24/Ago/2017
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Del orgullo de haber sido una primera marca registrada a la vergüenza de ofrecerse como saldos y retazos

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Por Luis María Díaz Colodrero. Exsenador

Es probable que algunos liberales al leer esto opinen: “Este tipo es un atrevido y desagradecido. ¡Qué carajo se cree si renunció a su partido después que tanto le dio!”.
Por su parte, ciertos autonomistas podría ser que digan: “Pero qué carajo se cree este tipo para meterse con nosotros”.
Bueno. Si en uno o ambos casos así se diera, allá ellos pues con la verdad ni ofendo ni temo.
Recordar ahora las épocas de gloria de la otrora poderosa fuerza del Pacto Liberal-Autonomista, solo genera nostalgias y añoranzas de un tiempo, que “ya fue para nunca más volver”.
Ocurrió cuando a la formidable maquinaria política del pacto el egoísmo e imbecilidad de ciertos alienados lo condenaron a ser una noble causa perdida.
A partir de allí, cada agrupación, con sus más y sus menos, fue desandando por caminos separados, erráticos. Procuraron en consecuencia un “sálvese como pueda”. Eso sí: dignamente. Esto es, sin arriar las honrosas tradiciones de sus banderas y principios que los hicieron tan grandes.
Bien. Ese comportamiento de los principales actores (máximos dirigentes y no tanto) perduró por cierto tiempo, mientras se implementaban impensados acuerdos políticos de supervivencia por parte de ambas agrupaciones con tal de seguir presentes en el candelero de la política vernácula.
Los dos, aunque ya algo desgajados, elegían sus candidatos mediante luchas internas o convenciones. Los legítimos triunfadores de esas contiendas resultaban en consecuencia candidatos a “algo”. ¿Los perdedores y quienes lo habían acompañado? Generalmente, a sus casas. No acompañaban, como era la sana costumbre de otros tiempos.
Y es más. Alguno que otro perdedor saltaba el cerco partidario para ir a buscar cobijo como candidato independiente a otra fuerza que lucharía en contra de sus antiguas, fieles y firmes raíces políticas. Incomprensible. ¡Qué disciplina partidaria ni ocho cuartos! ¿Sanciones por inconductas? Mbaevé ¿Ejendû pa?
Había irrumpido en el escenario nacional y derramó hacia estas latitudes, la palabrita trasversalidad. Es decir, la cooptación que introdujo la moda del rebusque ignominioso de ciertos políticos de cascos blandos. Fue y es así lisa y llanamente.

¿Desde entonces?

En Corrientes, desde hacen unos años, algunos figurones y figurines, jóvenes y no tanto. Hombres y mujeres liberales y autonomistas se autopostulan, ofreciéndose pa’ lo que gusten mandar dentro de esos mejunjes políticos que se estilan en la política argentina desde hace unos años.
Bien. Uno de esos resultó inadmisible. El acabose para una pléyade de liberales y autonomistas. Ese que aún se dice nacional y popular y que dejó en ruinas plagadas de corrupción progresista a nuestra amada Argentina, a la vez que por ocho años discriminó sin disimulo a la querida patria chica de los correntinos.
Me refiero a ese movimiento progresista inclusivo que rejunta cualquier cosa, según sea la ocasión.
Ahora bien, ¿que subsisten luchando por sus ideales miles de mujeres y hombres auténticamente liberales y autonomistas, jóvenes y menos jóvenes?
Rotundamente sí. Son esos que aceptando ciertos pragmatismos que hoy se imponen adaptándose a los tiempos políticos modernos, participan sin arriar las banderas de la decencia, permaneciendo fieles manteniendo vivo el fuego sagrado de la ética. De los principios. De las limpias conductas políticas. Virtudes heredadas de sus mayores.
Ese es, fue y será su límite: la dignidad. Nada más y nada menos.

Estructura actual: multilateralismo internacional

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Después de la Guerra Fría (1945-l989) una diversidad de posiciones doctrinarias y especulaciones de distinta naturaleza fueron en aumento. Se discutía y especulaba sobre el sistema que se impondría en el mundo. En principio, Estados Unidos jugó un rol protagónico dentro de una estructura “unipolar”. Era lógico. El derrumbe de la antigua Unión Soviética (URSS) sin provocar un estado de violencia internacional dejaba librado a la otra “superpotencia” la decisión de la política mundial.
Desde una óptica económica, lo que se estableció fue un acuerdo que, bajo el nombre de Consenso de Washington (1989), Estados Unidos lideró junto a otras naciones y entidades internacionales en materia económico-comercial y con libertad en el mercado mundial. Por entonces, el presidente Bush (1991) definió el sistema como “un nuevo orden mundial”. Y si agregamos el hecho de la reunificación de Alemania la comunidad internacional presentaba un moderno y amplio escenario dominado por pautas neoliberales.
La Argentina adhirió al nuevo modelo.

Hechos históricos

Es válido hacer un balance sobre la extensión de la política norteamericana en el hemisferio occidental.
Sabemos que en 1776 trece colonias inglesas se declararon independientes de la corona británica a la que estaban subordinadas. Francia y España apoyaron el hecho.
Establecieron un régimen republicano y decidieron aislarse de otros Estados. Así, en 1796 George Washington, en su discurso de despedida, instaba a sus connacionales a no hacer alianzas. Decía: “Nuestra buena política ha de consistir en mantenernos alejados de alianzas permanentes con cualquier parte del extranjero”. El redactor de la Declaración de la Independencia Tomas Jefferson (tercer presidente de la Nación del Norte) favoreció la libertad en el ámbito del país, pero en política exterior expresaba que los “Estados Unidos no debían intervenir en asuntos europeos, sin que esto implique dejar de afirmar presencia allí donde fuera conveniente”.

Reconocimiento

La cuestión del reconocimiento a las antiguas colonias españolas en el centro y sur del continente generó en Estados Unidos discusiones políticas que prolongaron esa decisión. Grupos influyentes apoyaban la idea del reconocimiento. Llegó a distinguirse entre “colonias” y “semicolonias”, estas últimas eran aquellas que gozaban de independencia política, como la Argentina. Incluida en el ámbito de Gran Bretaña con posterioridad a la primera Guerra Mundial pasó a la órbita de Estados Unidos. La economía del país creció y se integró al mercado mundial.
Desde 1817 era presidente James Monroe y John Quincy Adams, secretario de Estado.
En este contexto histórico y político, Monroe decidió reconocer la independencia hispanoamericana en forma unilateral. En tanto, España cedió la Florida a los Estados Unidos y Fernando VII la entregó en forma definitiva en febrero de 1822.
En marzo del mismo año, Monroe comunicaba al Congreso que reconocía la independencia de la Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Estados Unidos y la doctrina Monroe

En el documento del presidente James Monroe –2 de diciembre de 1823– no se hace mención alguna a renunciar a Cuba. Se afirmaron principios anticolonialistas, la no intervención de potencias europeas en el continente americano y el desinterés de los Estados Unidos en los asuntos europeos.
“Corresponde a nuestra franqueza y a las relaciones amistosas entre los Estados Unidos y aquellas potencias declarar que consideraremos como peligrosas para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de su parte para extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio. No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias y dependencias de cualquier potencia europea que exista actualmente.
“Pero con respecto a los gobiernos que han declarado su independencia y la han sostenido, y cuya independencia hemos reconocido después de gran consideración y basándonos en justos principios, no podemos contemplar ninguna intervención de cualquier potencia europea con el propósito de oprimir o controlar de otra manera su destino, bajo otra luz que como manifestación de una disposición poco amistosa hacia los Estados Unidos” (mensaje del presidente Monroe ante el Congreso norteamericano el 2 de diciembre de 1823).

Europa interviene en Venezuela

En 1902 se produjo una intervención europea en Venezuela. Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquearon las costas del país americano con el fin de coaccionar a este Estado para que diera satisfacción a reclamaciones de sus respectivos ciudadanos.
Los reclamos se basaban en delitos cometidos contra ciudadanos extranjeros con motivo de luchas civiles en Venezuela y el incumplimiento por parte de este país de obligaciones asumidas con anterioridad ante potencias europeas. El bloqueo y el uso de la fuerza de las naciones europeas contaron con la autorización del gobierno norteamericano, luego de que Alemania asegurara que no pretendían ninguna adquisición territorial americana. Al respecto, dijo el presidente Teodoro Roosevelt: “No garantizamos a ningún Estado contra sanciones en que incurra por su conducta, siempre y cuando la sanción no tome la forma de adquisición de territorio por alguna potencia no americana”. Y en 1905, Roosevelt afirmaba: “Debemos hacer evidente que no permitiremos que la Doctrina Monroe sea utilizada por nación alguna de este continente como un escudo que la proteja de las consecuencias de sus propias fechorías contra otras naciones. Si una República situada al sur de Estados Unidos comete una sinrazón contra una nación extranjera, entonces la Doctrina Monroe no nos obliga a intervenir para impedir el castigo de la sinrazón excepto para procurar que el castigo no asuma ya forma de una ocupación territorial de modo alguno”.

Posición argentina

Ante la agresión europea a Venezuela, el ministro argentino Drago pidió al gobierno norteamericano que se aplique la doctrina Monroe de “no intervención”. Pero los Estados Unidos no se sintieron obligados a una política de “no intervención” en los asuntos de sus vecinos del sur.
Con anterioridad, en 1827, Estados Unidos había declarado que la doctrina Monroe no se aplicaba a controversias surgidas entre Estados americanos. Por entonces, la Argentina había consultado al gobierno norteamericano sobre el tema cuando se encontraba en guerra con el imperio de Brasil. Estados Unidos contestó que esa guerra es estrictamente americana en su origen y objetivos por lo tanto no procedía la aplicación de la doctrina Monroe. Sin embargo, consideraban como casos excepcionales la anexión de Texas y la guerra con México que le siguió, de la cual resultó la adquisición por Estados Unidos de territorios mexicanos de California y Nueva México.

Intervenciones norteamericanas

Estados Unidos se convirtió en soberano del continente americano. Lo afirmó en una declaración cuando hubo divergencia de límites entre la Guayana británica y Venezuela. De modo que Estados Unidos no se consideraba obligado por ningún principio de “no intervención” después de la guerra entre España y América. Pero las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica se hicieron habituales y constituyeron la denominada “política de buen vecino”.
Cabe este dato. En los cincuenta años anteriores a 1933, Estados Unidos intervino unas sesenta veces en las cuestiones y territorios de sus vecinos latinoamericanos, especialmente en la región del Caribe.
Con el tiempo, Estados Unidos se convirtió en “policía y gendarme” de las relaciones con América Latina. Hoy, el presidente Donald Trump interviene en Venezuela intentando derrumbar al régimen de Maduro por la situación de crisis institucional, económica y social por la que atraviesa dicho país. Incluso Macri propuso a los Estados asociados al Mercosur echar a la nación bolivariana del sistema aludiendo al Protocolo de Ushuaia que sanciona toda dictadura que tenga poder en los países firmantes.

Declinación del norte

La cuestión es amplia y extensa en los hechos. Pero es legítimo admitir que su estudio y consideración son fundamentales para entender esta violenta modernidad que vive el mundo y que Estados Unidos se encuentra en una etapa de declinación ante un frente de naciones que manejan también armas nucleares. No olvidemos que fue Estados Unidos el 6 y 9 de agosto de 1945 cuando destruyó por completo a Hiroshima y Nagasaki (Japón) con bombas atómicas cuando este país estaba prácticamente derrotado, pero la potencia del Norte afirmó de esta forma su superioridad y caracterizó el escenario que vendría: la Guerra Fría ante la Unión Soviética.

El sistema y los riesgos

Hoy juegan en el ámbito internacional otros actores que cuentan con armamento nuclear y sólidas economías. Así Rusia, China, India, Pakistán e Irán representan en este esquema una parte. La otra liderada por Estados Unidos junto a Japón y Alemania y demás aliados occidentales.
La tecnología nuclear domina el planeta y la disuasión caracteriza la marcha del mismo. Un mundo multilateral en cuanto a número de países y alianzas formadas que van sumando a Estados con ojivas nucleares.
Tensión e inseguridad que van en aumento y ponen en riesgo a la humanidad toda.

Los derechos políticos de la mujer

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Hace dos años se reunieron especialistas de distintos países y organizaciones en el marco del Encuentro Internacional de Coordinadoras y Mujeres de Paz, que se realizó en el Congreso de la Nación. Uno de sus lemas fue que “la trata deje de ser un negocio”.
El encuentro fue organizado por la oficina regional para América Latina de Mujeres por la Paz en el Mundo. “Hay que darle igualdad de oportunidades a todos para que la prostitución no sea un destino para ninguna persona”.

Cuestiones

Ligado al tema, la “violencia de género” es un tipo de violencia física, psicológica, ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y psicológico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, incluye actos que causan sufrimiento, daño, amenazas, coerción u otra privación de la libertad. Este tipo de violencia presenta diversas características como un asalto, violencias sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del sexo, violencia física y sexual, infanticidio femenino y tráfico de personas; violaciones sexuales durante un período de guerra, ataques homofóbicos hacia personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, entre otros.

Legislación

En la Argentina está vigente la ley 26.485 denominada Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Decreto Reglamentario: 1011/2010).
Las disposiciones de la ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República y tiende a garantizar la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida.
Es decir, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

Las provincias

La ley de la provincia de Corrientes 5019 hace referencia a Violencia Familiar y lo reglamenta el decreto 3015. Posteriormente, en 1999, un nuevo decreto 945 amplía los términos del anterior.
De igual forma, la provincia adhiere a la Ley nacional 24632 que aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en Belem Do Para (Brasil).
En tanto, la Ley 5563, del mes de octubre de 2002, crea el Programa de Prevención y Asistencia Integral de las Personas Víctimas de Violencia Familiar.
En la provincia de Chaco está vigente el Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la consulta médica. Tiene por objeto la intervención activa del Estado en la disminución de los casos de violencia contra la mujer.

Igualdad

Una de las incansables luchadoras por establecer la igualdad de derechos de la mujer en relación con el hombre fue, sin dudas, Alicia Moreau de Justo. Nacida en Londres en 1885, médica, política, educadora y defensora de los derechos humanos (DD. HH.) de la mujer.
Publicó artículos sobre educación y política en la Revista Socialista Internacional. En 1920 fue cofundadora de la Unión Feminista Nacional para organizar a las mujeres y obtener la igualdad de derechos que el hombre.
Creó el Comité Femenino de Higiene Social con el fin de combatir la trata de blancas. En el mismo, también participó la escritora Alfonsina Storni. En 1921 Alicia Moreau se casó con el cirujano, fundador del Partido Socialista, Juan Bautista Justo.
En 1932 en la Cámara de Diputados, a través de un representante, presentó un proyecto de ley sobre el sufragio femenino, rechazado por la mayoría de los conservadores.
En 1947 viajó a París, representando a la Argentina, a las Primeras Conferencias Internacionales de Mujeres. Ese mismo año se aprobó en nuestro país la ley que permitía el voto femenino. Y fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Murió a los 101 años en el año 1986.

Acciones

La Argentina adhirió a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer por Ley 23179, que fuera aprobada previamente por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1979. Nuestro país suscribió este documento internacional sobre Derechos Humanos el 17 de julio de 1980
Para la Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera.
Desde ya, la Convención establece la necesidad de adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. La protección jurídica deberá basarse en la igualdad con los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Asimismo, los Estados Partes de la Convención deberán tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

El sufragio femenino

En nuestro país las mujeres tienen derecho a votar desde el 9 de septiembre 1947 por la Ley 13010. Así se hizo realidad el rol cívico de las mismas en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas y participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Por entonces, Eva Duarte de Perón pronunció un discurso donde hizo referencia a su proyecto de la participación política de la mujer: “(…) Este triunfo encarna un deber hacia el pueblo y hacia la Patria. El sufragio, que nos da participación en el provenir nacional, lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Es la de elegir. El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos (…)”.
“Hoy la escuela y el hogar ya no son términos contradictorios y separados, son partes de un mismo todo que sigue una línea similar con un solo objetivo único y superior: forjar las generaciones que nos han de seguir en el esfuerzo y la tarea de hacer una Patria mayor, una sociedad más justa y una comunidad nacional más unida y más fraterna. (…)” (1).
El 11 de mayo de 1948, Eva Duarte entregó partidas de nacimiento de las mujeres que pudieran obtener la libreta cívica, documento habilitante para sufragar. Y el 25 de julio de 1949 fundó el partido Peronista Femenino. Precisamente, el peronismo fue el único partido en inscribir en las listas a legisladoras nacionales y donde Perón iba por la reelección.
La fórmula Perón-Quijano obtuvo el respaldo del 62 por ciento del electorado y el peronismo logró que 23 mujeres se convirtieran en diputadas y 6 en senadoras nacionales. En 1955 accedieron a una banca 34 diputadas y 8 senadoras; en 1962 ingresaron 2 diputadas y ninguna senadora, en tanto que en el año 1975 22 mujeres se convirtieron en diputadas y 3 senadoras.
Con la sanción de la ley de cupo femenino aumentó su presencia en las listas y en 1993 fueron 35 las legisladoras que ingresaron tras la sanción de esta iniciativa aprobada dos años antes.

Criterio universal

Sólo cabe afirmar que entre las naciones que aceptaron el derecho de la mujer de elegir estuvieron los Estados Unidos en 1919, Inglaterra en 1928; Ecuador en 1929, Brasil y el Uruguay en 1932, Cuba en 1934 y El Salvador en 1939.
La Convención de Naciones Unidas también prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.
En este amplio espectro donde encontramos elementos sustantivos y detalles de los derechos de la mujer también los Estados partes de la Convención deben adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos. Así el derecho a prestaciones familiares; obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero y el derecho de participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.
Ese reconocimiento de igualdad de la mujer con el hombre ante la ley incluye materias civiles, capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular los derechos para firmar contratos y administrar bienes. Y una definición de la Convención es que en todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nula. Asimismo tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas de circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Un derecho operativo

La Argentina, con la reforma de 1994, integró a la Constitución nacional el artículo 75 inciso 22, entre una serie de documentos y declaraciones universales sobre derechos humanos que son operativos en todo el territorio nacional. Un paso significativo de progreso y justicia en todo lo relativo a la igualdad de la mujer con el hombre y la eliminación de todo tipo de discriminación.
Por lo demás, las Naciones Unidas, los Estados y distintos organismos y asociaciones privadas y organizaciones” no gubernamentales” (ONG) trabajan y estudian acciones para disminuir y erradicar el flagelo que es la violencia de género.

(1) Discurso de Eva Duarte de Perón el 23 de septiembre de 1947 en la Plaza de Mayo.

Cuestión histórica reñida en el país

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En esta oportunidad nos ocupamos sobre un tema históricamente reñido como son los conceptos de federalismo y la garantía federal. Lo regula el art. 5º de la Constitución nacional (CN) al disponer que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. Esto implica la “supremacía federal” sobre el derecho de las provincias. Lo hace también el art. 31º de la CN.
La Corte Suprema de Justicia receptó la jurisprudencia norteamericana disponiendo el alcance de la supremacía federal como sistema republicano provincial, principios y declaraciones y garantías, administración de justicia, régimen municipal y educación primaria. Estas cuestiones –dijo la Corte– que hacen a la organización interna de los poderes públicos de las provincias son extrañas a su jurisdicción. Porque son de incumbencia exclusiva de las autoridades provinciales. No se pueden invocar derechos constitucionales federales frente a la competencia autónoma que tiene cada provincia. De ahí que cada provincia puede elegir un sistema unicameral o bicameral.

Evolución

En nuestro país, las provincias se desprendieron de su soberanía a favor del gobierno federal, quien la ejerce en nombre del pueblo, pero aquellas son autónomas.
Las autoridades provinciales son consideradas agentes del gobierno federal. Y los gobernadores sus agentes naturales para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
El federalismo tiene una historia de convulsiones políticas y sociales que acompañaron desde 1820 al país. Baste decir que la lucha por el poder y los derechos y competencias provinciales estuvieron siempre presentes. Situación irregular que centralizó el poder político en manos de la nación y lo convirtió –en la realidad– en un sistema unitario. Opinión de no pocos tratadistas, pero no para quienes siguen de cerca la relación nación-provincias, siempre en desmedro de las autonomías de éstas últimas.

Presidencialismo

El modelo federal sigue sustentándose en la autonomía de las provincias y en la descentralización político-administrativa de los municipios.
La modernización tecnológica invadió al mundo y es utilizado por los poderes políticos en forma publicitaria. Pero, al parecer, el objetivo es lograr una sociedad contagiada de mediocridad con pérdida de valores, indiferencia y hasta insensibilidad.
La reforma de 1994 se propuso poner límites al Ejecutivo. En los hechos, no lo consiguió. Es más, el sistema presidencialista fue adquiriendo una mayor gravitación con la centralización del poder político. El “híper-presidencialismo” es una manifestación –si se quiere– natural en las naciones sudamericanas.

Ampliación de las facultades

La reforma constitucional del 94 habilitó otras posibilidades para las provincias en el ámbito regional e internacional conforme a la globalización vigente.
Como observaremos, los hechos se impusieron.
En esta línea, el art. 124 habilita a las provincias a “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación (…)”. Cerró también un antiguo debate al definir que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Esto implica que el gobierno federal no puede disponer a voluntad de tales recursos.

Intervención federal

Sin embargo, el gobierno federal puede intervenir en las provincias con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia (art. 6 CN).
La norma tuvo antecedentes en el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás. Lo tomó Alberdi en sus Bases y el texto actual se integró a la Ley Fundamental con la reforma de 1860 sobre la intervención federal a las provincias para “garantizar la forma republicana de gobierno”, sin necesidad de ser requerida por las provincias. Es opinión Quiroga Lavié que “se trata de una típica intervención renovadora de las autoridades provinciales, lo cual se ejerce en forma discrecional, como se ha hecho con mucha frecuencia, lo que implica la muerte del federalismo”. Y Corrientes es una de las provincias que más intervenciones ha registrado.
La Constitución prevé en casos de reclamos sociales contra el Estado la posibilidad de recurrir al organismo oficial específico a través del derecho de petición y por el cual el Estado, aunque el pedido sea considerado absurdo, está obligado a responder. “Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos (…) de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino (…)” (art. 14 CN). “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo (…) y salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. Lo expusimos en nuestra columna de la semana anterior (Pacto de DD. HH. de San José de Costa Rica. Sus normas son operativas en todo el territorio nacional).

Acuerdo regional e internacional

En este contexto, la “olvidada por los poderes estatales provinciales” Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA (Crecenea Litoral) que lo conforman las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Formosa y Chaco, se originó formalmente el 8 de junio de 1984 y en 1988 celebró una acuerdo internacional con el Comité de Desenvolvimiento del Sur (Codesul) que lo integran los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Matto Groso do Sul (Brasil) mediante el protocolo regional-fronterizo Nº 23. No es un dato menor, pues significó que estos convenios preexistieron a la reforma de 1994. Simultáneamente nacieron los Comités de Frontera, los primeros fueron los de Paso de los Libres (Corrientes) y Uruguayana (Rio Grande do Sul-Brasil) y Foz de Iguazú (Estado de Paraná-Brasil) y Puerto Iguazú (Misiones) eslabones importantes en la estructura del Mercosur (Mercado Común del Sur) hoy totalmente debilitado.
En una primera etapa funcionó este convenio regional entre las provincias y se logró un fluido intercambio con los Estados brasileños que incluyó también a la Universidad. Los Comités de Frontera fueron verdaderos eslabones de avance y progreso social e institucional. De ahí, nada más. El tema comprendía a los poderes del Estado e incluso a las legislaturas provinciales.
Hoy es desconocido e indiferente por los poderes estatales provinciales.

Integración

El intento y la letra permanecen en la Constitución y en diversos documentos. Similar situación tuvo como resultado el acuerdo Mercosur. Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay vislumbraron la posibilidad de afianzar un esquema subregional. Empero, no se crearon órganos supranacionales y los egoísmos fronterizos cuyas exigencias fueron menos conciliadoras y más nacionalistas alejaron el espíritu integracionista.
Vale este ejemplo, en su momento Uruguay y Brasil tenían interés en concretar un tratado con la Unión Europea (UE) que tiene 28 Estados miembros. No fueron consultados Argentina, ni Paraguay. Se trataba de un contrasentido: no era el Mercosur. Actualmente el presidente Macri viaja por el mundo y abre las puertas de la Argentina e incluye al Mercosur. En realidad el sistema, reiteramos, perdió credibilidad y es sólo un símbolo político. Las naciones integradas por el Tratado de Asunción sufren una crisis económico-político y social que es factible apreciar cada día.
El Mercosur quedó como un emblema institucional y hasta deportivo. La total falta de interés puso límites a su avance. Nació en 1991 con la firma del Tratado de Asunción y tenía previsto arribar al mercado común (MC) el 31 de diciembre de 1994.
Hoy estamos en el año 2017. Sólo lo encontramos en discursos políticos.
Un espíritu que prevalece en los distintos países que lo conforman literalmente (1).

El ideal democrático

Mantengamos la práctica de confrontar ideas entre ciudadanos, políticos y organismos estatales. Es un principio básico de la democracia deliberativa
La República funciona con poderes independientes y autónomos pero en armonía y respondiendo a un solo ideal: el interés de la nación. Un control mutuo hace al principio republicano. Por ende, los valores éticos son fundamentales.
Y la educación tiene un rol esencial. La juventud es receptora de la misma dirigida por el Estado y es en la actualidad un desafío mayor ante la tecnología que logró hasta ahora, la casi desaparición total de las relaciones interpersonales. La libertad no es “libertinaje”. Es un concepto serio, respetuoso de otros valores entre las personas y las instituciones. Los medios televisivos caen en la falta de respeto con programas ordinarios o sólo deportivos y cualquier conductor opina sobre cualquier cosa.
Tecnificación sí, pero el Estado debe controlar.
En democracia alentemos el debate y la discusión colectiva, evaluemos propuestas y consecuentemente sus argumentos. Las opiniones son válidas cuando son abiertas y transparentes, individuales o sociales, porque contribuyen a la libertad en el ámbito de la democracia.
Es un camino difícil, pero no imposible. Y esta tarea corresponde al Estado (Nación), incluye a las provincias, municipios y demás organismos públicos y a cada uno de nosotros.
Y esta idea e impulso es totalmente legítimo.

(1) Sobre temas de Integración Regional hemos realizado numerosas notas en este medio de comunicación.

Termina su mandato, ansía seguir por cuatro años más

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Por Luis María Díaz Colodrero. Exsenador

En una primera entrega me referí al señor intendente de Goya, al que le gusta llamarse el profe Bassi, y su decisión de presentarse a competir para un nuevo período en las próximas elecciones.
Recordé, por si aún usted no lo sabe, que este funcionario resultó procesado con sentencia firme debido a una denuncia penal que la Justicia dictaminó: incumplimiento de los deberes de funcionario público.
No obstante, esta mácula no resulta un impedimento para que pueda intentar la empresa que se propone por cuanto hasta el presente no ha sido condenado.
Pero debería saber que una importante cantidad de los ciudadanos que el señor gobierna permanece expectante por conocer respuestas sobre otras cuestiones que hacen a manejos cuanto menos desprolijos realizados con ciertas finanzas públicas en su gestión.
Hace meses, y en reiteradas oportunidades hechas públicas, he venido, con todo respeto, reclamándole amparado en mi derecho ciudadano, se digne a brindarnos las debidas respuestas.
Hace a la publicación de los actos de gobierno, cual es su obligación.
Pero resulta que el señor intendente, de manera harto evidente las ignoró.
Mencionaré ahora sin que se agote como si fuera el último, además del solicitado en la anterior entrega (sin respuesta hasta el momento), otra intriga. ¿Cuál? La enmienda.
Esta rareza obedece a que hace un tiempo solicité, entre otros, que se aclare por qué su gestión pagó deuda en el año 2015 por más de $ 2.800.000 a la cifra que, en concepto de “recursos pasivos”, se estableció en el balance aprobado por el Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio de 2014.
A poco de haber hecho público el interrogante, la señora secretaria de Hacienda conjuntamente con el tesorero del Municipio se ofrecieron a brindarme las explicaciones. Fue así que gustoso los recibí en mi domicilio.
Bueno. Más allá de la cordial charla mantenida, solo saqué como conclusión, dicho por ambos funcionarios, que se trató de un error, que verían cómo arreglarlo.
Trascurridos unos días sin información, y ante mi reclamo, me expresaron que estaban viendo la manera de solucionar el error con una enmienda.
Les manifesté que cuando la tuvieran me la enviaran.
Así lo hicieron, enviándome un primer borrador, luego modificado por el que cierto día me llegara, y que fuera enviado con fecha 9/5/17 al Concejo Deliberante por el jefe del poder ejecutivo, señor profe Bassi, conjuntamente con la señora secretaria, Carolina Pedrozo.
Bueno. Para su conocimiento, aquí está el “error”.
Pues bien. Resulta insólito que haya sido un simple ciudadano el que, por sencilla lógica, analizando documentos oficiales, sea el que advierta lo que pareciera se debió a un “error”. Algo inadmisible que fuera ignorado en tiempo y forma, por las máximas autoridades del Ejecutivo. La totalidad del Concejo Deliberante, su departamento contable y la unanimidad del Tribunal de Cuentas, cuya función específica es auditar las cuentas del Municipio.
Se les pasó a todos ¡Ninguno de los integrantes de esas instituciones del gobierno se dio cuenta!
Amigo lector, le pregunto, ¿puede justificarse semejante negligencia de inobservancia colectiva? ¿o será que alguno se dio cuenta de que no se trató de un error y no dijo ni mutis creyendo que pasaría sin ser advertido, abusándose de la nobleza o ingenuidad de los demás? Como quiera que haya sido, ¡pasaron dos años!
¿Error involuntario por más de dos millones ochocientos mil pesos ($ 2.800.000)? Mmm. Y sí, como usted vio, la nota “aclaratoria” ingresó al Concejo el 9 de mayo del presente año para que se anexe al balance de aquel lejano 2015… ¿Cuál o cuáles son los motivos por el que hasta el presente, habiendo transcurrido más de dos meses, esté “durmiendo” en una comisión del Concejo, y aún no hayan procedido a considerarlo en el recinto? ¿Será que el bloque oficialista tiene vergüenza? ¿O que se olvide en el tiempo pues podría existir otro motivo: no ser un error, y el aprobar la enmienda, les traiga ulterioridades judiciales no deseadas?
Señor intendente profe Bassi, usted es el máximo responsable. Es por ello que lo invito nuevamente a que se haga escuchar respecto a esta seria cuestión que se suma a la anterior.
Tranquilice. Aclare. Por su imagen y credibilidad a sus gobernados, y también a sus compañeros de Goya Puede. Así también al resto de los compañeros de la provincia, dado su carácter de presidente del justicialismo correntino.
No olvide que es un procesado con sentencia firme. Y reitero. Eso, si bien no le impide competir para pretender un nuevo mandato, constituye una pesada carga. Yo que usted evitaría agregarle posibles “kilos judiciales” más a los bolsillos de sus joggings.

Camau, un oportunista que no duda en tratar de sacar réditos de las desgracias de los correntinos

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Reapareció el lobo disfrazado de cordero, Mauricio Espínola, candidato a gobernador kirchnerista, sale a culpar al Gobierno provincial por la caída del puente Santa Rosa o Guazú, situado en la ruta nacional 12 en el camino que une Esquina con Goya y gran parte de la provincia, jurisdicción de Vialidad Nacional, que por cierto tuvo como conducción durante 12 años al gobierno kirchnerista de Cristina y Néstor, pero de acuerdo al deportista al parecer nada tienen que ver con lo que sucedió el fin de semana, como tampoco al parecer influyó el bloqueo de fondos que generó a la provincia durante su intento de ser mandatario hace algunos años. Una actitud que lo muestra tal cual es.
Queremos ser muy claros en nuestros conceptos respecto de la actitud de Camau Espínola, candidato a gobernador kirchnerista en las próximas elecciones del 8 de octubre, quien de manera rebuscada y de baja calaña pretende inculpar a la Provincia de hechos en los que la administración provincial nada tiene que ver.
No es la primera vez que lo hace. Anteriormente, cuando fue candidato gobernador, derrotado por Ricardo Colombi, tras su promocionada gestión como intendente de la Capital, tiempos en los que el deportista se convirtió en factor determinante, era el que “autorizaba” para que Corrientes recibiera fondos, ya sea para la producción, obras, mantenimiento vial, enripiado, viviendas, etc. Él, sin embargo, se encargó de bloquear todos los recursos que pudo para Corrientes, especialmente lo referente a viviendas y mantenimiento vial y recuperación de rutas. Esta acción la emprendía con sus amigos de la Nación y luego inculpaba a la provincia de las falencias que ocasionaban esa falta de recursos, al punto que hizo perder los fondos disponibles para la recuperación de las rutas 119 y el reasfaltado de la 126 en el tramo que une aquella con Sauce, recursos que luego fueron a parar en el presupuesto nacional a la autovía Paraná-Concordia. Y así numerosos fondos que se bloquearon con el solo efecto de hacer naufragar la gestión de Ricardo Colombi, confesado esto sin eufemismos por el entorno más cercano del por entonces jefe comunal, para favorecer su intento de ocupar el Sillón de Ferré, mientras tanto la comunidad correntina, que importa, era lo de menos.
Ahora, ya sin aquel respaldo nacional, que lograba que los ministros y cuanto funcionario de cualquier rango que se llegara a Corrientes obviara pasar por la Casa Rosada, ni siquiera a brindar el saludo protocolar al gobernador, solo basta hacer un ejercicio retrospectivo para recordar esto que expresamos, insiste en la metodología de endilgar a la Provincia falencias que corresponden a otras jurisdicciones, y lo hace sin vergüenza, dando la sensación de convencimiento aun a sabiendas de que miente. No le importa, el objetivo es ensuciar a la administración local y sacar rédito. Si quisiéramos profundizar podríamos recordar los operativos mediáticos con la difusión del mapa del delito trucho. Pero dado que estamos en el aspecto vial, vale recordar que Camau expresa que la caída del puente Santa Rosa es por desidia de la Provincia, un puente sobre la ruta nacional 12, cuya jurisdicción es de Vialidad Nacional, y por ende la responsabilidad de su mantenimiento y funcionamiento, pero, más allá de ello, un puente no se desmorona de un día para otro, es decir nos preguntamos cuál es la responsabilidad de los “amigos” de Camau que doce años estuvieron conduciendo aquel organismo, antes de marcharse dejaron alguna recomendación, alguna observación respecto de esta vía de comunicación, o hicieron, como todas las otras reparticiones, escondieron todo, para que no le encuentren los negociados con los que se llenaron sus bolsillos, que no sea caso que también en este puente haya habido algún trabajo que no se hizo y se cobró, no lo podemos asegurar, porque no lo sabemos con certeza y no somos como Espínola, que a pesar de saber que miente, lo mismo endilga culpas.
Así está planteado el panorama para una campaña importante que se avecina, en la que está en juego el futuro de la provincia, en la que se debería debatir cuál es el futuro que Camau ofrece, el de volver a la corrupción, los negociados, los aprietes, las obras sin planificación, y la falta de proyectos, solo declamaciones respecto de lo que entiende que no se hizo, o mirar de otra manera el futuro, sustentado en la estabilidad, la responsabilidad fiscal, en el correcto funcionamiento del Estado, en el fortalecimiento de los gobiernos locales en cada punto de la provincia, el fortalecimiento y crecimiento del turismo, convirtiéndose en una verdadera industria sin chimeneas, en la conservación y explotación sustentable de nuestros recursos naturales. Ese es el debate, pero parece que prefiere y le gusta el lodo, donde sobra material también para ensuciarlo y les aseguramos que sin mentir, como lo hace él.

Otra realidad

Las causas y el origen de la caída del puente se determinará oportunamente. Hoy tanto Vialidad Nacional como diferentes organismos de la Provincia trabajan para recuperar las vías de comunicación, implementan mecanismos alternativos y brindan toda la seguridad que corresponde a los que se deben trasladar de un lado a otro. La recuperación de la vía, por el espacio geográfico en el que se encuentra. demandará tiempo. Hoy se están buscando articular medidas paliativas y se trabaja en alternativas, eso es lo importante, mirar para adelante y trabajar para solucionar el problema de la comunidad. Esto es el presente, y en eso están los que quieren un cambio, miran para adelante, lo que vienen del pasado están en otro cosa, la crítica y sacar rédito a cualquier precio en base a cualquier hecho.

Importante: Pacto de San José de Costa Rica

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Qué mejor en honor a la Patria celebrada ayer 9 de Julio que abordar una cuestión vinculada totalmente a la defensa de los seres humanos a través de resoluciones y convenciones de organizaciones internacionales.
Sabemos que la reforma constitucional de 1994 abordó la temática sobre derechos humanos (DD. HH.), que durante la década del ochenta tuvo un valor singular en los Estados de la comunidad internacional. Los cambios producidos como consecuencia de la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania y el derrumbe de la Unión Soviética (URSS) cifraron de esperanza al mundo en la faz económica con el neoliberalismo fruto del Consenso de Washington (1989) y la globalización que suprimió barreras y fronteras ideológicas y políticas. Los países adoptaron en sus legislaciones internas y muchos en sus propias Constituciones, como el caso argentino, cuestiones vinculadas a las libertades fundamentales de las personas y los derechos individuales en el marco del estado de derecho y democracia.

Artículo de la Constitución nacional (CN)

El art. 75 inciso 22 de la Constitución nacional (CN) dispone la integración de estos tratados referidos a la defensa de los derechos humanos y determina una estructura jerárquica diferente de la que tenía hasta entonces. En este marco, predomina la Constitución nacional y por fuera del orden jurídico pero en el mismo nivel, es decir ni supra- ni infraconstitucionales, los tratados sobre derechos humanos. Estos son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas se firmó en la ciudad de Belem do Pará, República Federativa del Brasil (9 de junio de 1994) y la Argentina lo integró por Ley 24556 el 18 de octubre de 1995 con posterioridad a la reforma constitucional pero también integra este bloque. Y no solo comprende la desaparición sistemática sino también la desaparición individual. Es considerado un delito de lesa humanidad y tanto la acción como la pena son de carácter imprescriptible.
En un segundo plano están los tratados internacionales del objeto que fueren y los concordatos –cuando una de las partes es la Santa Sede–, y en tercer lugar, las leyes nacionales. Y ya por debajo las Constituciones provinciales y la legislación pertinente en cada una de ellas.

Operatividad

La Constitución nacional y los tratados de derechos humanos incorporados en 1994 tienen carácter operativo, se aplican en todo el territorio nacional y ninguna ley o tratado pueden contradecirlos porque serían inconstitucionales y nulos.
Como observaremos, en el hemisferio americano se aprobaron y materializaron documentos internacionales que hacen a la defensa de los derechos humanos. Ya lo había hecho la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el artículo 1º de la Carta al afirmar “el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

Convención americana

Grupos organizados de trabajadores, de empresarios, industriales, instituciones culturales o educativas y gremios deben estudiar y mantener vigente –diariamente– las expresiones y contenidos de estas resoluciones referidas a los derechos humanos, porque tienen plena vigencia en el país. Y esta es una síntesis que brindamos desde La República.
El 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos doce Estados firmaron la Convención Americana sobre DD. HH., que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Sobre fines de 1996, 25 Estados habían ratificado el Pacto, entre los cuales se encuentra la Argentina. Un protocolo adicional a esta Convención se aprueba en 1988 referido a derechos económicos, sociales y culturales.
En el mundo existen tres sistemas de DD. HH.: la Organización de Estados Americanos (OEA); el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad”. Incluye el nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad y la capacidad.
Derecho a la Vida. Protegido por la ley a partir de la concepción, “nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida” (art. 4).
“No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. “En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos”. “No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”. “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión de autoridad competente”.
Otros principios son: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”. “Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”. “Cuando los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunal especializado, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.
“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Garantías

El art. 8º se refiere a las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (…) “La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. “Una persona no puede sometida a juicio y condenada dos veces por el mismo delito” (non bis in idem).
Otros títulos y principios del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos tratan sobre la prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, protección de la honra y la dignidad, a la privacidad, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección de la familia, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, libertad de conciencia y de religión y derecho de circulación y residencia que establece: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

Deberes de los Estados Partes

Sugerimos tener en cuenta estos conceptos. El Pacto de San José de Costa Rica dispone que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
La Convención creó dos órganos fundamentales: una Comisión Interamericana y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las decisiones de este tribunal son obligatorias para los Estados que han aceptado la competencia de estos órganos. La Corte Interamericana en una opinión consultiva afirmó que la regla básica del derecho internacional impone a los Estados Partes en un tratado el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean medidas legislativas o de otra índole. Si la subsistencia de obstáculos internos de un Estado no garantiza la vigencia efectiva de algún derecho instituido por el Pacto, esta circunstancia constituirá una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección previstos en el Tratado Interamericano. De ahí que los Estados Partes deben dictar normas internas que faciliten la vigencia plena y efectiva del contenido normativo del Pacto. Y esto es importante para la operatividad del instrumentos de DD. HH. en un Estado parte.

La Argentina

En democracia y conforme al Estado de Derecho el Pacto de San José de Costa Rica es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) vigente y defensor de los derechos individuales.
Y la Argentina es Estado Parte de este instrumento hemisférico.

Cuestiones de nacionalidad y ciudadanía

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En general, el término ciudadano es definido como aquel natural o vecino de una ciudad o como sujeto de derechos políticos. Y nacional es el natural de una nación en contraposición a extranjero. Aquel es el nativo, originario de un pueblo o nación y naturalizar es conceder formalmente a un extranjero los derechos de los naturales del país en que obtiene esa categoría.
Entre los antecedentes del país, el Estatuto de 1815 “De la Ciudadanía” establecía que “todo hombre libre, siempre que haya nacido en el territorio del Estado, es ciudadano”. “La Constitución de 1826 afirmaba que son ciudadanos todos los hombres libres nacidos en su territorio y los hijos de estos dondequiera que nazcan (…)”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema en el caso “Emilia Mayor Salinas” expresando la evidente sinonimia de los términos ciudadanía y nacionalidad en la Constitución nacional y en el caso “Julieta Lanteri de Renshaw”, donde equiparaba la ciudadanía que se concedía al extranjero con la nacionalidad.

La mujer casada

La Asamblea General de Naciones Unidas en relación con la nacionalidad de la mujer casada estableció que la nacionalidad de la mujer no será afectada automáticamente por su casamiento con un extranjero, por la disolución del matrimonio o por el cambio de nacionalidad de su esposo. Tampoco se le puede impedir a la mujer que retenga su nacionalidad cuando el esposo adquiere voluntariamente otra nacionalidad o renuncia a la propia.
La Conferencia Internacional Americana de Montevideo, en 1933, dispuso que no se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislación ni en la práctica.
La ley argentina 346 de 1869 carecía de disposición alguna referida a la nacionalidad de la mujer casada. En estos casos se expidió la CSJN estableciendo que el matrimonio no alteraba la nacionalidad de la mujer casada.

La Constitución

En la Constitución de 1853-1860 ciudadano es utilizado como sinónimo de habitante o de nacional y hasta como equivalente al nacional o extranjero con derechos políticos.
“La nacionalidad nos introduce a la sociedad civil; la ciudadanía a la sociedad política. Lo nacional se opone a lo extranjero; lo ciudadano puede también oponerse, pero no necesariamente. La ciudadanía es un estado; la nacionalidad un haz variable de derechos y obligaciones. Los vínculos de nacionalidad y ciudadanía son diferentes, no se excluyen pero tampoco se implican (Jorge Raúl Poviña; Ciudadanía y naturalización en la Constitución Argentina)”.

Apátridas

La pérdida de la nacionalidad, sin adquirir otra, ha perturbado la situación de numerosas personas. En este sentido al Instituto de Derecho Internacional consideró que la pérdida de la nacionalidad no puede imponerse nunca como una sanción.
El Acuerdo de Ginebra (5 de julio de 1922) creó un pasaporte especial conocido como “pasaporte Nansen”, que creó un certificado especial que sustituye al pasaporte a raíz de los emigrados de la Unión Soviética que habían sido privados de su nacionalidad.
La Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 creó la Organización Internacional de Refugiados para repatriar a las personas desplazadas en la guerra. El Estatuto de las Personas Apátridas (28 de septiembre de 1954 y en vigor desde 1960) de las Naciones Unidas (ONU) estableció que se debe prestar a los apátridas el mismo tratamiento que a los refugiados. El apátrida es una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado de acuerdo con sus propias leyes.
Los decretos 7058 del año 1945 y 11417 del mismo año, crearon un registro especial de nacionales de los países enemigos para la inscripción y vigilancia de las personas de nacionalidad alemana o japonesa domiciliados o residentes en la República.

Naturalización

La Declaración Internacional de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948) dispone que “a nadie se le privará arbitrariamente del derecho de cambiar de nacionalidad”. Hay coincidencia en la doctrina adoptar esta posición.
Este derecho de las personas requiere la intervención del Estado para fijar el procedimiento en resguardo de su soberanía.
La Constitución nacional, en el art. 20, precisa que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión (…) No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.

Ley argentina

La Ley 346 del año 1869 vigente en nuestro país expresa que son argentinos: “Todos los individuos nacidos, o que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de ministros extranjeros y miembros de la legación residentes en la República.
-Los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen.
-Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República.
-Los nacidos en las repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la emancipación de aquellas, y que hayan residido en el territorio de la Nación, manifestando su voluntad de serlo.
-Los nacidos en mares neutros bajo el pabellón argentino.
Con relación a los ciudadanos por naturalización son: Los extranjeros mayores de dieciocho años, que residiesen en la República dos años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo.
-Los extranjeros que acrediten ante dichos jueces haber prestado, cualquiera que sea el tiempo de su residencia, alguno de lo servicios siguientes:
-Haber desempeñado con honradez empleos en la Nación o de las provincias, dentro o fuera de la República.
-Haber servido en el ejército o en la escuadra, o haber asistido a una función de guerra en defensa de la Nación.
-Haber establecido en el país una nueva industria, o introducido una invención útil.
-Ser empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera de las provincias (…)
-Haberse casado con una mujer argentina en cualquiera de las provincias.
-Ejercer en ellas el profesorado en cualquiera de los ramos de la educación o de la industria.
La ley indica que los procedimientos para adquirir la carta de ciudadanía argentina deberán acreditarse ante la jurisdicción federal.
Durante el gobierno de facto (1976-l983) estuvo vigente la ley 21795, pero con el advenimiento del sistema democrático la Ley 23059 sobre ciudadanía y naturalización restableció la Ley 346 del 1 de octubre de 1869 con ciertas salvedades.

Sistemas

La Constitución de 1853 no imponía un sistema de nacionalidad. Esto fue advertido en la Convención de Buenos Aires de 1860.Se trató allí el jus soli o sea, la nacionalidad basada en el hecho de la vinculación del hombre con el lugar de su nacimiento. El Instituto de Derecho Internacional (1895) afirmó que “la ciudadanía originaria (jus sanguinis) no puede transmitirse de generación en generación de un modo indefinido. Además la historia demuestra que este principio de la sangre ha sido sostenido por las naciones imperialistas y colonialistas para mantener núcleos vigorosos de nacionales propios en los países sometidos a su influencia. No se ha reaccionado bastante contra tan nocivo principio que perturba el desarrollo natural de las naciones nuevas (Pablo A. Ramella: Nacionalidad y ciudadanía; Ed. Depalma; 1978).

La realidad

Como apuntamos, los términos nacionalidad y ciudadanía fueron considerados históricamente como idénticos en sus roles. El derecho interno de los Estados y numerosos instrumentos internacionales como consecuencia de convenios entre Estados trataron este tema. En el bloque de la Unión Europea (UE) existe una ciudadanía comunitaria con características especiales en materia política aunque los habitantes conservan la nacionalidad de origen. En la actualidad, en algunos países esta cuestión afecta a grupos de personas e incluso a instituciones representativas de un Estado al visitar otras naciones.
Empero, la nacionalidad es para la Argentina un vínculo jurídico-político de la persona con el suelo donde ha nacido (jus soli) y el derecho de la sangre (jus sanguinis) lo aplican las naciones europeas. Ciertamente, la Constitución nacional equipara en distintas normas y capítulos los términos de nacionalidad y ciudadanía aumentando la confusión que aún persiste en muchos sectores académicos y doctrinarios y la aplicación de políticas nacionales cerradas en otros Estados como la reciente decisión del presidente Trump, de los Estados Unidos, prohibiendo el ingreso de extranjeros que solicitan refugio, escapando de la guerra y la miseria.

Derechos humanos: una lucha constante y global

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La denominada “globalización” produjo un mayor intercambio de bienes y servicios entre los países incluyendo una mayor interdependencia de la población del planeta. Los progresos y adelantos informáticos posibilitaron esta fluida comunicación.
La Argentina no fue ajena a este cambio mundial. Y consagró con la reforma constitucional de 1994 el artículo 75 inciso 22 (“Atribuciones del Congreso”) una serie de tratados internacionales referidos a los derechos humanos (DD. HH.) que se encuentran en vigencia y tienen operatividad en el país.
En la esfera internacional la “Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” establece la necesidad de adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. La protección jurídica deberá basarse en la igualdad con los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Los Estados Partes de la Convención deberán tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
La Argentina adhirió a esta Convención por Ley 23179. Este instrumento fue aprobado previamente por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1979. Nuestro país suscribió este documento internacional sobre Derechos Humanos (DD. HH.) el 17 de julio de 1980.
Para la Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil o en cualquier otro ámbito.

Naciones Unidas (ONU)

La Convención de Naciones Unidas prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación. En este amplio espectro encontramos elementos sustantivos y detalles de los derechos de la mujer. También los Estados partes de la Convención deben adoptar medidas apropiadas conforme a este instrumento internacional.
Ese reconocimiento de igualdad de la mujer con el hombre ante la ley incluye materias civiles, capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular los derechos para firmar contratos y administrar bienes. Y una definición de la Convención es que en “todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nula”.

Derechos políticos

En 1920, el sufragio universal y los derechos políticos femeninos centraron la atención pública de aquella época.
En 1932 Uruguay y Brasil impusieron los derechos al sufragio. Con la posguerra el sufragio femenino se incorporó en Francia en 1944 e Italia en 1946. Lo mismo en Venezuela en 1945, Argentina en 1947 Chile y Costa Rica en 1949, México1953, Colombia en 1954 y Perú en 1955. Paraguay fue el último en obtener el voto femenino en 1961.
En nuestro país, Eva Duarte de Perón dio un firme impulso a la movilización de las mujeres dentro del peronismo para la sanción del voto.
“Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos (…) Es una victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados”. Discurso de Eva Perón en 1947.
Entre las naciones que primero aceptaron el derecho de la mujer de elegir estuvieron los Estados Unidos en 1919, Inglaterra en 1928; Ecuador en 1929; Brasil y el Uruguay –como apuntamos– en 1932; Cuba en 1934 y El Salvador en 1939.
La Ley 13010 del 9 de septiembre de 1947 aprobó el voto femenino en la Argentina. Iniciativa de Eva Duarte, esposa del entonces presidente Juan Perón y los legisladores la convirtieron en obligatoria.
Con anterioridad, Alicia Moreau de Justo, médica, luchadora incansable de los derechos de la mujer, por la institución pública y por la cultura, fue una de las primeras mujeres que públicamente abogó por el voto femenino.
El 11 de mayo de 1948, Eva Duarte entregó partidas de nacimiento de las mujeres que pudieran obtener libreta cívica, documento habilitante para sufragar. Y el 25 de julio de 1949 fundó el Partido Peronista femenino.
Argentina, con la reforma de 1994, integró a la Constitución nacional el artículo 75 inciso 22 entre una serie de documentos y declaraciones universales sobre derechos humanos.

El sufragio femenino

De lo expuesto surge que las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas y participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Y con respecto al trabajo la mujer tiene como derecho inalienable de todo ser humano, a las mismas oportunidades de empleo, el de elegir libremente profesión y empleo, al derecho a igual remuneración, igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo, derecho a la seguridad social y protección a la discriminación en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos. Así el derecho a prestaciones familiares; obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero y el derecho de participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. El voto femenino obligatorio y la ley de cupo aprobada en los años 90 facilitaron el acceso de las mujeres a diferentes ámbitos públicos como el Congreso y hasta la presidencia de la Nación.

Derechos indígenas

La igualdad tiene un nuevo modelo desde la reforma constitucional de 1994 con la incorporación de los incisos 17, 19 y 23 del artículo 75.
Que étnica y culturalmente hayan preexistido los pueblos indígenas implica que es inviolable desconocer la herencia que se acumula en sus comunidades y en nuestra sociedad toda. De idéntica forma el art. 75 inciso 23, indica legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos (art. 37, Constitución de la Provincia del Chaco (1994): “Los Pueblos Indígenas”).

Una labor constante

La democracia trajo como atributos nuevos conceptos surgidos en la Asamblea General de Naciones Unidas y plasmadas luego en naciones de la comunidad internacional y en otras tantas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos (DD. HH.). Esta síntesis que realizamos despertará, seguramente, el interés del ciudadano sobre lo que hay que conocer con relación a ese tema tanto en el plano universal como en nuestro derecho interno. Este largo proceso de justicia atravesó duros debates políticos y sociales. Se impuso, finalmente, un Estado moderno y realista de lo que ocurre en el mundo actual. Y aún falta mucho por hacer y difundir. En realidad es una cuestión de interés y educación. Y es el Estado el que debe impulsar políticas, transmitir ideas, iniciativas, programas de difusión y realizaciones en torno a los derechos humanos universales. Claro está incluyendo a otros poderes del Estado y asociaciones culturales y educativas.
Porque todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Son, esencialmente, las garantías individuales que deben ser defendidas sobre la base de que el propio hombre es el eje del sistema social y político.

El derecho a peticionar y las nulas respuestas de un funcionario

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Por Luis María Díaz Colodrero. Exsenador.

Allá por el mes de agosto del pasado año en más de una oportunidad usted, señor lector, quizá recuerde haber leído en cartas abiertas varios titulares parecidos a este. Iban dirigidas al señor intendente de Goya, amparado en un derecho constitucional que asiste a cualquier ciudadano. Esto es peticionar a la autoridad.
Deseaba saber al igual que muchos conciudadanos, los detalles de la aplicación de unos
$ 200.000.000 que habría recibido por parte del Gobierno nacional, según se especificaban en los ingresos presupuestarios, y que serían destinados a costear la moderna obra lumínica que realizó la Comuna, reemplazando en avenidas y ciertas arterias de la ciudad, luminarias de sodio por las novedosas lámparas led.
Insistí luego de un tiempo prudencial pero inútilmente el señor intendente o no leyó o no le informaron. No se dignó a responder.
Con posterioridad, otra preocupación se la trasladé por este mismo medio. Esta vez, pues a la simple vista de ciertos balances municipales que fueron remitidos resultando aprobados por el Tribunal de Cuentas municipal y elevados luego al Concejo para su consideración. Ellos fueron aprobados por unanimidad del cuerpo.
Pues bien, de sus lecturas y comparación entre los revisados correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, aparece una cifra “misteriosa” no aclarada debidamente por la gestión de Bassi hasta el presente .
La cifra en cuestión asciende a mas de $ 2.800.000 por deuda o deudas que se habría abonado sin especificarse en concepto de que, ni a quién o quiénes. Misterio aún no develado.
En un anterior escrito, hice mención a que recibí en mi domicilio a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la Comuna a efectos de recibir ciertas explicaciones que no resultaron convincentes. Con posterioridad, ellos me hicieron saber que habrían detectado un “error” y que sería subsanado mediante una enmienda que sería elevada a la consideración y aprobación del Concejo.
Bueno. Hasta hoy, que yo sepa, si bien hace unos días me fue enviado un segundo “borrador”, la enmienda aún no apareció para conocimiento y su eventual aprobación del cuerpo .
Me detengo por un instante, para que el lector preste debida atención: si resultara un “error contable” o como quiera se lo llame, ¿tuvo que ocurrir que un ciudadano tenga que haber advertido que “flotaban en el aire” unos 2.800.000 pesos desde allá por el año 2015, para que en 2017, recién los responsables, Secretaría de Hacienda, Tribunal de Cuentas, Concejo Deliberante y comenzando por el titular del Poder Ejecutivo, responsable con su firma de haber remitido al tribunal el original expediente que contenía “el error”, se dieran cuenta?
Señor intendente de Goya: conocido su procesamiento con sentencia firme por incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de aquella denuncia que presentara este ciudadano, se habló en el seno del Partido Justicialista que usted preside, como así también por distintos voceros integrantes de la bancada local del FPV, que usted, al igual que la señora intendente de Perugorría, también procesada y hasta donde creo saber, secretaria del máximo organismo de la conducción justicialista, forman parte de persecuciones políticas judiciales .
Vea señor intendente. Esa frase, “recitada hasta el ridículo” en los últimos años, ante denuncias penales que recaen sobre funcionarios o particulares sospechados por presuntas acciones que podrían considerarse ilícitas, a mí no me caben. No tengo razones “políticas” para perseguir a nadie ni en mi pasado y, menos aun en el presente, pues sepa, si tiene alguna duda. No estoy detrás de ninguna pretendida candidatura.
Aclarado este punto por si fuera necesario, me permito sugerirle en consecuencia con todo respeto que aclare o haga aclarar por donde corresponda, para que en los interrogantes que vengo planteándole, la comunidad que usted gobierna obtenga las respuestas convincentes que reclama .
Transparencia en los actos de gobierno.