberá, el cual fue delimitado por decreto en 2009 (y ampliado en 2016), y sus tierras surgieron al mapear el territorio fiscal que se ubicaba al fondo de las estancias, donde era imposible entrar. Para poder asegurar la integridad ecológica de la cuenca de Iberá y la máxima calidad del destino ecoturístico es crucial que el parque incluya también muestras representativas de los ecosistemas de tierras altas que se encuentran en ella.
La fundación Conservation Land Trust, CLT, que dirigía el americano Douglas Tompkins, y hoy su viuda Kristine, adquirió 157.000 hectáreas de antiguas estancias ganaderas que lindan con las tierras fiscales y que incluyen hábitats que no están presentes dentro del actual parque provincial –como es el caso del espinal, el malezal o ciertas áreas boscosas– con el fin de lograr que pasen a ser un parque nacional, creándose así un área protegida de 700.000 hectáreas que constituye lo que se llama el parque Iberá.
En 2016, la provincia de Corrientes cedió al Estado nacional la jurisdicción necesaria para la creación de un parque y reserva nacional sobre las tierras de CLT. A la vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó al Estado el primer núcleo de tierras. Conforme con el acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente durante los próximos años, completándose el proceso en noviembre 2019. El acuerdo de donación también contempla que la fundación CLT podrá continuar el trabajo que viene realizando en restauración de fauna, por un período de 10 años más.
