Cuestión histórica reñida en el país

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Gentileza

En esta oportunidad nos ocupamos sobre un tema históricamente reñido como son los conceptos de federalismo y la garantía federal. Lo regula el art. 5º de la Constitución nacional (CN) al disponer que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. Esto implica la “supremacía federal” sobre el derecho de las provincias. Lo hace también el art. 31º de la CN.
La Corte Suprema de Justicia receptó la jurisprudencia norteamericana disponiendo el alcance de la supremacía federal como sistema republicano provincial, principios y declaraciones y garantías, administración de justicia, régimen municipal y educación primaria. Estas cuestiones –dijo la Corte– que hacen a la organización interna de los poderes públicos de las provincias son extrañas a su jurisdicción. Porque son de incumbencia exclusiva de las autoridades provinciales. No se pueden invocar derechos constitucionales federales frente a la competencia autónoma que tiene cada provincia. De ahí que cada provincia puede elegir un sistema unicameral o bicameral.

Evolución

En nuestro país, las provincias se desprendieron de su soberanía a favor del gobierno federal, quien la ejerce en nombre del pueblo, pero aquellas son autónomas.
Las autoridades provinciales son consideradas agentes del gobierno federal. Y los gobernadores sus agentes naturales para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
El federalismo tiene una historia de convulsiones políticas y sociales que acompañaron desde 1820 al país. Baste decir que la lucha por el poder y los derechos y competencias provinciales estuvieron siempre presentes. Situación irregular que centralizó el poder político en manos de la nación y lo convirtió –en la realidad– en un sistema unitario. Opinión de no pocos tratadistas, pero no para quienes siguen de cerca la relación nación-provincias, siempre en desmedro de las autonomías de éstas últimas.

Presidencialismo

El modelo federal sigue sustentándose en la autonomía de las provincias y en la descentralización político-administrativa de los municipios.
La modernización tecnológica invadió al mundo y es utilizado por los poderes políticos en forma publicitaria. Pero, al parecer, el objetivo es lograr una sociedad contagiada de mediocridad con pérdida de valores, indiferencia y hasta insensibilidad.
La reforma de 1994 se propuso poner límites al Ejecutivo. En los hechos, no lo consiguió. Es más, el sistema presidencialista fue adquiriendo una mayor gravitación con la centralización del poder político. El “híper-presidencialismo” es una manifestación –si se quiere– natural en las naciones sudamericanas.

Ampliación de las facultades

La reforma constitucional del 94 habilitó otras posibilidades para las provincias en el ámbito regional e internacional conforme a la globalización vigente.
Como observaremos, los hechos se impusieron.
En esta línea, el art. 124 habilita a las provincias a “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación (…)”. Cerró también un antiguo debate al definir que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Esto implica que el gobierno federal no puede disponer a voluntad de tales recursos.

Intervención federal

Sin embargo, el gobierno federal puede intervenir en las provincias con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia (art. 6 CN).
La norma tuvo antecedentes en el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás. Lo tomó Alberdi en sus Bases y el texto actual se integró a la Ley Fundamental con la reforma de 1860 sobre la intervención federal a las provincias para “garantizar la forma republicana de gobierno”, sin necesidad de ser requerida por las provincias. Es opinión Quiroga Lavié que “se trata de una típica intervención renovadora de las autoridades provinciales, lo cual se ejerce en forma discrecional, como se ha hecho con mucha frecuencia, lo que implica la muerte del federalismo”. Y Corrientes es una de las provincias que más intervenciones ha registrado.
La Constitución prevé en casos de reclamos sociales contra el Estado la posibilidad de recurrir al organismo oficial específico a través del derecho de petición y por el cual el Estado, aunque el pedido sea considerado absurdo, está obligado a responder. “Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos (…) de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino (…)” (art. 14 CN). “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo (…) y salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. Lo expusimos en nuestra columna de la semana anterior (Pacto de DD. HH. de San José de Costa Rica. Sus normas son operativas en todo el territorio nacional).

Acuerdo regional e internacional

En este contexto, la “olvidada por los poderes estatales provinciales” Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA (Crecenea Litoral) que lo conforman las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Formosa y Chaco, se originó formalmente el 8 de junio de 1984 y en 1988 celebró una acuerdo internacional con el Comité de Desenvolvimiento del Sur (Codesul) que lo integran los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Matto Groso do Sul (Brasil) mediante el protocolo regional-fronterizo Nº 23. No es un dato menor, pues significó que estos convenios preexistieron a la reforma de 1994. Simultáneamente nacieron los Comités de Frontera, los primeros fueron los de Paso de los Libres (Corrientes) y Uruguayana (Rio Grande do Sul-Brasil) y Foz de Iguazú (Estado de Paraná-Brasil) y Puerto Iguazú (Misiones) eslabones importantes en la estructura del Mercosur (Mercado Común del Sur) hoy totalmente debilitado.
En una primera etapa funcionó este convenio regional entre las provincias y se logró un fluido intercambio con los Estados brasileños que incluyó también a la Universidad. Los Comités de Frontera fueron verdaderos eslabones de avance y progreso social e institucional. De ahí, nada más. El tema comprendía a los poderes del Estado e incluso a las legislaturas provinciales.
Hoy es desconocido e indiferente por los poderes estatales provinciales.

Integración

El intento y la letra permanecen en la Constitución y en diversos documentos. Similar situación tuvo como resultado el acuerdo Mercosur. Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay vislumbraron la posibilidad de afianzar un esquema subregional. Empero, no se crearon órganos supranacionales y los egoísmos fronterizos cuyas exigencias fueron menos conciliadoras y más nacionalistas alejaron el espíritu integracionista.
Vale este ejemplo, en su momento Uruguay y Brasil tenían interés en concretar un tratado con la Unión Europea (UE) que tiene 28 Estados miembros. No fueron consultados Argentina, ni Paraguay. Se trataba de un contrasentido: no era el Mercosur. Actualmente el presidente Macri viaja por el mundo y abre las puertas de la Argentina e incluye al Mercosur. En realidad el sistema, reiteramos, perdió credibilidad y es sólo un símbolo político. Las naciones integradas por el Tratado de Asunción sufren una crisis económico-político y social que es factible apreciar cada día.
El Mercosur quedó como un emblema institucional y hasta deportivo. La total falta de interés puso límites a su avance. Nació en 1991 con la firma del Tratado de Asunción y tenía previsto arribar al mercado común (MC) el 31 de diciembre de 1994.
Hoy estamos en el año 2017. Sólo lo encontramos en discursos políticos.
Un espíritu que prevalece en los distintos países que lo conforman literalmente (1).

El ideal democrático

Mantengamos la práctica de confrontar ideas entre ciudadanos, políticos y organismos estatales. Es un principio básico de la democracia deliberativa
La República funciona con poderes independientes y autónomos pero en armonía y respondiendo a un solo ideal: el interés de la nación. Un control mutuo hace al principio republicano. Por ende, los valores éticos son fundamentales.
Y la educación tiene un rol esencial. La juventud es receptora de la misma dirigida por el Estado y es en la actualidad un desafío mayor ante la tecnología que logró hasta ahora, la casi desaparición total de las relaciones interpersonales. La libertad no es “libertinaje”. Es un concepto serio, respetuoso de otros valores entre las personas y las instituciones. Los medios televisivos caen en la falta de respeto con programas ordinarios o sólo deportivos y cualquier conductor opina sobre cualquier cosa.
Tecnificación sí, pero el Estado debe controlar.
En democracia alentemos el debate y la discusión colectiva, evaluemos propuestas y consecuentemente sus argumentos. Las opiniones son válidas cuando son abiertas y transparentes, individuales o sociales, porque contribuyen a la libertad en el ámbito de la democracia.
Es un camino difícil, pero no imposible. Y esta tarea corresponde al Estado (Nación), incluye a las provincias, municipios y demás organismos públicos y a cada uno de nosotros.
Y esta idea e impulso es totalmente legítimo.

(1) Sobre temas de Integración Regional hemos realizado numerosas notas en este medio de comunicación.